Advierten que corren riesgo las pruebas sobre los pagos de la cumbre K en La Pedrera

El mes pasado se acudió a la Justicia penal para determinar el origen de los recursos para hacer frente a los costos del encuentro donde participaron los principales referentes del kirchnerismo duro, y cuyo anfitrión fue el gobernador Alberto Rodríguez Saá en su condición de aspirante a una postulación presidencial en 2019.

El abogado y dirigente, Ricardo Bazla fue quien realizó el pasado 24 de abril una presentación de “prueba anticipada”, la cual recayó en el Juzgado Nº 3 a cargo de Virginia Palacios. Pero posteriormente la jueza corrió vista al fiscal y desde entonces no se ha dictaminado en consecuencia.

“Solo ordenadas las medidas peticionadas ´inaudita parte´ y con habilitación de día y hora, es posible mantener el ejercicio de la acción, toda vez que si las partes sobre las que se impetrará oportunamente la denuncia, toman conocimiento en forma anticipada o hay dilación en la adopción de las medidas, se corre serio riesgo que se desvirtúe, modifique o desaparezca la documental que requerimos se ordene secuestrar, y con ello estaríamos frente a perjuicios irreparables  que puedan ocasionarse al Estado provincial en su conjunto”, argumentó y agregó: “En el presente requerimiento estamos frente al típico caso de peligro en la demora, propio de las medidas cautelares y de las acciones de amparo”.

La cumbre partidaria convocada bajo el hashtag #Hay2019, inspiración de Rodríguez Saá, se redujo a un encuentro del kirchnerismo. Estuvieron figuras como Amado Boudou, Aníbal Fernández, Axel Kicillof y otros exfuncionarios cristinistas (Gabriel Mariotto, Daniel Filmus, Martín Sabbatella, Agustín Rossi; Andrés “cuervo” Larroque; Jorge Capitanich, Jorge Taiana, Jorge Coscia); además de los presidentes del PJ nacional, José Luis Gioja y bonaerense, Gustavo Menéndez; el actor Gerardo Romano y los sindicalistas Edgardo Depetri, Hugo Yasky y el camionero Hugo Moyano.

El pedido, que se conoció ayer, buscó que la Justicia ordene oficios para el “secuestro de los registros de movimientos de las cuentas administrativas del Gobierno de San Luis”, y así verificar si existieron pagos que pudieran configurar la comisión de delitos “contra la administración pública”.

La duda está centrada en que existieron “gastos vinculados” con el acto partidario que tuvo lugar entre el 16 y 17 de marzo en el Parque La Pedrera de Villa Mercedes. En concreto quiere saber de dónde salió el dinero para los pasajes en avión de ida y regreso para los dirigentes; colectivos para el traslado de personas, alojamiento en hoteles; catering; luces; sonido y el asado para 2 mil personas, entre otros compromisos.

Según Bazla “existen bastantes sospechas de que los costos han sido afrontados con recursos del Estado”, y que como consiguiente hay una “posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y peculado, entre otros”.

A más de dos semanas del planteo con “habilitación de día y hora”, la justicia no avanzó. Se planteó que se libre una serie de oficios a organismos públicos y partidarios, además del agente financiero del Estado, el Banco Supervielle.

Bazla apuntó a las “cajas chicas” de los ministerios, los fondos rotatorios y los gastos reservados que administra el secretario General, Alberto Rodríguez Saá (h) pidiendo que se secuestren los “informes del movimiento normal y habitual” en la entidad bancaria.

También observó que “el acto fue organizado desde las oficinas de la Casa de San Luis en Buenos Aires”, y que además contó con “el apoyo logístico de la Universidad de La Punta y de casi todos los ministerios”.

Sostiene en ese sentido que el Partido Justicialista Nacional, en ese momento a cargo de José Luis Gioja, “no habría afrontado ningún gasto porque solo se trató de un acto organizado por un sector justicialista (el de Rodríguez Saá) y no por el por el PJ institucionalmente”. Es decir “todo habría sido pagado por el pueblo de San Luis a través del Gobierno provincial”.

Para que se investigue, Bazla solicitó que se libren oficios al Consejo Nacional del Partido Justicialista para que informe “cuáles fueron las erogaciones” que hizo con motivo del acto en el parque La Pedrera, y la documental que prueba haber afrontado gastos de organización, traslado y desarrollo del mencionado encuentro.

También para que el Aeropuerto de la ciudad de San Luis y al Aeródromo de Villa Reynolds presente “la nómina de pasajeros de la totalidad de los vuelos que operaron en esa estación aérea durante los días 15, 16 y 17 de marzo”, de línea regular y/o privados, como sí también el registro de las matrículas de las respectivas aeronaves y de sus operadores de vuelo.

Lo mismo solicita que comuniquen la Policía de Seguridad Aeroportuaria que opera en ambas ciudades y a la empresa Aerolíneas Argentinas. Además de indicar “a cargo de quién estuvo el pago y la cancelación” de los pasajes.

En otro punto reclama que la Jefatura Central de la Policía informe sobre el personal destinado a las tareas de seguridad, custodia o cualesquier otro concepto.

Puso la mira en los ministerios de Gobierno; Hacienda Pública; Obras Públicas e Infraestructura; Desarrollo Social; Ciencia y Tecnología; Seguridad; Salud y a la Secretaría de Transporte de la gestión de Rodríguez Saá para que “informen fehacientemente qué tipo de recursos, cantidades y demás detalles de servicios fueron prestados y erogaciones efectuadas”. Como también bajo “qué concepto fueron pagados y a qué proveedores”.

La intendencia de Villa Mercedes no quedó al margen del interés del abogado porque quiere que responda “qué tipo de servicios prestó”, la cantidad de personal, vehículos y maquinarias que se pusieron en movimiento, y también “quien requirió la prestación de esos servicios públicos y si los mismos fueron pagados”.

Además que la Universidad de La Punta y el Centro de Servicios Tecnológicos San Luis, diga qué servicios prestaron, por quiénes fueron afrontados los gastos y los comprobantes de pago.

Al Registro Público de Comercio para que informe “los nombres, apellidos, D.N.I. y domicilios de los integrantes de los directorios de las SAPEM y que actúan en representación del Estado provincial”.

Por último, se solicitan informes a la empresa estatal provincial San Luis Agua y Laboratorios Puntanos sobre para conocer “el movimiento de sus cuentas y gastos desde el 01-07-2016 hasta la fecha de ejecución de la manda judicial, respecto de servicios prestados con destino a actividades realizadas en el Parque La Pedrera”.

En la presentación se promueve el llamado a “prestar declaración testimonial” del administrador de La Pedrera, Maximiliano Frontera que contrató por ejemplo a los parrilleros, según reconoció un empleado; al comisario Camilo Garro (en su carácter de subjefe de la Unidad Regional II); al comisario Alejandro Gómez y a los subcomisarios Julio Fernández, Sebastián Magallanes y Melina Bonfante.

Bazla cree que “hay peligro en la demora”.