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Salta: la nena de 10 años violada por su padrastro y embarazada podrá abortar

La Provincia de Salta, a través del decreto 584/18, adhirió hoy al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que fue elaborado conforme a un fallo de la Corte Suprema de la Nación.

Actualizada: 24/05/2018 17:16
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El gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey resolvió hoy adherir al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción del Embarazo, decreto que fue elaborado por el Gobierno nacional en 2015. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario hizo pública esta determinación que deja sin efecto el decreto provincial 1170/12.

“Frente a los aberrantes hechos ocurridos en los últimos días y más allá de la voluntad de la niña abusada y de su familia de continuar con el embarazo y no ejercer el derecho a la interrupción del mismo, el Gobierno de Salta resolvió adherir al Protocolo para Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, elaborado por el Gobierno nacional en 2015”, dijo el Gobernador a través de su cuenta de Twitter.

La Provincia de Salta, a través del decreto 584/18, adhirió hoy al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que fue elaborado conforme a un fallo de la Corte Suprema de la Nación.

En la decisión se establece la conveniencia de evitar cualquier contradicción de normas o reglamentos que impidan que la toma de decisión de las víctimas pueda ser tomada sin plena libertad.

El embarazo de la niña se descubrió cuando fue con su mamá al Hospital Público Materno Infantil por un dolor de estómago. Los médicos le realizaron una ecografía y detectaron que cursaba un embarazo de 19 semanas.

Cuando la médica les dio la noticia ambas rompieron en llanto, tras lo que la nena le contó a su madre que su padrastro la había violado, lo que motivó la intervención de la Policía y la denuncia del caso.

La Fiscalía Penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Federico Obeid, ordenó la detención del hombre, que está imputado de abuso sexual con acceso carnal, mientras que la niña quedó internada.

El Gobierno de la Provincia difundió que Gómez de González informó “la voluntad de continuar con el embarazo manifestada por la niña y su madre”. El hecho de que las víctimas tengan que hacer una declaración jurada ante el Ministerio Público se cuestiona porque dilata el proceso y es similar a judicializar el caso, que es lo que no debería hacerse de acuerdo al fallo de la Corte Suprema de 2012.

 

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