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Policía acusado de adicto y golpeador; tras la denuncia pública la Justicia y la Fuerza actuaron

La víctima tuvo que difundir en Facebook su caso de violencia de género para que se tomaran medidas y resguardaran su integridad física. Denunció además que “un compañero le daba droga para vender” a su ex.

Jonathan Amaya es hijo de un excomisario y sobrino de una autoridad policial. Por eso la víctima cree que taparon las denuncias.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 27/05/2018 08:47
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Después que Anabella Amaya decidiera contarle a todo el mundo la violencia que ejercía sobre ella su ex pareja, la Justicia comenzó a ejecutar medidas y también lo hizo la Policía.

La víctima acusó a Jonathan Amaya de no respetar la orden de restricción que obtuvo en enero cuando, ante la falta de respuestas de la Policía local tuvo que viajar a San Luis para denunciarlo y que la ayudaran. También cuestionó públicamente la inacción de los camaradas de su ex a quien acusó de ser adicto y de vender drogas.

La joven dijo que vivió reiteradas golpizas por parte de Amaya, antes y después de separarse, y que en muchas de ellas terminó hospitalizada e inconsciente.

Aseguró que las denuncias fueron tapadas para cubrir al efectivo que prestaba funciones en la Comisaría Nº 16 de La Toma, y que justamente por eso no llegaron nunca a Tribunales. Pero las acusaciones también alcanzan a los efectivos de Comisaría Nº 23 de Tilisarao que podrían ser también investigados.

La convicción de que Jonathan Amaya goza de protección la fundamentó en el “poder de influencia” que tienen algunos familiares en la fuerza de seguridad. En concreto, el acusado es hijo de un comisario y sobrino de una autoridad policial.

El caso ahora está en manos de la jueza de Familia y Menores de Concarán, Daniela Estrada quien este lunes mantendrá una audiencia con la joven. Además pedirá a las dependencias que remitan los registros del caso, y pretende que se investigue si es verdad que los efectivos actuaron a favor del camarada e incumplieron la responsabilidad de funcionarios públicos. El policía acusado también será citado este lunes.

La joven manifestó que algunos policías se negaban a tomarle declaración porque había un “código miliciano” que no podían vulnerar. Eso fue cuando el efectivo rompió la orden de restricción.

En enero, según las declaraciones que hizo públicas la joven de 20 años, su pareja la mantuvo encerrada cuatro días en un baño sin comer e incomunicada. También la golpeó y la apuntó con el arma reglamentaria en la cabeza. Pero ese fue uno de los tantos que contó. En abril (cuando ya no estaban juntos) la golpeó con una silla cuando fue a buscar las cosas que habían quedado en el domicilio que compartían.

La venta de droga a chicos de Tilisaro

“A partir de agosto del año pasado empezaron las discusiones, los celos, a mentirme. Empezaron las adicciones y empezó a irse de las manos”, relató la chica.

También puntualizó que el policía “empezó con la droga a través de un compañero”, que “se la daba y él la vendía a los mismos chicos del pueblo”. Dijo que “consumía marihuana y cocaína”.

“Sabían los problemas que venía pasando, por el alcohol y las drogas. De un principio necesitaba apoyo de la Policía y nunca llegó. Acá en Tilisarao convivíamos y a las 11 lo iban a buscar con el móvil, iba a trabajar borracho”, relató Amaya durante una entrevista al periodista Daniel Rodríguez para el programa Mediadores en red.

Explicó que por esos problemas lo mandaron a Naschel, después a Villa del Carmen y luego a la Caminera “donde empieza con las drogas”. Aseguró que primero consumía marihuana “pero después empezó con la cocaína y eso lo llevó a perder la cabeza”.

“Él tenía muchas causas anteriores, no aguantaba mucho tiempo en un pueblo porque se mandaba macanas y lo tenían que trasladar. Había muchas quejas de la gente, atendía mal, era agresivo, se enojaba con alguien y lo llevaba al calabozo a golpearlo”, también declaró.

El policía fue puesto a disponibilidad el 18 de este mes y le retiraron el arma porque un estudio determinó que no estaba apto para portarla.

La jueza reiteró la orden de restricción de acercamiento en un radio de 300 metros, con apercibimiento de arresto ante el incumplimiento. Y el lunes tendrá las dos versiones en su despacho.

“Tuvo tiempo para hacerme lo que quisiera”

En San Luis la chica consiguió que le dieran un botón antipánico y la pusieron en contacto con la Secretaría #Ni Una Menos. “Ahora me dan contención porque estoy en el hospital, antes no la tuve inclusive en la Comisaría de La Toma me dieron una dirección para que me acerque y ratifique los dichos, pero ahí no funcionaba nada. De esa manera tapaban todo”.

También relató que un día tuvo que usar el botón: “Primero que es una aplicación que funciona con el teléfono y siempre tiene que tener crédito, o señal de internet. Lo que en mi caso, casi nunca tengo crédito y no salgo a la calle con el celular. Cuando él violó la restricción lo apreté cinco veces y a los 40 minutos recién llegó la Policía. Podría haber tenido tiempo para hacerme lo que quisiera”.

“Yo lo denuncié para que no acerque más y porque quiero hacer mi vida tranquila. Pedí para él, que le dieran un apoyo, no pedí que le quitaran el trabajo”, añadió.

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