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El Tribunal Oral Federal condenó a 8 represores por delitos de lesa humanidad

Se trata de los imputados que actuaron en los operativos en los que se torturó a Víctor Fernández y ejecutó a Graciela Fiochetti. El Tribunal los había juzgado, pero la Cámara de Casación hizo lugar a un pedido de la Fiscalía que pretendía agravar las penas.

La audiencia pública congregó a familiares de las víctimas y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.
por Nicolás Gatica Ceballos / San Luis
Actualizada: 02/06/2018 11:00
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El Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Julián Falcucci (Córdoba), María Paula Marisi (Mendoza) y Alberto Carelli, condenó a prisión a los represores Pedro Armando Gil Puebla (8 años), Benjamín Jofré (6 años), Roque Rubén Rodríguez (6 años), Santo Tomas Palma (8 años y 6 meses), Jorge Alberto Moreira (9 años), Horacio Angel Dana (9 años), Marcelo Eduardo González Moure (8 años y 6 meses) y Hugo Ricardo Cremonte (10 años).

En la audiencia pública que funcionó a modo de “mini juicio” estuvieron representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, familiares de víctimas y acusados, los represores Dana, Rodríguez, Jofré, Gil Puebla y Palma. En el caso de Gonzales Moure, Moreira y Cremonte se comunicaron vía teleconferencia desde los tribunales de Comodoro Py.

Los familiares de las víctimas presenciaron la audiencia.

Todos los imputados, a excepción de Moreira, habían sido juzgados por el Tribunal pero la Fiscalía recurrió a la Cámara de Casación para solicitar el agravamiento de pena ya que se los sentenció por privación ilegítima de la libertad, pero se los absolvió por asociación ilícita.

Durante la audiencia pública que se ofició para la resolución de la medida, las partes consignaron sus posturas y los acusados intervinieron brevemente para consignar algunas precisiones del caso.

Asimismo el encuentro que se extendió por más de 10 horas no radicó en una reconstrucción de los hechos, sino que se basó explícitamente en la discusión del incremento del monto de las penas. La audiencia que arrancó alrededor de las 10 y finalizó cerca de las 21. En cuatro oportunidades se a un cuarto intermedio.

La secretaria Alejandra Suárez y los jueces Alberto Carelli, Julián Falcucci y María Paula Marisi.

Tanto la Fiscalía que estuvo integrada por Cristian Rachid y Mónica Spagnuolo, como la querella representada por Norberto Foresti, sostuvieron la necesidad de “hacer lugar a Casación” en referencia a la aplicación de las penas por asociación ilícita, coautoría de la privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados por el carácter de “perseguido político”.

En ese sentido, Moreira fue juzgado por primera vez por los mencionados delitos. Cremonte y Palma habían sido condenados por las mismas faltas pero se les agravó la pena, mientras que al resto se les anexó la asociación ilícita.

Norberto Foresti, Cristian Rachid y Mónica Spagnuolo.

Desde la fiscalía resaltaron que los acusados habían “usado al aparato estatal” para cometer los delitos. En esa línea, la querella advirtió que estaba en “representación de las víctimas que por más de 40 años esperaron Justicia”.

Por su lado, la defensa que estuvo comprendida por los letrados Claudia Ibáñez (defensa oficial), Reynaldo Pastor (defensa oficial), Hernán Vidal, Rolando Conrtera, Ramón y Bernardo Estrada, cuestionó el  “propósito” de la audiencia  y aseveraron “la falta de jurisdicción”.

También pidieron la nulidad del requerimiento de la Fiscalía y le expresaron a los jueces que si hacían lugar a los “optaran por la menor condena”. Además remarcaron “la falta de legitimación activa” de la querella.

“Es un mamarracho jurídico que nos daña a todos”, objetó Vidal.

El defensor de Palma, Bernardo Estrada, solicitó que su cliente no fuera sometido a las declaraciones y que se le diera un permiso para asistir un estudio del sueño por el “nivel de demencia”.

Asimismo el Tribunal resolvió por unanimidad “no hacer lugar” a los pedidos de la defensa y prosiguieron la audiencia.

Sobre los sentenciados

Los jueces tomaron declaraciones de los represores sobre sus datos personales e indagaron respecto al estado de salud de cada uno de ellos.  Previo al cuarto intermedio final, se les dio la posibilidad de manifestar sus expresiones en torno a las medidas.

La mayoría reconoció tener “los achaques propios de la edad” (rondan entre los 70 y 80 años) tales como diabetes, descompensaciones por deshidratación, cirugías en rodillas, hipertensión, insuficiencia cardíaca, epoc, hipotiroidismo, trastornos psicológicos (causados por las condenas), extirpación de riñón, cáncer de cólon, entre otras afecciones.

La que más se destacó fue la indicación de que Palma sufría demencia, hecho que su letrado, sustentó con un certificado médico expedido por un profesional.

Los abogados defensores pidieron la nulidad de lo requerido por Fiscalía.

Sin embargo Rachid refutó el mismo indicando que “no constaba la enfermedad” y para poseer datos contundentes sugirió una pericia propiciada por el cuerpo forense.

Por su lado Jofré advirtió en reiteradas oportunidades que no se sentía bien por sus trastornos relacionados a la diabetes. En varios momentos de la audiencia se mostró descompuesto e incluso el juez Falcucci otorgó un cuarto intermedio para su recuperación.

La resolución de la audiencia

La Fiscalía pidió penas de entre 18 y 8 años bajo los delitos de asociación ilícita en calidad de miembro, privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados por la condición de “perseguido político”.

En ese contexto la querella manifestó penas de entre 25 y 9 años. Incluso resaltó su postura denunciando que tenía conocimiento de que los condenados “tenían un tratamiento de excelencia en el Servicio Penitenciario, con acceso a celulares y calefacción”.

Finalmente el Tribunal dio lugar a los delitos que sostuvo la Fiscalía condenando a Pedro Armando Gil Puebla (8 años), Benjamín Jofré (6 años), Roque Rubén Rodríguez (6 años), Santo Tomas Palma (8 años y 6 meses), Jorge Alberto Moreira (9 años), Horacio Angel Dana (9 años), Marcelo Eduardo González Moure (8 años y 6 meses) y Hugo Ricardo Cremonte (10 años).

Las frases más relevantes de los culpables

“No tengo antecedentes, la Policía Federal no acepta delincuentes”, Hugo Ricardo Cremonte.

“Gracias a Dios no tengo antecedentes”, Roque Rubén Rodríguez.

“Nadie me acusó, nadie me vio en el lugar”, Jorge Alberto Moreira.

“Soy inocente, será lo que Dios quiera”, Ricardo Cremonte.

“Se está cometiendo una gran mentira, es una injusticia, quiero ser libre como antes”, Benjamín Jofré.

“Nunca anduve en procedimientos militares, soy inocente”, Roque Rubén Rodríguez.

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