Avanzar y Cambiemos impugnó la designación de Miguel Ferrero en el Tribunal de Cuentas por inconstitucional
Un grupo de legisladores interpusieron una acción de amparo contra el Gobierno. Sostuvieron que en el cargo que le corresponde a la minoría fue nombrado un aliado de Rodríguez Saá.
Ayer pidieron que se declare la inconstitucionalidad de la resolución N° 3 de la Asamblea Legislativa que, a instancias de Unidad Justicialista, eligió a Miguel Ferrero; y de todos los que “actos sean su consecuencia por ser violatorios de la letra y espíritu” de la Carta Magna.
La Carta Magna establece que dos de los cinco miembros del Tribunal de Cuentas son nominados por la asamblea, uno por la mayoría y el restante por la minoría. Los legisladores argumentaron que en la convocatoria del 29 de mayo no se respetó el artículo 242 en su inciso 2 que les reserva un cargo.
La oposición postuló a Néstor Ordoñez para ocupar la vocalía de la institución que tiene como principal misión controlar los gastos del Gobierno. Al advertir que el bloque Unidad Justicialista estaba por ubicar a un aliado, denunció la maniobra y optó por retirarse para no legitimarla.
Los legisladores de la oposición denunciaron la maniobra del bloque de Rodríguez Saá y se retiraron del recinto.
Por esa razón los diputados de Avanzar y Cambiemos fueron a la Justicia. Solicitaron que se haga lugar a la medida cautelar que promovieron y se suspendan los efectos de la Asamblea Legislativa en relación a la consagración del segundo miembro.
Los diputados y senadores de Rodríguez Saá además de ungir a Hugo Zudaire terminaron nominando a Ferrero, el postulante de Sanluiseños por el Cambio que integra el partido gobernante.
Para la oposición fue una “burda maniobra” que consistió en “pretender” que los diputados de San Luis por el Cambio “no pertenecen a la mayoría” cuando en realidad fueron electos en 2015 en el marco de la alianza electoral de Compromiso Federal y en 2017 refrendaron el acuerdo programático de Las Chacras que sostuvo las candidaturas a senador de Adolfo y Alberto Rodríguez Saá.
“Los pretensos opositores o miembros de la minoría fueron electos como colectora de la mayoría, aceptando la plataforma y declaración de principios de la misma”, expusieron en la presentación y aportaron la documentación que identifica a todas las agrupaciones que dieron forma a las alianzas y al pacto oficialista.
Además advirtieron que “no es casual que la Constitución establezca que la elección de los integrantes del Tribunal de Cuentas deba coincidir con la renovación legislativa, puesto que es la manera de poder representar las actuales mayorías y minorías políticas derivadas de la soberanía popular”. Y consideraron que “con eso, busca reflejar la composición política surgida de la voluntad popular cada dos años a partir de la cual la mayoría gobierna y la oposición en minoría controla. Por ello, la Constitución le asigna a la minoría la potestad a nominar a un miembro en el Tribunal de Cuentas, el cual lógicamente no puede ser propuesto por la mayoría o sus aliados”.
“Permitir que mayorías políticas puedan luego de las elecciones escindir miembros, y éstos ser considerados minorías a los efectos de proponer aquellos integrantes de instituciones que son reservados a las minorías para que, con la mayoría parlamentaria de la primera puedan nombrarlos efectivamente, constituye un menoscabo al derecho de representación de las minorías políticas y permite burlar” una serie de artículos de la Carta Magna, abundaron.
Alejandro Cacace, Gastón Hissa, Alberto Fara, Joaquin Mansilla, Juan Manuel Rigau, Elena Pastor, Walter Oio, Mónica Domínguez, Nery Carlomagno, Hector Díaz, Ariel Barrozo y Nancy Albornoz, firmaron la impugnación e hicieron reserva de acudir eventualmente hasta la Corte Suprema.