Suspendieron a una concejal del PJ por cobrar un plan social y fraguar el título secundario
Se trata de Juana Baracco de La Toma, quien deberá devolverle al Estado provincial la suma de $43.200. Además no podrá volver a sus funciones por el plazo de seis meses.
El Concejo Deliberante la sancionó por haber incurrido en violación al artículo 23 de la Constitución de la Provincia de San Luis, que establece la incompatibilidad de cargos en los funcionarios públicos.
Baracco fue electa por San Luis Somos Todos y una vez en funciones abandonó la fuerza del intendente Enrique Ponce para pasarse a Unidad Justicialista de Rodríguez Saá.
De acuerdo a lo resuelto le imputaron dos medidas, una pecuniaria que la obliga a devolver $43.200 al Estado provincial por haber cobrado el beneficio denominado “Merenderas” desde su asunción en diciembre de 2017; y una disciplinaria que comprende la suspensión de su banca y funciones por el término de seis meses.
La omisión del artículo 23 de la Constitución provincial no fue la única falta que incurrió Baracco, la primera fue el cobro de un haber referido al título secundario. Percibía la suma de $1.766 en concepto de la finalización de sus estudios, pero luego se advirtió que había presentado un “analítico provisorio incompleto”.
Juana Baracco junto a los concejales del bloque Justicialista. (Facebook Concejo Deliberante La Toma)
Desde entonces la comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial en conjunto con la comisión de Garantías Constitucionales iniciaron un análisis de su situación.
Durante la sesión del pasado 31 de mayo, Baracco expresó que los ediles estaban incurriendo en “falsa acusación”, al mismo tiempo pidió disculpas y adujo que el error administrativo que reveló la irregularidad de la liquidación de su haber había “perjudicado” su honor.
Sin embargo la mayor irregularidad salió a la luz cuando el pasado 5 de junio mantuvo una entrevista con la periodista Mónica Babich en radio Fm Ondas 100.5. Allí la propia concejal aseguró que seguía percibiendo el beneficio “Merenderas”.
En su intervención explicó que había presentado una nota requiriendo su baja por parte del ministerio de Hacienda, pero asimismo seguía cobrando el dinero. También recibía la mercadería que se otorga a los titulares del plan.
Por estas faltas a la Constitución provincial, el cuerpo legislativo la sancionó advirtiendo que “como funcionario electivo no cabe argumentar que se desconoce la legislación sobre incompatibilidades o conflictos de intereses (…)”, más aún teniendo en cuenta que al asumir “tomó juramento por la patria, Dios y los Santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo (…) observar y hacer observar la Constitución Nacional y la Constitución Provincial”.
Qué dicen los concejales
El Chorrillero consultó a los concejales Carlos “Minino” Díaz (Avanzar y Cambiemos por San Luis) y Douglas Carranza (Unidad Justicialista).
Díaz explicó que la irregularidad fue tan grave que “hubiese correspondido la destitución”, pero se atenuó la sanción “porque presentó sus disculpas y ofreció devolver el efectivo al Concejo para que el propio cuerpo efectuara donaciones donde creyera pertinente”. De todas maneras esta propuesta no fue aceptada porque el efectivo, y por ende el perjuicio, corresponde al Estado Provincial.
“Ella nos presentó una nota (a modo de defensa) en la que pedía la baja del beneficio, pero no tenía ningún sello y firma que acreditara que fuera fehaciente. Somos los que estamos bregando para que se cumplan las leyes y tenemos que ser contundentes con esto”, sostuvo Díaz.
“Es una funcionaria que cobra un plan social, es aberrante, inaceptable desde todo punto de vista, no había retorno del perjuicio que eso estaba ocasionando, era el hecho de que el Concejo estaba dando anuencia a cualquier acto de irregularidad”, añadió.
Por su parte Carranza explicitó que “es una cuestión de ella”, pero reconoció que “no cumplió con el artículo 23 de la Constitución Provincial”. En esa línea aseguró que el bloque decidió “acompañar” la medida.
“No podemos estar ajenos, más allá de que esto es una cuestión ética y moral”, enunció.
“Si desconocía el artículo está en ella, nosotros debemos actuar como corresponde. Fue una sesión muy angustiante, no es grato sancionar a un colega, pero se tiene que hacer por el bien de la democracia y la honorabilidad del cuerpo”, concluyó.