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La concejal que cobraba un plan social quiere devolver la plata y denunciará al Concejo Deliberante

El escándalo político e institucional ocurrido en La Toma tuvo un nuevo giro porque Juana Baracco, iniciará una demanda legal contra el cuerpo por “daños y perjuicios”.

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Baracco fue suspendida por violar el artículo 23 de la Constitución de la Provincia de San Luis, que establece la incompatibilidad de cargos de los funcionarios públicos.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 19/06/2018 12:16
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Tras salir a la luz la irregularidad en La Toma, la legisladora pidió la semana pasada al ministerio de Desarrollo Social que le comunique la cuenta bancaria en la cual debe depositar el dinero.

La dirigente de Unidad Justicialista fue sancionada por el Concejo Deliberante por violar el artículo 23 de la Constitución de la Provincia, que establece la incompatibilidad de cargos de los funcionarios públicos.

De acuerdo a lo que pudieron constatar sus pares, Baracco sumaba en forma mensual a su dieta el importe de $1.766 por la finalización de sus estudios secundarios, aunque nunca presentó el analítico acreditando que había completado su formación.

Baracco anticipó que tomará acciones legales contra los concejales por medio de una nota.

Acumuló en forma indebida desde diciembre hasta ahora $43.200 en concepto del Plan Solidario 22 AG, situación totalmente incongruente con su función pública. Es decir que en forma simultánea cobraba por pertenecer a los merenderos creados en 2017 por el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá.

Fue suspendida como legisladora por un lapso de seis meses y la comprometieron a devolver el efectivo al Estado Provincial.

El jueves Baracco envió una nota al ministro de Desarrollo Social Sergio Tamayo, en la que lo puso en conocimiento sobre la situación: “En mi carácter de exbeneficiaria del plan solidario (…) en forma indebida se me ha continuado depositando el importe, pese a que en diciembre de 2017 presenté la renuncia al mismo”.

“Por alguna razón que desconozco no se me dio la baja de inmediato, sino que recién se efectivizó en junio de 2018 (mes en que su todo estado público)”, agregó. Durante este período se continuó depositando el monto en una cuenta que se abrió en el Banco Supervielle.

La concejal aseguró que el dinero no le corresponde y justificó que ella lo siguió retirando mes a mes “para efectuar la devolución”.

Baracco fue candidata por el partido San Luis Somos Todos que lidera el intendente de San Luis, Enrique Ponce, pero una vez que resultó electa se pasó a Unidad Justicialista de Rodríguez Saá.

Su marido el dirigente Juan Carlos Seratto que aspira ser candidato a intendente se ha convertido en uno de referentes locales del senador Nacional, Adolfo Rodríguez Saá.

El marido de Baracco comparte en su perfil de facebook su llegada al PJ.

La dirigente está convencida que la sanción fue “infundada, antijurídica e ilegal”, por lo cual iniciará una demanda, según anticipó en una nota que presentó al Concejo Deliberante el 14 de junio.

“Impondré las acciones legales correspondientes, haciéndolos desde ya responsables por todos los daños y perjuicios que me fueran ocasionados”, advirtió.

Ya el pasado 31 de mayo, había señalado que estaban incurriendo en una “falsa acusación” y adujo que el error administrativo que reveló la irregularidad de la liquidación de su haber había “perjudicado” su honor.

Durante una entrevista en una de las radios de La Toma el pasado 5 de junio, reconoció que seguía percibiendo el beneficio, hecho que motivó la medida disciplinaria.

Como si la serie de anormalidades no fueran suficientes, Baracco propuso insólitamente entregar el dinero al Concejo Deliberante para destinarlos a “actividades solidarias”.

Es decir que intentó tomarse una vez más la atribución de disponer del dinero del Estado provincial. El cuerpo rechazó tal ofrecimiento.

Por ahora debe esperar unos meses para reasumir como representante del pueblo de La Toma.

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