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Se comprarán $67 millones en alimentos para los merenderos “22AG”, pero no se sabe para cuántos chicos

El Gobierno llamó a licitación para la adquisición de los insumos para los centros de atención, que a casi un año de haberse creado se desconoce cuántos son y la cantidad de beneficiarios.

Mañana se cumplen diez meses de la creación de los merenderos oficiales.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 21/06/2018 17:47
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En los últimos días se publicó en El Diario de la República el edicto de la licitación N° 35 MHP-PCYC-2018 del Ministerio de Hacienda Pública, a través del cual se formalizó la convocatoria a presentación de ofertas.

Los pocos datos que hay son los que aparecen en el aviso. El extracto invita a formalizar propuestas para “la compra de alimentos y bebidas para los merenderos de la provincia, solicitados por el ministerio de Desarrollo Social” y que la apertura de sobres se producirá el 25 de junio en las instalaciones del Programa Compras en Terrazas del Portezuelo.

El presupuesto asignado se ubica en los $66.917.143,80.

En la página web del Programa Compras y Contrataciones que depende del Ministerio de Hacienda Pública, resultó infructuoso localizar el llamado a licitación.

Además un cronista de este medio intentó en reiteradas ocasiones en los últimos días consultar los detalles al ministro de Desarrollo Social, Sergio Tamayo, pero no fue posible.

Hasta hoy existen una serie de incógnitas acerca de lo que se comprará en esta ocasión:

/.- ¿Cuáles son los alimentos?

/.- ¿Cuáles son las bebidas?

/.- ¿Cuántos son los chicos que se beneficiarán?

/.- ¿Cuántos son los merenderos que recibirán los alimentos y bebidas?

/.-  ¿Cuánto tiempo alcanzarán los alimentos y bebidas?

Los alcances de la operación que planifica el Gobierno no se pudieron conocer porque el funcionario no contestó.

Un rasgo que ha caracterizado a los merenderos “22AG” desde el primer día es el hermestismo que los rodea. En síntesis, están subordinados a la discrecionalidad que le imprime a sus actos el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá.

Fueron abiertos por el Gobierno, después de perder las PASO en 2017 ante el Frente Avanzar y Cambiemos por San Luis por casi 20 puntos.

Junto a una batería de planes sociales fueron la fórmula para revertir el resultado en octubre e imponerse en la elección.

El gobernador le dedicó el resultado de las elecciones de octubre a los merenderos “22AG”.

Los escasos datos oficiales los proporcionó el 22 de agosto de 2017, 13 de días después de las primarias, la entonces ministra de Desarrollo Social en declaraciones a El Diario de la República.

Anunció que ese día se inauguraban 400 centros con capacidad de hasta 30 chicos cada uno, y que recibirían en forma diaria una barra de cereal, un alfajor y una cajita de leche chocolatada.

De esa forma el Gobierno reconoció  y encaró la “emergencia social”, que hasta unas semanas antes desconocía.

Desde un primer momento fueron utilizados como una herramienta electoral ya que en su mayoría fueron habilitados en unidades básicas de Unidad Justicialista. “Cada dirigente, un merendero. En la unidad básica, en la casa, en el club, donde sea”, declaró la entonces ministra de Desarrollo Social, María Angélica Torrontegui al matutino.

Para dirigirlos fueron elegidos punteros del PJ que perciben la remuneración de un plan social.  Entre otras funciones, les encomendaron hacer un seguimiento de cada grupo familiar y comunicar el monitoreo en forma periódica al PJ.

Para ello, desde el partido oficial les entregaron tablets del programa del ministerio de Ciencia y Tecnología.

A su vez dirigentes y exfuncionarios fueron designados en muchos casos coordinadores de merenderos. Tienen una relación formal con el Estado bajo la figura que se conoce como “contrato fuera de escala”, cuyo sueldo puede ser equivalente al de un jefe de Área o un ministro.

Edicto publicado en El Diario de la República.

En la implementación se registraron una serie de anormalidades. En octubre se detectó de cientos de cajas de leche que permanecían a la intemperie en el predio estatal de Sol Puntano, a la espera de ser distribuida entre los beneficiarios.

A ello se sumó que el ministerio debió retirar al menos una partida de leche por fallas en la “máquina mezcladora de los productos en la fábrica”.

También se comercializaron los alimentos a través de los grupos de compra-venta en Facebook.

El informe del Indicador Barrial de Situación Nutricional que difundió el Movimiento Barrio de Pie arrojó que a partir de la puesta en marcha de los merenderos “subió la obesidad y el sobrepeso en los niños de entre 6 a 10”.

Un equipo de la organización realizó un censo que comprendió a más de 1000 personas (desde recién nacidos hasta los 19 años) y se extendió tres meses.

Alrededor de 30 personas controlaron el peso, altura y masa muscular de chicos de los barrios populares de la ciudad de San Luis como el República, Eva Perón, 9 de Julio, Solidaridad, 1° de Mayo y Tibiletti, además de la localidad de Beazley.

“En los últimos meses hubo un incremento en el consumo de carbohidratos”, evaluó la coordinadora, Carolina Lucero al dar una conferencia de prensa en diciembre en la que adelantó que el estudio iba a ser compartido con el Gobierno.

Después hubo cambio de ministro pero el acceso a la información pública continuó vedado.

En octubre de 2017 se detectó que una partida de cajas de leche estaba expuesta a altas temperaturas en el predio de Sol Puntano.

Apenas tomó las riendas en diciembre, Tamayo cerró 678 merenderos porque “no cumplían con los objetivos”.

“Dejaron de ir a retirar la merienda en estos lugares”, justificó el funcionario.

Según algunos relevamientos, hubo entre tres y cinco merenderos por manzana en los barrios.

A pesar de la medida, los responsables siguen cobrando pero tampoco se sabe que función cumplen ahora. En el caso de los encargados perciben $7.500, mientras que los “ayudantes” $2500.

Hasta hoy no se publicitó el programa de merenderos como acto de Gobierno. La ausencia de datos esenciales a diez meses de vigencia, se cumplirán mañana, es producto de una conducta deliberada. En otras palabras, puede considerarse como ocultamiento de información pública.

Los interrogantes son los mismos desde el primer día:

¿Cuál fue el criterio para determinar que la ración debe estar compuesta por una barra de cereal, un alfajor y una cajita de leche chocolatada?

¿Cuántos merenderos se abrieron?

¿Cuántos continúan abiertos?

¿Cúantos chicos concurrían y cuántos asisten en la actualidad?

¿Qué información pidió el Estado a los chicos y a sus grupos familiares?

¿Cuántos días a la semana funcionan?

¿Cuál es la inversión mensual del Estado?

¿Cuáles son los lugares en los que funcionan?

¿Cuántos responsables tiene cada merendero?

¿Cuántos ayudantes posee cada merendero?

En ese contexto se gestiona la principal política oficial pensada para atender la población infantil en “emergencia social”.

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