Tragedia en Juana Koslay: dictaron prisión preventiva al conductor de la camioneta

Este domingo por la tarde el magistrado le notificó la medida a Fernández y ordenó su traslado a la Penitenciaría de San Luis

Está procesado por el delito de homicidio simple en cuatro hechos. A partir de las pruebas, el juez determinó que no se trató de un accidente, sino que “hubo una direccionada conducta destinada a ocasionar la colisión”, el domingo 10 de junio por la noche frente al Barrio Cerros Colorados.

Ese día perdieron la vida Lidia Andrea Gutiérrez (40), Lidia Frías (69), Hugo Omar Torres (60) y un pequeño de tres años, que viajaban en un Peugeot 207.

En declaraciones que formuló a la salida de su despacho, el juez detalló las pruebas que tuvo en cuenta para tomar la decisión, elementos claves como la pericia accidentológica –incorporado el pasado viernes- y los testimonios de dos testigos.

Según explicó, Fernández tuvo “una clara actitud de espera” al paso del auto que chocó casi de frente.

En este sentido dijo que pasó por el peaje de Cruz de Piedra y retomó la rotonda hacia el sentido contrario en el que venía. En este trayecto tardó cuatro minutos, una distancia que “fácilmente” se puede realizar en uno.

Metros antes de toparse con el Peugeot, cruzó el cantero central y lo colisionó pese a que a que viajaba a 40km/h y el vehículo de la familia había alcanzado a frenar.

Los testimonios recogidos ratificaron que había realizado maniobras riesgosas antes de llegar al peaje: “Revelan una serie de frenadas, una conducción en zigzag y demás”.

Ante la consulta de los motivos que tenía para realizar el choque, Filippi afirmó que ante las pruebas “perfectamente pudo haber existido un conflicto de transito”, aunque de todos los modos “la motivación no es un requisito típico del delito de homicidio”.

“Lo que se requiere es el dolo, que es el conocimiento y voluntad de lo que se está haciendo. El Código Penal no exige que yo determine estrictamente un motivo”, indicó.

Amenazas de muerte a familiares de las victimas

Andrea Garraza, una de las hijas de los fallecidos, denunció que recibió dos llamados telefónicos que la instaban a desistir de la instancia judicial y tratar de que el imputado por el hecho, Héctor Fernández, quede en libertad.

Sobre esto el juez confirmó la denuncia pero que todavía “no se ha concretado en la sede (judicial)” para ratificarla.

“La hemos citado para que comparezca y veamos un poco más en que consistieron, como se dio, para tomar las medidas del caso”, resaltó.

Ahora tendrá 60 días para ampliar la investigación o tomar otras medidas.