Jueces obligados por R. Saá a firmar sus renuncias: siguen postergando el juicio

La decisión de suspender sin fecha la audiencia preparatoria que había sido fijada para el 29 de junio fue del juez Roberto Naciff. Ese día se iba a definir cuándo comenzaba el juicio oral y público contra el por entonces exministro de la Legalidad Sergio Freixes y el exviceministro Mario Zavala.

En la actualidad Freixes es ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción y retiene la banca de senador del departamento Dupuy, ya que está en uso de licencia.

El tribunal oral está integrado por los jueces federales de Mendoza Roberto Naciff, María Paula Marisi y Alejandro Waldo Piña, que permitió a la Fundación Poder Ciudadano como amiga del tribunal. Fue mediante un fallo que contó con la disidencia de Naciff, según consignó La Nación.

Freixes y Zavala están acusados de hacerles firmar a los futuros jueces y fiscales sus renuncias en blanco. De esa manera el Gobierno de Rodríguez Saá buscaba condicionar a los magistrados que se veían bajo la amenaza de despidos.

El delito por los que serán juzgados Freixes y Zavala es coacción agravada, entendiéndose que los candidatos eran sometidos a las voluntades del Ejecutivo.

El pedido para suspender la audiencia lo hizo el nuevo abogado de Freixes, y el juez Naciff lo concedió. La fundación Poder Ciudadano, que es amicus curiae del tribunal (una figura que le fue concedida para participar del proceso judicial) interpretó la situación como una “maniobra dilatoria”, según publicó hoy La Nación.

La causa que ya tiene trece años es considerada por Transparencia Internacional como paradigmática de la corrupción en la Argentina. En ella se cuestiona la responsabilidad de funcionarios de los gobiernos de Rodríguez Saá de exigirle a los postulantes a jueces y fiscales provinciales firmar renuncias anticipadas; y solo así podían ser nombrados en sus cargos.

En abril de 2005, Marina Ziliotto denunció una irregularidad que dentro del Poder Judicial era “voz populi” y que se había transformado en algo “normal”.

La abogada y en aquel entonces funcionaria de la Justicia dio fe que tanto para ingresar al Poder Judicial como para obtener ascensos, los postulantes debían pasar por un despacho de la Casa de Gobierno, donde se los intimaba a firmar renuncias con fecha en blanco.

La maniobra que se convirtió en un escándalo institucional fue orquestada en momentos que Alberto Rodríguez Saá empezaba a enderezarse, tras la crisis institucional que tuvo a los tumbos a su Gobierno.

"Poner a disposición del gobernador su renuncia indeclinable al cargo", decían todas las notas que debían rubricarse antes de ocupar los puestos. De esa manera el Gobierno interfería en la independencia judicial y manejaba la posibilidad de separar del cargo a aquellos que pudieran oponerse a las voluntades gubernamentales.

La acusación apuntó que la maniobra se desplegaba desde el Ministerio de Legalidad y Relaciones Institucionales del gobierno provincial. Allí los postulantes debían firmar como condición para que los pliegos fueran girados al Senado para su acuerdo. La denuncia se promovió ante la Justicia federal e involucró a once funcionarios judiciales provinciales (jueces, camaristas y fiscales de Cámara) que habían sido nombrados en ese contexto. La mayoría de ellos están en la actualidad en funciones.

En la investigación se comprobó la metodología de hacer firmar renuncias en blanco y el entonces juez Federal de San Luis Carlos Villegas procesó a los funcionarios responsables.