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Este año la Provincia no aumentará los aportes a los centros de día para discapacitados

Las instituciones que llevan siete meses esperando el subsidio, deberán manejarse con el mismo monto porque fue“congelado” hasta 2019.

por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 19/07/2018 02:38
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El jefe de Protección a las Personas con Discapacidad del Gobierno provincial, Pablo Garcés confirmó que la cifra de $5 mil mensuales recién será actualizada el próximo año.

La decisión obedece a que las instituciones “se demoraron en presentar una serie de documentos para la regularizar su situación”, explicó el funcionario al ser consultado por El Chorrillero.

En los últimos días desde las organizaciones hicieron público que no perciben el subsidio desde diciembre de 2017.

Desde esa fecha el Gobierno no transfiere los fondos y tampoco garantiza la copa de leche.

Por ese motivo las instituciones reforzaron las acciones que desarrollan a lo largo de año. Realizaron rifas y bingos para recaudar recursos y atender los gastos.

Garcés reconoció que el Gobierno no formalizó las transferencias y adjudicó toda la responsabilidad de la demora a las entidades que funcionan en distintos puntos de la provincia.

De los 13 centros, siete están en condiciones de cobrar y el resto lo percibirá “a medida que vayan regularizando su situación”.

Los fondos están atrapados en la burocracia estatal. El trámite interno contempla la liberación de la plata a todas las entidades en forma simultánea. Como este año hubo seis que se retrasaron en la acreditación de la documentación, se frenaron los aportes.

El funcionario dijo que ahora evalúa la posibilidad de “desglosar” el expediente iniciado en enero para pagarle a los que están en regla.
“Para el próximo año se prevé hacer el trámite en forma individual para que cada centro, que tenga la documentación regularizada, tenga su subsidio, y aumentar el monto”, anticipó.

“En estos días, probablemente en la próxima semana” se depositarán los sietes meses adeudados de 2017, estimó Garcés y tuvo en cuenta que “es un trámite que se autoriza por decreto del gobernador”.

Otras de las preocupaciones de los centros es el pago de los honorarios a los contadores que intervienen en la rendición de cuenta. Deben enfrentar ese gasto con los $5 mil del subsidio.

Garcés sostuvo que “nunca” antes había recibido esta inquietud. Por esa razón hizo la gestión ante la Dirección de Personas Jurídicas.
Ahora a raíz de la inquietud, el organismo que depende del ministerio de Gobierno, Justicia y Culto “contemplaría” el trámite.

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