Ningún juez quiere investigar la causa de los $80 millones a la fundación de la esposa de Adolfo R. Saá
Juan Maqueda y Sebastián Cadelago Filippi se declararon incompetentes. La Corte Suprema deberá definir quien la tomará.
La denuncia por el otorgamiento del Gobierno de un subsidio de $80 millones a la Fundación “Mujeres Puntanas” de Gisela Vartalitis, esposa de Adolfo Rodríguez Saá en plena campaña electoral en 2017, no encuentra juez a diez meses de haber sido radicada.
Desde un primer momento se sospechó que el dinero se usó para comprar electrodomésticos que luego se regalaban en actos masivos encabezados por Vartalittis y el entonces candidato a la reelección por Unidad Justicialista.
Un grupo de legisladores de la oposición pidió el 2 de octubre que se investigue la posible comisión de una serie de delitos. Pero el juez Federal, Juan Maqueda se declaró incompetente y giró el expediente a Justicia provincial.
El juez Penal de turno en ese momento, Sebastián Cadelago Filippi también entendió que no le correspondía hacerse cargo de la denuncia.
En esos casos quien define es la Corte Suprema de Justicia, que todavía no se expidió sobre el fuero que tomará la dirección de la investigación.
“Realizamos la denuncia en la Justicia Federal porque entendimos que el delito estaba relacionado con el manejo de fondos electorales. La otra parte es el uso de dinero, la rendición de cuentas y demás cuestiones. El juez Maqueda dividió la denuncia en dos, la parte de los delitos electorales, que es lo más sencillo porque prevé inhabilitaciones, la dejó en su fuero y armó un expediente paralelo que lo tiene el fiscal (Cristian) Rachid”, explicó Roberto Pagano, abogado que patrocina a los legisladores.
“Qué movimientos hizo el fiscal nadie lo sabe porque pedimos participación y nunca nos dieron. Nos tienen como denunciantes, pero no como amicus curiae" (amigo del tribunal)”, agregó el letrado.
Los legisladores consideran que ese expediente está “frenado”.
Los delitos denunciados fueron “violación de la Ley Nacional de Financiamiento de Partidos Políticos, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos y peculado y fraude en perjuicio del Estado Provincial”.
“Lo grave es el delito de estafa, del aprovechamiento de la situación familiar para llevarse los 80 millones. Eso está en la Corte para saber qué juez investigará”, aportó Pagano y señaló que solicitaron en “dos oportunidades tener participación, pero no logramos resultados”.
Una de las medidas que se esperó inicialmente fue la inmovilización del dinero, pero no tuvieron suerte.
Ante la “contienda de competencia negativa”, se está a la espera de la resolución del máximo tribunal de la Nación.
En la escandalosa transferencia de fondos intervino la plana mayor del Gobierno. Fueron involucrados el gobernador Alberto Rodríguez Saá; el vicegobernador, Carlos Ponce; los ministros de Sergio Freixes, y Natalia Zabala Chacur; el fiscal de Estado, Eduardo Allende y el contador General de la Provincia, Daniel Marone.
En Buenos Aires, Vidal ordenó una auditoría y echó a una funcionaria
La suerte de la causa por los $80 millones a la Fundación “Mujeres Puntanas”, despertó interés nuevamente ayer en San Luis. Los interrogantes surgieron a raíz de una denuncia que se hizo por la presunta existencia de aportantes falsos de fondos a la campaña electoral de Cambiemos en Buenos Aires.
Apenas salió a la luz el caso, la gobernadora María Eugenia Vidal tomó medidas sin esperar una resolución judicial: ordenó una auditoría contable sobre los recursos partidarios y separó del cargo “preventivamente” a la contadora de la Provincia, Fernanda Inza, también tesorera del PRO y responsable de la administración del dinero en las elecciones de 2017.
"Mi conducta ha estado basada a lo largo de mi vida en la honestidad y ante estas denuncias tomé decisiones. Le he pedido la renuncia a la contadora Fernanda Inza al cargo de la Contaduría General del gobierno de la Provincia. Formó parte del equipo de rendición de campaña. Hace muchos años que trabaja conmigo, la conozco, confío en ella, no tengo ningún elemento que certifique el involucramiento en este caso. Pero el haberle pedido la renuncia preventivamente responde a demostrar que no somos todo lo mismo", dijo Vidal en una conferencia de prensa.
En cambio en San Luis ningún funcionario público dio todavía explicaciones del caso.
Ayer el senador nacional, Claudio Poggi expuso en sus redes sociales la “donación” del Gobierno a la fundación que lidera Vartalitis: “Pensar que en plena campaña electoral, el año pasado en San Luis, el gobernador Rodríguez Saá le giró 80 millones de pesos (fondos públicos de todos los puntanos), a la fundación de la esposa de su hermano, para afectarlos a la campaña. Delito Electoral. Todo está en la justicia”.