Analizan los gastos del PJ y los movimientos financieros de la Fundación Mujeres Puntanas

Se trata de la causa por el otorgamiento de un subsidio de $80 millones por parte del Gobierno a la fundación de la esposa del senador Adolfo Rodríguez Saá, Gisela Vartalitis, en plena campaña en 2017.

A diez meses de la denuncia que el juez Federal, Juan Maqueda partió en dos, un grupo de peritos analiza la información en Córdoba.

La parte de los delitos ordinarios que denunciaron diputados opositores, tanto el juez federal Juan Maqueda como el juez penal de la provincia Sebastián Cadelago Filippi, se declararon incompetentes para la investigación. Desde el punto de vista de la denuncia, esta fase incluye las acusaciones más comprometedoras.

La Corte Suprema se expedirá sobre la jurisdicción. Es decir determinará en que fuero se dirimirá el curso de las figuras tipificadas en el Código Penal que se le imputa a la cúpula del Gobierno encabezada por el gobernador Alberto Rodríguez Saá. La presentación de los diputados de Avanzar y Cambiemos alcanza al vicegobernador, Carlos Ponce; los ministros de Sergio Freixes, y Natalia Zabala Chacur; el fiscal de Estado, Eduardo Allende; el contador General de la Provincia, Daniel Marone; el senador Rodríguez Saá y Gisela Vartalitis.

Se les adjudicó “abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos y peculado y fraude en perjuicio del Estado Provincial” por beneficiar a la fundación con fondos públicos.

La segunda parte se relaciona a la materia electoral y está en proceso de ejecución. De acuerdo a lo que explicó el fiscal Cristian Rachid en diálogo con elchorrillero.com, el cuerpo de peritos contadores de la Cámara Nacional Electoral posee un informe que determinará si se concretó alguna irregularidad.

“Logré que el juez Electoral mande toda la información que se había recabado en la auditoría a la fundación para que los peritos, que por jurisdicción le corresponde a Córdoba, analicen en conjunto toda la rendición del Partido Justicialista sumado a los movimientos de los fondos (de Mujeres Puntanas). Así tendremos el dictamen contable para saber si hay algo que imputar”, especificó.

Según indicó la medida fue propuesta en el marco de los controles que se ejecutan sobre las rendiciones de los partidos políticos que participaron de las elecciones 2017. De este modo los especialistas poseen el informe “pendiente”.

Además ordenó que los estudios se deben ejecutar en conjunto con los controles de los espacios partidarios para “analizar si hubo movimientos de fondos que hayan violado algunas de las prohibiciones de financiamiento”.

El fiscal Federal aseguró que la fundación ya envió los documentos, asimismo si los peritos consideran oportuno requerir otros datos tienen la facultad para hacerlo.

“Lo que yo solicité desde el comienzo fue lo referente a la infracción electoral, a partir de ahí se forma esta compulsa y a instancias mías se pidieron varios antecedentes de la fundación, pedidos de informes a la AFIP y otros organismos y lo recabado se remitió a los peritos”, detalló.

Esta medida se llevó a cabo en el mes de abril, etapa en la que inician este tipo de controles.

“Los peritos contadores son los únicos del país que conocen sobre auditorías electorales. Con su análisis se va a realizar todo lo que se tenga que hacer en la materia y será integral porque se verá en espejo al partido y la fundación”, agregó.

A pocas semanas de las elecciones del 22 de octubre, el Gobierno transfirió a una cuenta de la fundación de Vartalitis $80 millones usados luego para comprar electrodomésticos que se repartieron en actos que fueron encabezados por el entonces candidato a la reelección como senador, Adolfo Rodríguez Saá.

Ahora resta conocer los resultados del estudio de los profesionales y de acuerdo a ello qué dictamen materializará Rachid. Sobre todo queda pendiente la resolución de la Corte Suprema que determinará qué jurisdicción investigará la causa.