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Jueces obligados a firmar sus renuncias: fijaron otra vez una audiencia por las pruebas

Están acusados dos altos funcionarios de Alberto Rodríguez Saá: Sergio Freixes y Mario Zavala. Luego de trece años podría determinarse la fecha del juicio.

Freixes celebra junto al gobernador Rodriguez Saá el retorno al gabinete doce años después. En agosto de 2017 asumió en el ministerio de Medio Ambiente.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 31/07/2018 23:46
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Se desarrollará el próximo 10 de agosto a las 9:30 en el Tribunal Oral, a partir de lo resuelto por la acordada 1/12 de la Cámara de Casación. Se trata de la instancia previa que podría definir una fecha para el juicio.

La audiencia fue resuelta por la Cámara de Casación para que “se acuerden entre las partes las pruebas, dada la cantidad de testigos”, explicó en declaraciones a elchorrillero.com, la secretaria del Tribunal, Alejandra Suárez.

También contó que probablemente se podría fijar una fecha de juicio “ese día o posteriormente”. Y que estarán presentes los magistrados federales que integran el tribunal, Roberto Naciff, María Paula Marisi y Alejandro Waldo Piña; además representantes de la Fiscalía y defensores. También pueden estar presente los imputados.

Se pudo conocer además que la causa tiene alrededor de 130 testigos.

Esta es la segunda vez que se fija una audiencia preparatoria. La pautada para el 29 de junio fue postergada por el juez Naciff a pedido los nuevos abogados defensores del por entonces ministro de la Legalidad, Sergio Freixes, uno de los imputados que tiene la causa. El otro es el exviceministro Mario Zavala, que es asistido por el defensor oficial.

La fundación Poder Ciudadano, que es amicus curiae del tribunal (una figura que le fue concedida para participar del proceso judicial) interpretó la postergación como una “maniobra dilatoria”.

El actual ministro de Medio Ambiente, Producción y Campo designó a Hugo Scarso y a Esteban Salas como sus nuevos defensores. El funcionario de Rodríguez Saá es además senador en uso de licencia y recientemente fue designado vicepresidente primero de la Cámara de Senadores.

Los dos funcionarios son los apuntados de hacer firmar a los futuros jueces y fiscales sus renuncias en blanco. La causa lleva más de una década y todavía no tiene resolución debido a la dilación que se fue promoviendo  por parte de las defensas.

El caso ocurrido hace trece años fue escandaloso y considerado por la organización Transparencia Internacional “como paradigmática de la corrupción de la Argentina”. Tuvo repercusión nacional por su gravedad y muchos medios se ocuparon del tema por mucho tiempo. La situación incluyó cámaras ocultas e involucró a otros funcionarios como la ex senadora Viviana Moreira (esposa de Freixes) y Ricardo Fadón.

En abril de 2005, la abogada Marina Ziliotto denunció una irregularidad que dentro del Poder Judicial se había transformado en algo “normal”.

Así quedó a luz que varios jueces fueron sometidos a firmar sus renuncias de manera anticipada con lo cual quedaban en una posición de debilidad y dependencia del poder político.

Ziliotto era en ese momento funcionaria de la Justicia y dio fe que tanto para ingresar al Poder Judicial como para obtener ascensos, los postulantes debían pasar por un despacho de la Casa de Gobierno, y allí eran “invitados” a firmar renuncias con fecha en blanco.

La maniobra se concretaba en el tiempo en que Alberto Rodríguez Saá intentaba salir de una crisis social que puso en jaque al Gobierno

“Poner a disposición del gobernador su renuncia indeclinable al cargo”, decían todas las notas que debían rubricarse antes de ocupar los puestos en la estructura de la Justicia. Así el Gobierno interfería en la independencia judicial y podía impulsar la  separación del cargo a aquellos que pudieran oponerse a las voluntades oficiales.

La denuncia aseguró que la maniobra se desplegaba desde el ministerio de Legalidad y Relaciones Institucionales; donde los postulantes debían firmar para que los pliegos fueran girados al Senado y se consiguiera su acuerdo.

Freixes como titular de esa cartera era el interlocutor oficial del Gobierno ante la Justicia.

La acusación se promovió ante la Justicia Federal e involucró a once funcionarios judiciales provinciales (jueces, camaristas y fiscales de Cámara) que habían sido nombrados en ese contexto. La mayoría de ellos conserva ahora sus cargos. En la investigación quedó acreditada la metodología de hacer firmar renuncias en blanco y el entonces juez Federal, Carlos Villegas procesó a los dos funcionarios.

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