“Están las pruebas, resta atribuir responsabilidades a quienes idearon el sistema para someter a la justicia”
Lo aseguró Germán Emanuele de la Fundación Poder Ciudadano, en el marco de la audiencia preliminar que se desarrollará este viernes, en la causa por el pedido de renuncia anticipadas a jueces durante el primer gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
Tras haber sido suspendida el 29 de junio, finalmente se desarrollará la audiencia que analizará la investigación del delito de coacción agravada que se atribuye al por entonces ministro de la Legalidad, Sergio Freixes y su par, el exviceministro Mario Zavala.
De acuerdo a las denuncias ambos habrían hecho firmar a jueces y fiscales sus renuncias en blanco, fórmula con la que se pretendía condicionar a los magistrados.
La causa ya tiene 13 años y es considerada por Transparencia Internacional como “paradigmática”. Ahora se avanzaría un paso, aunque no se ha establecido la fecha de inicio del juicio oral.
El director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Poder Ciudadano, Germán Emanuele, hizo un análisis de la causa al ser entrevistado por Nino Romero en el programa Agenda Abierta de Radio Dimensión y detalló que la entidad participará en términos de “amicus curiae”.
“Ahora habrá una audiencia preliminar después de muchos años de idas y vueltas por cuestiones de competencia ya que el caso llegó a la Corte Suprema. Luego de más de 10 años empezaría la etapa de juicio, esperando su resolución y si efectivamente los hechos que se denunciaron son probados o si habrá una condena”, explicó.
“Nosotros participamos en calidad de amicus curiae, que es una figura legal que permite que organizaciones y especialistas aporten conocimientos de carácter técnico al juez (o jueces) que resolverá la cuestión. No somos parte de la causa, sino que fuimos aceptados en estos términos para aportar la visión de Poder Ciudadano”, agregó.
El abogado remarcó además que se presentaron algunas características a tener en cuenta en el caso como la vulneración al principio de independencia del Poder Judicial, la neutralidad de los jueces, las presiones del Ejecutivo sobre la Justicia, entre otros ejes.
En ese sentido estos aspectos de estructuralidad donde altos funcionarios públicos “coaccionan” a miembros de otro poder del Estado, significaron un “escándalo” nacional.
“Algunos funcionarios se enteraban que habían renunciado a través de los diarios, llegaban a sus despachos y se encontraban con la renuncia, eso muestra cómo la degradación de la calidad democrática termina repercutiendo no solamente en la formación de círculos de impunidad, sino también de corrupción”, advirtió.
Para Emanuele estas conclusiones traen aparejada la vulneración de los derechos fundamentales de la sociedad, problemas de desarrollo, etc. Así, estos casos son definidos como paradigmáticos en el sentido de que prueban como se generan esos círculos de impunidad y las características básicas que tienen los problemas de corrupción estructural del país.
“Es muy difícil poder exigir independencia o imparcialidad a los jueces cuando se encuentran sometidos a presiones de estas características y con las represalias que puede implicar no ser funcional a determinadas decisiones”, expresó.
El letrado reconoció que estos casos “exceden a San Luis” ya que al observar las sentencias “queda gusto a poco” y con el tiempo se empieza a probar que en realidad esas resoluciones tuvieron “algún tipo de vicio”.
“En el caso de San Luis están las pruebas, sólo resta que la Justicia (Federal) atribuya responsabilidades a quienes idearon este sistema para que el Poder Judicial esté sometido”, sostuvo.
De pedidos de renuncias anticipadas a jueces “no hay registros de situaciones similares” en el país, aunque sí hay casos de presiones del poder político al Judicial y en este sentido, incluso analizando las normas y sistemas desde la remoción de jueces, se ven “ciertas falencias y agujeros”.
“El Poder Judicial necesita reformas estructurales urgentes y más en materia de transparencia y rendición de cuentas. El propio sistema de designación de jueces es complejo en el sentido de todo el aparato de negociación política que hay previamente para quien quiera ser juez”, sostuvo.
“Uno mira los últimos 15 años cómo se fueron dando las discusiones en torno al Poder Judicial como uno de los poderes del Estado y se observa que lejos de promover políticas públicas para fortalecer la institucionalidad de la Justicia lo que se intenta es someterla y hacerla funcional a los intereses del propio Gobierno”, reflexionó.