Después de 13 años, juzgarán a ministros de R. Saá por exigir la renuncia anticipada a jueces
Se programó para el lunes 22 de octubre. Juzgarán a dos exministros de Alberto Rodríguez Saá que hacían firmar la renuncias en blanco a magistrados.
Esta mañana se concretó la audiencia preliminar por el caso que en 2005 generó un escándalo a nivel nacional, en el que el por entonces ministro de Legalidad Sergio Freixes y el exviceministro Mario Zavala, fueron denunciados por presionar a jueces y fiscales.
El Tribunal conformado por Roberto Nasif, Alejandro Piña y Paula Marisi, resolvió la fecha del debate oral y por otra parte coordinaron los detalles previos en el que se formularon intervenciones sobre una serie de incidentes que se materializaron a lo largo de la causa, que ya posee más de diez años.
Tribunal Oral Federal que tendrá a cargo el juicio.
Estuvieron presentes el exviceministro Mario Zavala y la defensora oficial, Claudia Ibáñez que lo representará; los defensores de Sergio Freixes, Esteban Sala y Hugo Scarso (a quien designó tras cambiar de patrocinador), y el fiscal Cristian Rachid.
Por su parte Freixes no asistió y su patrocinador indicó que presentaría por escrito las razones de la ausencia, agregando que en este tipo de instancias no es obligatorio asistir.
El actual ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción, y Zavala, están acusados de haber desarrollado acciones de condicionamiento que consistieron en las firmas de las renuncias en blanco, con las que el Gobierno de Rodríguez Saá habría ejercido presiones a los magistrados, mediando amenazas de expulsión de los cargos.
Como los jueces firmaban sus renuncias en estas condiciones, el Gobierno se aseguraba su línea de influencia en la Justicia. Todo ocurrió en el momento que la gestión de Alberto Rodríguez Saá dejaba de tambalear tras atravesar una crisis institucional y social producto de un fuerte embestida fundamentalmente contra el Obispado y los docentes.
En el año 2005, la abogada Marina Ziliotto denunció la irregularidad que se había naturalizado en el Poder Judicial e inclusive alcanzó repercusión nacional, gracias a una serie de cámaras ocultas que se dieron a conocer a la prensa en las que se involucró a otros funcionarios como la esposa de Freixes y entonces senadora por el departamento Dupuy, Viviana Moreira y Ricardo Fadón.
Fue tal la gravedad del hecho, que instituciones como Amnistía internacional se manifestó considerando que se trató de un caso “paradigmático”. Por su lado, la Fundación Poder Ciudadano aportó sus conocimientos técnicos en términos de amicus curiae.
La audiencia preliminar que finalmente se llevó a cabo este viernes, había sido pactada para el 29 de junio pero se postergó, sumando años de dilación. Por el delito de coacción agravada, que se les ha imputado a los exministros, podría fijarse penas de hasta 10 años de prisión.
Los representantes de los acusados.
El fiscal Cristian Rachid definió al salir de la audiencia que los magistrados tienen a disposición un “tratamiento privilegiado” que consiste en pedir las cuestiones de la causa por escrito o efectuar las audiencias en otro lugar, pero entendió que “lo correcto es que procuren comparecer”, con lo cual se trabajó para aplicarlo de ese modo.
Admitió que las diversas instancias que se fueron generando a lo largo de estos 13 años fueron “maniobras dilatorias”.
El abogado Hugo Scarso expresó que la acordada “es correcta”, fundamentalmente porque contribuye a acortar los plazos de un juicio que por sus características será extenso.
Además fue crítico de la postura de amicus curiae de la Fundación Poder Ciudadano, asegurando que “no es independiente” y que su intervención se trata de un hecho político.
En el mismo sentido, Claudia Ibáñez, añadió que “es una cuestión a resolver” dado que en un incidente se planteó la nulidad de la fundación.
La audiencia
Durante 22 minutos, los magistrados Nasif, Piña y Marisi resolvieron la fecha del debate oral y resaltaron algunos incidentes generados a lo largo del caso, a modo organizativo del juicio.
La primera parte consistió en el ordenamiento de los incidentes (que en total llegan a los 35), especialmente para que las partes tomaran conocimiento de su existencia.
La mayoría de los mismos fueron establecidos por Zavala. Los incidentes Nº 1, 11, 15 y 16 fundamentaban la pretensión de que el juicio se realice “por jurados”, solicitando así la suspensión del debate.
Al respecto Rachid manifestó que en la mayoría de estos casos, la fiscalía emitió su dictamen por escrito. “Ni siquiera encuadra en el Código Procesal Penal”, sostuvo después diálogo con la prensa.
Luego se describió que en los incidentes 2 y 3 se cuestionó la integración en primera instancia de los jueces Carlos Villegas y Raúl Ceferino Jara. Por su lado, los número 4 y 25 plantearon recusaciones a la fiscalía.
También se hizo mención a los incidentes 5 y 6, en los que se trazó la nulidad de la resolución adaptada por el Tribunal oral actuando como Cámara de Apelaciones, en relación al auto de procesamiento. En este caso, la medida fue finalmente confirmada por la Cámara N°4 y la Corte Suprema.
Posteriormente recordaron los Nº 7 y 14 que cuestionaron la validez de la obtención de la prueba de comunicaciones, realizada durante la instrucción. De la misma manera que en los incidentes 5 y 6, se definieron por la Cámara 4 y la Corte Suprema.
Por otra parte recordaron los incidentes 9 y 4 que cuestionaron la competencia federal del Tribunal y pidieron que se otorgara al Superior Tribunal de San Luis; aunque se concluyó que la competencia “es federal”.
Finalmente remarcaron los incidentes 10 y 12 referidos a las nulidades solicitadas por la incompetencia federal (en este caso no fueron resueltos). Otro que se generó fue el Nº 19, que requería la nulidad de custodia de la prueba tecnológica ofrecida.
Tras la mención de los incidentes, la abogada Ibáñez especificó que la defensa desiste de los Nº 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.
En otro momento de la audiencia vislumbraron en referencia a aquellas personas que declararon y sus testimonios no son centrales, podía optarse una incorporación de sus declaraciones por escrito.
Asimismo Rachid enunció que a la fiscalía le interesa el comparendo personal de todos los testigos ofrecidos en el procedimiento de prueba y que fueron aceptados.
Luego la defensa confirmó sus ocho testigos. Se trata de Graciela Isabel Velázquez, Silvia Yolanda Vega Freites, Viviana Mercau, Gianina Abdala, Romina Funes, Ricardo Fardón, Franco Suli y Anabella Cortez Aparicio, personal político de la secretaría privada de Freixes.
Para el caso de los testigos fallecidos, el ministerio Público Fiscal solicitará la información correspondiente en los términos que establecen las normativas.
El juicio iniciará el 22 de octubre a las 9:30 y se estableció su desarrollo consecutivo hasta el día 26. Asimismo no se excluye la posibilidad de que se incorpore una extensión.