Lesa humanidad: el juicio a jueces comenzará el 19 de octubre
El debate que juzgará a cuatro exfuncionarios por delitos cometidos durante la última dictadura militar contará con más de 50 testigos.
Durante la segunda audiencia realizada hoy, el Tribunal Oral Federal estableció la fecha de inicio del tercer juicio por lesa humanidad en San Luis, el llamado “Juicio a los jueces”: será el 19 de octubre.
Cada 15 días se expondrán pruebas, declaraciones y desfilarán los testigos citados. Además, se prevé que para fin de año o comienzos de 2019 se dicte la sentencia.
Los acusados, que no estuvieron presentes, son el exjuez Federal, Eduardo Allende, el exfiscal Federal Hipólito Saá, el exmédico de la Policía de San Luis, Jorge Omar Caram y el exteniente de la Artillería Nº 141, Alberto Eduardo Camps.
Los jueces Federales que llevan adelante el caso (Alberto Daniel Carelli, Julián Falcucci y María Paula Marisi) determinaron incorporar a la causa 49 testimonios pertenecientes a los dos juicios de lesa humanidad que se desarrollaron con anterioridad en la provincia. Todos ellos mediante registro audiovisual.
Sobre esto quedará en consideración de los jueces si reproducirlos en medio del debate u omitirlos y estudiarlos fuera de las horas del plenario.
En cuanto a las declaraciones presenciales, serán citados 11 víctimas que deberán comparecer ante el Tribunal.
Ellos son: Víctor Hugo Ciriveni, Inés Villarme, Abdo Reid, Omar Prudencio Juárez, Julio Oscar González, Mabel Merlino, Raúl Alberto Castillo, Juan Manuel Echandía, Ignacio Echandía, Irma Zacardo de Castillo y Raquel Camacho de Castillo.
La otra medida dispuesta por las autoridades es el anexo de 19 testimonios escritos de los cuales no hay material fílmico.
Norberto Foresti, de la APDH junto a los fiscales Cristian Rachid y Mónica Spagnuolo.
Quienes asistieron a la jornada fueron los fiscales que llevan la investigación, Cristian Rachid y Mónica Spagnuolo; el representante de la Asociación Permanente de Derechos Humanos (APDH) y querellante, Norberto Hugo Foresti; el abogado de Hipólito Sáa, Juan María Rodríguez Estévez; y los defensores oficiales de Allende, Caram y Camps, Santiago Bamolde y Federico Reinaldo Pastor.
Solicitado por la defensa oficial, se agregaron los nombres de Carlos Galande, Walter Luna, Carlos Acevedo y el historiador y docente, Néstor Menéndez a la lista de testigos.
El único punto que falta resolver es la solicitud de la defensa de Saá que planteó su sobreseimiento con la intención de desvincularlo de la causa por las “condiciones psíquicas que actualmente sufre”.
También solicitó que en el caso de ser rechazado, no intervenga durante las audiencias ya que “no se encuentra en sus capacidades mentales para afrontarlo” por su “deterioro cognitivo”.
Representantes de la defensa de los acusados.
La fiscalía se opuso a la petición ya que “está acreditado su estado de salud” y “no lo amerita”. Igualmente, propusieron que se exima del juicio pero con la condición de que presencie tanto el inicio como el final.
Ahora, el Tribunal deberá resolver la situación de Saá en el lapso de tres días como máximo.
En diálogo con elchorrillero.com, Rachid afirmó que todo está listo para el comienzo del proceso y que “no falta nada”: “Todas las demás cuestiones se van a resolver cuando se haya recibido toda la prueba y se plantee cuales testigos no puedan comparecer en el debate”.
Las penas
Los delitos presuntamente cometidos por los imputados apuntan a los roles que tuvieron durante la última dictadura.
Son señalados como responsables de integrar una “asociación ilícita, privación abusiva de la libertad agravada y tormentos”.
Según expuso la querella, los secuestros se produjeron bajo la excusa de “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos y comenzaron a producirse antes del golpe cívico militar”.
A Caram se lo acusa de cuatro hechos de esta índole, Camps de tres, Allende de 23 y Saá de 21. A este último se le agrega la calificación de homicidio calificado de seis personas.
En cuanto a las condenas, a los miembros de las fuerzas de seguridad en este caso puede llegar a ser castigados con hasta 25 años de prisión.
Si bien en el caso de los magistrados la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza afirmó que estarían sujetos a un máximo de 25 años, la fiscalía insistirá en la calificación más gravosa y pedirá la pena perpetua.