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Evalúan aumentar montos de la AUH hacia fin de año

En el gobierno preocupa la inflación y monitorean la situación de los que menos tienen. No descartan aumentar la asignación aplicando la denominada cláusula social incluida en el acuerdo con el FMI.

Ministra de Desarrollo Social de Nación, Carolina Stanley.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 15/08/2018 08:44
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Pese a que Mauricio Macri este martes minimizó la escalada del dólar -”no pasa nada, tranquilos”, soltó ante la prensa acreditada mientras se retiraba del Patio de las Palmeras- en otros sectores del Ejecutivo hay preocupación por la inflación y monitorean la situación de la población vulnerable: no descartan hacia fin de año aumentar los montos de la AUH aplicando la denominada cláusula social incluida en el acuerdo con el FMI.

En distintos ministerios relevan la situación social en el conurbano y los suburbios de las grandes ciudades. Para analizar la realidad de las zonas vulnerables de la provincia, cada 15 días se reúnen la gobernadora María Eugenia Vidal con la ministra de Desarrollo Social de Nación, Carolina Stanley. Ambas trabajaron juntas en la Ciudad y en tándem dialogan no sólo con organizaciones sociales sino también con ONG’s y curas villeros que les trazan una radiografía social en el territorio.

A comienzos de julio la Provincia anunció un refuerzo en los planes sociales a consecuencia de la corrida de mayo y posterior devaluación: se trató de un paquete social de $318 millones preventivo para contener a la población a la que más afecta el golpe al bolsillo, con un aumento del 15% retroactivo a mayo en el Plan Más Vida, una tarjeta mensual de $5 mil para mil comedores y la incorporación de otros 18 municipios al programa Un Vaso de Leche por Día.

Según se pudo averiguar, no habrá una propuesta similar a nivel nacional dado el ajuste aplicado por Hacienda. Empero, sí se prevé reforzar las raciones de programas sociales de convenios con el PNUD (Naciones Unidas) y la asistencia a comedores y merenderos, informó Diario Popular.

También hace poco más de un mes Desarrollo Social acordó un alza escalonada de $500 hasta diciembre de los planes sociales con el triunvirato de las organizaciones sociales -compuesto por Juan Grabois (CTEP), Juan Carlos Alderete (CCC) y Daniel Menéndez (Barrios de Pie)- para llevar el ingreso a los $6 mil. Cerca de Stanley dicen que por ahora están arriba de la mitad del salario mínimo, con el que se calcula el salario social complementario (SSC), y que en todo caso aguardarán la evolución de la inflación hacia finales de septiembre. De hecho, aún no hay convocatoria oficial a los dirigentes sociales.

“Hay que esperar cómo termina la inflación de agosto-setiembre y ver cómo se termina de escalonar el SSC con la suba del salario mínimo (sube un 25% en 4 cuotas, a $10700 desde setiembre para llegar a $12500 en junio de 2019). También tenemos prevista la cláusula que se negoció con el FMI que nos permitiría subir la AUH hacia fin de año en caso que se superen las expectativas del alza de los precios”, explicó a este diario un funcionario consultado.

En el oficialismo también están expectantes con el nuevo índice de pobreza previsto para septiembre, que algunos analistas ubican por encima del 25,7% informado en marzo a consecuencia de la devaluación.

Ese número había mostrado una baja respecto al último semestre analizado de 2017. Ahora en el gobierno no arriesgan una cifra pero sostienen que “el primer semestre no arrancó mal, no sabemos si serán peores los números del segundo semestre de este año”, que se conocerán en 2019.

Con todo, hoy cobran el SCC en programas como Haciendo Futuro unos 260 mil beneficiarios; el total de beneficios que paga la cartera nacional, incluidos otros programas, asciende a 450 mil.

En cuanto a la interna de los movimientos sociales, generó “incomodidad” evidente la presencia de Grabois acompañando a Cristina Kirchner el último lunes en los tribunales de Comodoro Py por la causa de los “cuadernos de la corrupción”. Ayer hubo un duro comunicado de Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, que advirtió que “corrupción y distribución inequitativa de la riqueza van de la mano. Es mentira que se puede construir un país con justicia social con una dirigencia corrupta”.

Con todo, en Desarrollo Social continúan actualizando los registros de los beneficiarios y reclamando documentación a las organizaciones.

En cuanto a las negociaciones en marcha, no se prevé un impulso oficial al proyecto de emergencia alimentaria en el Congreso reclamado por los dirigentes sociales y sí a la ley de barrios populares por la que el Estado expropiaría terrenos privados donde se asientan las villas para luego entregar cédulas dominiales a los propietarios de las viviendas precarias.

Una medida en discusión del Ejecutivo que involucra a Desarrollo Social podría generar una disputa con la oposición como la conocida ayer con la eliminación del Fondo Sojero (que permitirá un ahorro fiscal estimado hasta fines de 2019 de $35 mil millones).

En medio de la negociación los gobernadores que llevan adelante los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y del Interior, Rogelio Frigerio, por la definición del Presupuesto 2019, Nación podría transferir a las provincias las denominadas “tarjetas alimentarias” para que éstas se hagan cargo su financiación.

Es que en medio del recorte que impulsa el Estado para achicar el déficit fiscal y cumplir con las metas acordadas con el FMI, aún no hay definición sobre el presupuesto social del año entrante.

Difícilmente los popes de Jefatura de Gabinete volverán a ufanarse, como ocurrió un año atrás, cuando remarcaban que el 73% de la ley de leyes de 2018 significaba gasto social.

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