Aseguran que ordenaron desalojar 42 familias del predio del Jockey Club para una obra del Gobierno
La orden fue emitida por el Juzgado Civil Nº 1 que dio un plazo de 30 días para cumplirla. En ese lugar se proyecta construir la réplica del Teatro Club Social.
Alrededor de 42 familias recibieron el viernes pasado una notificación de la Justicia para desalojar el predio del Jockey Club de la ciudad de San Luis.
Son aquellas viviendas que se encuentran sobre la calle Tucumán, entre la avenida Justo Daract hasta Don Bosco, todas lindantes con el Hipódromo.
El acta de intimación fue emitida por el Juzgado Civil, Comercial y Minas Nº 1 de la provincia, y corresponde al mandamiento 97444014/18, bajo el expediente Nº 311038/17.
Juan Busto, uno de los vecinos que le llegó la nota, sostuvo que la medida “seguramente fue tomada porque allí se construirá el Club Social”.
“Tiempo atrás el hipódromo fue intervenido y no se sabía que iba a pasar, ahora el Gobierno tomó la decisión de hacer toda estas obras que anunció", señaló en declaraciones a El Chorrillero.
Ante esta noticia, los habitantes buscan tener respuestas pero “nadie se hace responsable”.
“Viven niños, ancianos y discapacitados, la gente está nerviosa y angustiada por la situación”, comentó.
El lunes pasado, el gobernador Alberto Rodríguez Saá anunció que allí se construirá una réplica del Teatro Club Social de San Luis, mediante el plan “Sueños Puntanos”.
Allí funcionará un espacio cultural, contará con una capacidad de 1200 espectadores y tendrá un plazo de 330 días para ser construido.
“Vamos a reconstruir el teatro a escala, pero nosotros lo haremos un poquito más grande. Y además del cine-teatro haremos otras obras complementarias. En los espacios laterales, en el Club Social antes había un salón de baile. Nosotros haremos escuelas referidas a la música, la guitarra, la danza. También escuelas deportivas, porque contamos con un enorme parque que rodea el edificio. La obra será una réplica cuyo valor inicial será muy importante, porque nos hará recordar al San Luis de antaño y lo combinaremos con la modernidad que vivimos hoy”, dijo Rodríguez Saá.
Además funcionará una cantina de similares características del que estaba emplazado sobre la calle San Martín y cuatro escuelas generativas destinadas a “las artes y el deporte”.
"Está muy bien si quiere hacer eso el Gobierno, nadie está en contra de las obras, pero el tema es porqué nos llegó a nosotros la notificación de desalojo, inminente y sin ninguna aviso previo o explicaciones", preguntó el vecino.
Busto intentó hablar con Fernando Spagnuolo, juez que emitió la orden, pero no fue atendido: “Lo único que me dijeron en el juzgado es que tenemos que desalojar y que debemos cumplir”.
Explicó que los terrenos donde viven “fueron entregados por el Estado provincial” y actualmente “se paga una cuota como vivienda social”.
“Hace 30 años tenemos la casa. Antes los terrenos eran fiscales porque estaba delimitado por las vías del ferrocarril”, recordó.
Ahora, y ante esta determinación de la Justicia, los vecinos se reunirán el próximo viernes para resolver qué hacer ante esta situación.
“Nos vamos a juntar y la decisión que tomemos dependerá de lo que surja en la semana, por ahí nos citan y nos informan pero por el momento no pasa nada. Solo queremos que nos digan que la medida del gobierno no nos afecta”, concluyó.