Pueblo Esperanza; la “cárcel ciudad” que impulsa R. Saá para que los condenados vivan “libres”

Hace unos días la idea del gobernador Alberto Rodríguez Saá dio el primer paso formal tras el anuncio el pasado 2 de julio: el proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Senadores para su tratamiento.

“Sería la primera cárcel-pueblo de la Argentina y una de las primeras del mundo”, dijo cuando hizo oficial la creación de lo que en ese momento llamó un “centro de reinserción social”, para que los internos vivan en “una suerte de pequeña ciudad”, y puedan desarrollar distintas actividades comerciales y sociales “con otras que estén afuera del penal”.

La noticia formó parte de sus anuncios de obras del Plan “Sueños Puntanos”, y llegó en un contexto donde los dos penales provinciales vivían un momento de crisis, entre casos de suicidios, denuncias por apremios ilegales y sobrepoblación.

El segundo día de julio, Rodríguez Saá anunció que enviaría a la Legislatura “un innovador” proyecto de ley que vendría a cambiar y revolucionar el método penitenciario de la provincia. “Hay pocas experiencias de esto. Hay una en Uruguay", dijo.

La iniciativa que se difundió esta semana tiene 21 artículos y fija el funcionamiento y las normas dentro de un predio que funcionará como una “ciudad-cárcel” en el interior de un penal. Habitarla será para cada interno como “gozar de un beneficio”.

“El que se levante a la mañana va a encontrar la puerta abierta”, dijo en el arranque el gobernador para explicar la idea de su “cárcel-ciudad”. También graficó: “Después de caminar unos 600 u 800 metros por un pasillo que va a tener una suerte de alambrado o reja al costado, va a quedar libre en un pueblo que estará dentro de la cárcel y ya no verá ese alambrado”.

Detalló que en ese lugar los presos van a sentirse “libres” y podrán trabajar. También “ir a la biblioteca, tener una carpintería, peluquería, panadería, hacer negocios, con lo que sepan y quieran hacer”, tanto hombres como mujeres “en el mismo pueblo”, junto “con chicos en el mismo pueblo”.

El lugar podrá ser visitado todos los días por los familiares y estar “el tiempo que quieran”. Y podrán entrar las personas que, por ejemplo, “quieran cortarse el pelo”. De esa manera el primer mandatario daba a conocer la novedad.

Adelantó que no faltaba “mucho para el edificio”, y que podría estar “listo en 8 meses”. Para ello indicó que había “que trabajar en la legislación, las condiciones y los requisitos”, porque además iba a ser necesario “hacer contratos”.

El gobernador decidió denominarlo Sistema Penitenciario Alternativo “Pueblo Esperanza”, y funcionará en el Complejo Pampas de las Salinas: la cárcel de máxima seguridad que se construyó en San Luis.

El proyecto fundamenta que el lugar será “un espacio de resociabilización abierto” donde los internos “podrán transitar libremente” y además la oportunidad de “formarse académicamente, crear esparcimientos laborales, culturales y económicos, autogestionando sus ingresos como una manera de concretar el derecho humano de trabajar”.

Estará comandada por una “Intendencia” que por un lado la conformará el intendente designado por el gobernador: será el administrador de la “pequeña ciudad” y podrá “recaudar e invertir los ingresos del mismo, efectuar adquisiciones, contratar obras y servicios”.

Y por el otro, también serán parte dos representantes de Pueblo Esperanza, un varón y una mujer “que surgirán de una elección popular entre ellos”. Ambos tendrán la misión de velar por “el cumplimiento de los derechos y las garantías que el sistema ofrece”.

“Dignificación y protección de los derechos humanos, fomento a una cultura de paz, promoción de la autogestión, resignificación de la dignidad humana, construcción de ciudadanía y educación para la convivencia social”, se definen en el artículo 2 como los principales objetivos que tendrá Pueblo Esperanza.

El proyecto define que este “modelo alternativo” albergará a las personas “con sentencia condenatoria”, sin distinción de orientación sexual ni identidad de género”. Quedarán excluidos de esta posibilidad quienes hayan sido juzgados por femicidios y delitos contra la integridad sexual.

La autoridad de aplicación será el ministerio de Seguridad.

Para poder poblar Pueblo Esperanza, antes se creará un Gabinete Interdisciplinario, según lo fija el artículo 4, que se encargará de la selección de los habitantes que permanecen alojados en los dos penales que tiene la provincia.

Pero para acceder, los internos deberán cumplir una serie de condiciones: “Buen comportamiento, haber demostrado la aptitud y hábito para el trabajo, formular un emprendimiento laboral y tener actitud de crecimiento y superación”.

La lista de elegidos se presentará al juez de ejecución de sentencia en lo penal para que una vez “analizadas las condiciones personales de cada integrante autorice el ingreso”, que será voluntario.

En otro punto, la norma establece que el gabinete “deberá realizar evaluaciones periódicas sobre el funcionamiento” y “desenvolvimiento de los habitantes”, las que serán elevadas al ministerio de Seguridad, donde se “velará por la permanencia de los beneficiarios dentro de ese sistema excepto cuando alguno de ellos manifieste su decisión de regresar al anterior sistema y en cuyo caso se deberá respetar su voluntad”.

En Pueblo Esperanza los presos circularán “libremente” dentro de las horas diurnas y usarán “los cuartos individuales para el descanso nocturno”.

Cumplirán un horario laboral, ya sea para su propio emprendimiento o el de otro habitante, y gozarán de su descanso semanal. Para quienes estén estudiando, la jornada de trabajo se reducirá.

Fuera de esas responsabilidades, podrán realizar actividades de esparcimiento deportivas o culturales “o bien tendrán su tiempo libre para compartir con su familia o los demás habitantes”.

“El 75% del producto obtenido a través del trabajo y los emprendimientos será del habitante emprendedor”, mientras que el 25% restante quedará para el Servicio Penitenciario. El dinero del interno “será depositado en una cuenta especial abierta a su nombre”.

Inclusive, habrá un libro de cuentas “donde se dejará constancia de los ingresos de cada habitante el cual servirá de crédito” para que puedan “gastar y satisfacer las necesidades internas”.

Tendrán a su alcance centros educativos y de aprendizajes guiados por la Universidad de La Punta y de la UPRO.

También “se conformará una usina cultural” que fomentará el arte “para favorecer a la inclusión social de sus habitantes y también la difusión y conocimiento de las buenas prácticas”.

Otro dato particular es que el personal de Pueblo Esperanza lo conformarán civiles con “orientación en promoción de los derechos humanos y desarrollo de emprendimientos”, exceptuando la guardia perimetral y de acceso.

Una cárcel de “máxima seguridad”

Todo esto funcionará a unos 200 kilómetros de la capital puntana, dentro de la cárcel donde diferentes acontecimientos pusieron en duda que fuera la más segura.

En ese lugar fue alojado el acusado de violar y estrangular hasta la muerte a Florencia Di Marco. Lucas Gómez vivía solo en un pabellón y debía ser custodiado hasta que llegara el día del juicio. El sistema falló y el procesado se quitó la vida.

Ese no fue el único caso, sino el más resonante y el que puso a la luz las irregularidades por las que pasaba el sistema.

El 2018 comenzó con una estadística preocupante: en menos de tres meses habían muerto quemados tres presos. Los casos fueron señalados por las autoridades penitenciarias como “suicidios” y en ambas situaciones los internos prendieron fuego los colchones de sus celdas.

El último episodio ocurrió la primera semana de septiembre cuando denunciaron que un interno del Complejo Penitenciario 1 había muerto “por abandono de persona”. Diego Ernesto Gil (34) estuvo alrededor de 15 días con síntomas que alertaban un estado de salud complicado. Pero recién lo llevaron al Policlínico cuando los internos “golpearon las paredes”, para pedir por su asistencia. Pero nada pudieron hacer los médicos; falleció por una pulmonía.

“Me lo trajeron moribundo al hospital, los médicos me dijeron que tenía una neumonía muy fuerte. Si otro de mis hijos no hubiese llamado, directamente me entregan el cuerpo desde la penitenciaría”, acusó públicamente su madre, Yolanda Bengolea.

El Observatorio Internacional de Prisiones le solicitó al Gobierno de San Luis el pasado 7 de noviembre, para que investigue las irregularidades que el organismo recibió como “quejas”.

La carta, que estaba firmada por la responsable de la institución, Graciela Dubrez, puntualizaba que el Servicio Penitenciario ubicado en La Botija “estaría tolerando o alentando el tráfico de estupefacientes a través de visitas que ejercerían la prostitución dentro de la cárcel”.

La iniciativa acompaña la solicitud que realizó el Observatorio Internacional de Prisiones al Gobierno de San Luis el 7 de noviembre, para que investigue las irregularidades que el organismo recibió como “quejas”.

La carta, que está firmada por la responsable de la institución, Graciela Dubrez, puntualiza que el Servicio Penitenciario ubicado en La Botija “estaría tolerando o alentando el tráfico de estupefacientes a través de visitas que ejercerían la prostitución dentro de la cárcel”.

“Es una seguidilla de denuncias por malos tratos, por falta de comida, por atropello a las visitas, por sospecha del ejercicio de la prostitución y el tráfico de estupefacientes; y que esté concentrado en un mismo penal, es realmente llamativo. Como está alejado de todo el mundo nos da a pensar que se han distraído de los controles que deben llevar”, fundamentó la titular del organismo hace 10 meses.

Los problemas nunca fueron explicados del todo por parte del Gobierno, que tampoco presentó el pedido de informes sobre la situación real de la población penitenciaria, que hizo también en 2017 el bloque de Diputados de Avanzar y Cambiemos por San Luis.