Presupuesto 2019: diputados denunciaron al gobernador Rodríguez Saá y a la ministra de Hacienda
Formalizaron la presentación por la posible comisión de los delitos de “abuso de la autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”. Sostuvieron que el proyecto avanza contra normativas constitucionales.
Once diputados del bloque Avanzar y Cambiemos por San Luis denunciaron en el juzgado de Instrucción Penal Nº 2 a cargo de Ariel Parrillis, al gobernador Alberto Rodríguez Saá, a la ministra de Hacienda Natalia Zabala Chacur y a la jefa de la oficina de Presupuesto Público, Julieta Ortiz.
Según advirtieron los legisladores, las irregularidades que presenta el proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 2019 le permitirá a Rodríguez Saá Saá disponer de los “fondos públicos a su antojo”, en un año electoral en el que se disputa la Gobernación de la provincia.
Zabala Chacur brindó una conferencia de prensa la semana pasada en la que expuso las razones que tuvo la actual gestión para reducir la presentación del plan anual de gobierno a un texto de seis carillas en la que se pide que se apruebe un gasto de $ 31 mil millones.
Según aseguró fue enviado el 30 de agosto a la Legislatura y explicó que es un documento que “no se ajusta” a lo que presentan anualmente porque “es muy difícil y una falta de respeto” desarrollar un presupuesto sin tener las certezas de las variables macroeconómicas del país del próximo año. Es decir responsabilizó al Gobierno Mauricio Macri por no haber aportado los indicadores nacionales.
En ese sentido los diputados aseguran que se trata de una falta “grave” ya que no se respetan las normas constitucionales provinciales y nacionales. La denuncia patrocinada por el abogado Ricardo Bazla busca que, de comprobarse la comisión de los delitos de “abuso de la autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”, la Justicia resuelva los hechos aplicando la máxima pena.
La denuncia fue firmada por los diputados Gastón Hissa, Alejandro Cacace, Juan Manuel Rigau, Albero Fara, Nancy del Valle Albornoz, Ariel Barroso, Nery Carlomagno, Ramón Díaz, Joaquín Mansilla, Norma Pastor y Ricardo Lemme.
La Constitución de la Provincia de San Luis establece (desde 1987) en su artículo Nº 6 que el Presupuesto se debe presentar “antes del 31 de agosto”, junto al pertinente plan de obras púbicas.
En el mismo sentido la Ley de Contabilidad, Administración, y Control Público de la provincia ordena que se debe presentar “antes del 31 de agosto del año anterior al de su vigencia”.
Por su parte en el orden nacional, desde 1992 y bajo la letra de la Ley 24.156, está estipulado que el Presupuesto se presente cada 15 de septiembre, es decir con posterioridad a la obligación que tiene el Poder Ejecutivo de San Luis.
“Siempre, al menos desde 1992, la Provincia lo ha presentado antes que Nación, aun cuando hemos transitado procesos hiperinflacionarios muchísimo más graves que lo que vivimos en este momento. No hay excusas de ningún tipo para presentar este proyecto de seis fojas”, sostuvo Bazla en declaraciones a elchorrillero.com.
Zabala Chacur calificó el próximo Presupuesto provincial como “equilibrado” y anticipó que “prevé un crecimiento de los recursos en un 18%”.
Sin embargo el proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados “no detalla nada”, sus carillas sólo se limitan a fijar el monto total de gastos y recursos en $31.489.395.479. No posee ningún tipo de desagregado de gastos y recursos, como tampoco se aclara en qué se gastarán los fondos públicos.
“La Constitución de San Luis indica en su artículo Nº 92 que en el Presupuesto debe figurar los gastos e inversiones del Estado. Ese detalle no figura, al igual que el artículo Nº 78 exige que al menos se garantice el 23% a Educación y no sabemos cuánto quiere destinar el gobernador”, sostuvo Bazla.
De este concepto deviene la idea de que el proyecto es en realidad “un cheque en blanco” del cual Rodríguez Saá podría sacar provecho, coincidieron en el recinto y en declaraciones periodísticas los legisladores del frente opositor.
“En definitiva si esto se aprueba significará el otorgamiento de la suma del poder público al gobernador para que maneje a su antojo el año en el que está en juego su propia reelección. En este manejo arbitrario y discrecional de los recursos está en juego el destino de la Provincia, hay una ilegalidad manifiesta”, consideró el letrado.
Por otra parte aseguró que “no hay antecedentes” de la maniobra, incluso en los momentos más difíciles de la economía argentina y definió que la Provincia siempre cumplió entregando proyectos compuestos por “entre 1000 y 1500 fojas”.
De este modo los legisladores de Avanzar y Cambiemos interpretaron que “no hay ninguna excusa” para no presentar un Presupuesto que se ajuste a derecho.
“Esto se trata de una nueva expresión del sentido autoritario con el que la familia Rodríguez Saá domina la provincia de San Luis. Ejercen dominio, y con soberbia, no gobiernan con humildad; pretendemos que la provincia transite por carriles normales y esto no lo es, forma parte de la patología institucional que ha impregnado la familia Rodríguez Saá”, concluyó.