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Agujero negro: el Gobierno se maneja con un “decreto” secreto para entregar $250 millones en créditos

La primera etapa de distribución de los fondos se hizo en forma discrecional. No hubo controles y hasta ahora no se publicitó el marco legal del Plan “San Luis te Cuida”.

ANSL
El Gobierno continuará en los próximos días con la entrega de créditos a comerciantes.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 23/09/2018 01:50
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La muestra cabal fueron los casos de comerciantes y empresarios que recibieron los cheques sabiendo que por su capacidad económica no podían tomarlos.

La necesidad Alberto Rodríguez Saá de diferenciarse del Gobierno nacional y mostrarse como la contracara en el momento que el dólar parecía desbocado, prevaleció sobre todos los recaudos que se deben tomar para evitar excesos y evitar que se burlen del Estado.

Bajo la consigna de que “no bajen las persianas” en medio de la tormenta económica, el gobernador entregó fondos a lo largo y lo ancho de la provincia.

En la primera tanda se distribuyeron tres mil cheques de $50 mil que suman $150 millones, sin haber ejercido los controles esenciales.

El Plan “San Luis te Cuida” avanza a toda marcha, pero el marco jurídico que le da la cobertura legal no ha sido publicado y ya se desembolsó el 60% de los recursos prometidos.

La promocionada medida que fue aplaudida por buena parte de la opinión pública y logró el respaldo de entidades como la Cámara de Comercio de San Luis, desnudó dudas y sospechas.

Está destinado a comerciantes que facturen hasta $3,5 millones al año. Ese es el único requisito difundido oficialmente desde el 4 de septiembre, día que el gobernador formuló el anuncio en un discurso transmitido en vivo en horario central por el Canal 13 de Televisión.

A casi veinte días del lanzamiento no se conoce el decreto que contiene un programa de $250 millones orientado a un universo de 5000 personas que se dedican a la actividad comercial.

Es decir que el encuadre legal no ha sido sometido al conocimiento del público. Formalmente el Estado provincial no comunicó los requisitos y el origen de las partidas que se afectaron, aspectos que deben consagrarse en un acto administrativo.

Desde la presentación del plan pasaron 8 ediciones del Boletín Oficial de la Provincia: miércoles 5, viernes 7, lunes 10, miércoles 12, viernes 14, lunes 17, miércoles 19 y viernes 21. Hasta anteayer que se publicó la edición N° 14.895 no fue reflejado el decreto en el sitio oficial www.boletinoficial.sanluis.gov.ar.

Esa formalidad cobró más sentido que nunca después de los excesos que saltaron en los actos encabezados por el propio gobernador.

Por eso El Chorrillero buscó conocer un decreto que por ahora es “secreto”.

Para publicar esta nota, este medio se comunicó con siete funcionarios (dos ministros, un secretario de Estado, dos jefes de programa y dos jefes de oficina) para preguntarles por las obligaciones a las que deben someterse los interesados, de qué unidad ejecutora sale el dinero, cómo se hicieron los controles y cuántos contribuyentes conforman el padrón.

Se llamó a los ministros de Hacienda Pública, Natalia Zabala Chacur y Medio Campo, Producción, Sergio Freixes; la jefa de programa Industria, Eugenia Cantaloube, la secretaria Legal y Técnica, Silvia Sosa Araujo; la Directora de Rentas, Cecilia Badaloni, la gerente de la Caja Social, Cecilia Bustos y los jefes de prensa del ministerio de Medio Ambiente.

De todos ellos solo atendió el teléfono la secretaría Legal y Técnica quien por su función se limitó a confirmar que fue dictado un decreto, pero no compartió el texto porque no es su competencia.

Así el cerco del aparato oficial impide acceder a información pública.

El manto no alcanzó a cubrir algunas desviaciones que terminaron saliendo a la luz. Hubo una sucesión de escraches virtuales a un puñado de comerciantes que por su solvencia debían quedar afuera del “brazo solidario” del Estado.

Eso pudo ocurrir porque no hubo rigurosidad desde el Gobierno en los controles y una evaluación técnica previa de los futuros destinatarios.

No fueron los medios de comunicación ni los dirigentes de la oposición los que se ocuparon de ventilar las irregularidades. La gente denunció a través de las redes sociales a un grupo de beneficiarios al verlos posando en las fotos con un gobernador mostrándose a gusto.

El circuito

La convocatoria alcanzó a los comerciantes registrados en la Dirección de Ingresos Públicos y ofreció el beneficio, por teléfono en muchos casos, a propietarios de pequeños negocios. ¿Qué es lo que se tuvo en cuenta para seleccionarlos? Es lo que justamente estaría en el texto del decreto secreto.

Los llamados desde el Gobierno también tuvieron como destinatarios a decenas de contadores que tienen en sus carteras de clientes a los microcomerciantes. Les pidieron datos a los profesionales que en muchos casos se transformaron en intermediarios porque ellos les avisaron a los beneficiarios que debían presentarse en los actos.

De ese modo el Estado se limitó a comunicar que el contribuyente estaba habilitado para ser incluido en el plan, y que en el caso de interesarle solo debía ir a un acto. Únicamente solicitaban el DNI, porque el resto de la información ya había sido reunida por el organismo (porque los elegidos estaban inscriptos en Ingresos Brutos de la provincia).

En principio la devolución se hará en 10 cuotas fijas, sin intereses a partir del 1° de enero de 2019. Pero el mismo gobernador dijo que podría postergarse esa fecha en función de la coyuntura.

El Programa Industria, dependiente del ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción que conduce Sergio Freixes, es el área que maneja “el padrón” con los contribuyentes elegidos, y quien además “controla” toda la información.

De las comunicaciones realizadas, elchorrillero.com pudo saber que si bien inicialmente los comerciantes debían estar al día para recibir el crédito blando, también accedieron otros que mantienen deuda, inclusive “que no pagaron nunca”, reconoció Cantaloube en declaraciones a este medio. En definitiva es para todos: se benefician quienes rigurosamente se someten al calendario impositivo y aquellos que están en mora.

La secretaria Legal y Técnica, Silvia Sosa Araujo confirmó finalmente que “el acto administrativo se hizo y el gobernador ya lo firmó”; por lo tanto, de acuerdo a sus declaraciones, existe un decreto que reglamenta la implementación, el cual “salió desde el ministerio de Hacienda para ser publicado”.

Y agregó que “ya está el otorgamiento a la Caja Social que es a través de la cual salen estos créditos”. De todos modos se desconoce por qué todavía no fue divulgado en el Boletín Oficial.

Los llamados a Freixes, Zabala Chacur, Sosa Araujo, Cantaloube, Badaloni y Bustos tenían por finalidad justamente que accedieran a informar con precisión el marco de una medida que involucra $250 millones.

En los próximos días arrancará la segunda vuelta que alcanzará también a miles de comerciantes.

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