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La exjueza de Paz de La Carolina no se da por vencida y presentó una denuncia contra el Estado

Lucía Vázquez insistió con sus cuestionamientos al proceso de selección para cubrir el cargo al formular una demanda contenciosa administrativa.

Albarado Magallanes prestó juramento ayer como nuevo juez de Paz de La Carolina.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 27/09/2018 12:18
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También promovió una medida cautelar “innovativa” para que el trámite se retrotraiga antes de la publicación del acuerdo que le permitió ayer asumir a Emir Albarado Magallanes.

La exjueza de Paz Lego de La Carolina, Lucía Vázquez formalizó las presentaciones con el patrocinio del abogado, Francisco Guiñazú.

El viernes 21 de septiembre iniciaron una demanda contenciosa administrativa contra el Estado provincial por una actuación producida por el STJ que es el que tiene las facultades de administración.

Para realizar el trámite, Guiñazú tuvo que pedir que se le asignara un número de expediente digital para subir la presentación. Efectuó ese procedimiento el martes pasado y un día después se publicó el acuerdo Nº 684 donde se asignaba el día y el horario para que Albarado Magallanes prestara juramento en el cargo.

Por ese motivo, el abogado presentó una medida cautelar “innovativa” para retrotraer la situación al acuerdo que habilitó al nuevo tomar posesión del cargo.

“Estamos pidiendo que el Superior Tribunal se expida sobre este pedido, pero no pueden pronunciarse los mismos ministros que ya resolvieron el tema, es decir, que no pueden participar (Lilia) Novillo, (Martha) Corvalán ni (Carlos) Cobo y se tiene que conformar un nuevo tribunal”, explicó.

Por otra parte, el letrado sostuvo que se ha producido una “situación grave”, ya que el máximo órgano judicial tiene la obligación de ejercer el control de constitucionalidad pero “acá nos encontramos con que está viciado”.

En ese sentido, mencionó que no se difundió el puntaje ni los fundamentos del orden de mérito y que Magallanes “nunca vivió en La Carolina y en el partido” por lo tanto no cumple con uno de los requisitos del artículo 222, el cual plantea que para ser juez de paz Lego se requiere ser vecino del partido.

“Creemos que esto se sostiene simplemente en la voluntad caprichosa de los ministros del Superior Tribunal que piensan más en el acomodo de un funcionario que en la objetividad de la ley y de la Constitución”, criticó.

“Hay una estrategia política tendiente a consolidar el poder territorial en el interior de la provincia de San Luis, porque los jueces de Paz tienen ascendencia dentro de localidades, son referentes de la zona y tratan de ubicar personas que sean afines al poder político provincial”, consideró.

Vázquez dijo que desde el STJ “no respetan los plazos, no escuchan, no responden la cuestión de fondo que se ha planteado en las presentaciones que hemos hecho”.

“Se siente impotencia y desilusión. Lo que me está pasando a mi es un reflejo de lo que sucede en la Justicia, las cosas no se manejan de manera correcta”, concluyó.

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