La Justicia Federal investiga delitos electorales en San Luis
Llamaron a indagatoria al exintendente de Arizona, Pedro Figueroa (Compromiso Federal), una funcionaria, policías y votantes truchos de La Pampa y Mendoza que habrían sido trasladados por los candidatos de Rodríguez Saá.
El fiscal Federal, Cristian Rachid, pidió la convocatoria de 86 personas.
Son investigados porque habrían participado en forma fraudulenta de las elecciones del año 2015 en el municipio de Arizona.
Hubo cambios falsos de domicilio a la localidad puntana por parte de personas que, en su mayoría, registraban domicilio en General Pico. Ninguno de los imputados en la causa se mudó efectivamente al municipio. ¿Qué recibían a cambio? Una licencia de conducir profesional.
Rachid promovió el llamado a declaración indagatoria en el marco de una causa donde se investigan una serie de delitos contra “la fe pública en concurso con violaciones a la Ley Electoral Nacional” que habrían tenido lugar en el pueblo del departamento Dupuy.
Están incluidos en la citación la totalidad de los falsos electores detectados (por infracción a los arts. 293 del CP y art. 137 del CEN), el entonces intendente comisionado, Pedro Figueroa y la encargada de la oficina local del Registro Civil por idénticos delitos en concurso con infracción al art. 248 del Código Penal.
También deberán presentare los efectivos policiales que extendieron falsos certificados de domicilio a favor de los electores imputados y a testigos civiles que efectuaron falsas declaraciones con los mismos fines, en sendos certificados falsos de residencia (en los dos últimos casos, por infracción al art. 293 del CP).
La causa se inició el 7 de septiembre de 2015 a partir de la denuncia efectuada por un particular, quién denunció que en Arizona – localidad ubicada a 345 kilómetros al sur de de la ciudad de San Luis- concurrían a votar personas que no se encontraban domiciliadas en el pueblo.
Desde la Fiscalía se llevaron adelante una serie de medidas de prueba, entre las que se destacan los pedidos de informes a organismos públicos tendientes a constatar el domicilio de las personas señaladas y el allanamiento realizado en la sede del Registro Civil de Arizona, donde se secuestró documentación de interés para la causa.
En base a las pruebas la Fiscalía determinó la existencia de múltiples cambios falsos de domicilio a Arizona por parte de personas que registraban domicilio en las ciudades de General Pico (La Pampa) y General Alvear (Mendoza).
Ninguno de los imputados se mudó efectivamente a Arizona y, más aún, ni siquiera acreditaron los requisitos legales exigidos para obtener el cambio de domicilio, trámite que se materializó de manera previa a las elecciones simultáneas (nacionales, provinciales y municipales) de ese año.
Pedro Figueroa quedó involucrado en la maniobra. Los electores cruzaban la frontera provincial para sufragar a favor de su hijo, Ariel quien finalmente resultó elegido por la fuerza de Alberto y Adolfo Rodríguez Saá que en 2015 participó de las elecciones como Compromiso Federal.
Los Figueroa han alternado en el poder local en la última década.
A cambio del voto, Pedro Figueroga les ofrecía el carnet de conducir categoría profesional. El otorgamiento de la licencia a los imputados se llevaba a cabo de manera irregular, sin la exigencia de ninguno de los requisitos vigentes para la categoría profesional, tales como el certificado médico, examen teórico práctico, entre otros, según se denunció.
Más aún, la investigación permitió verificar que en la mayoría de los casos, los acusados tramitaron su licencia de conducir en la Municipalidad de Arizona el mismo día en que realizaron el cambio de domicilio falso a esa localidad.
Más del 90% de los votantes truchos no cruzó los límites para votar en San Luis en el ballotage en el que fue electo presidente Mauricio Macri. En cambio el grupo de “electores” si concurrieron a las PASO y a las elecciones del 25 de octubre.
Según registros fílmicos y fotográficos tomados por personal de la Policía Federal Argentina, permitieron identificar el cruce desde General Pico hacia Arizona de vehículos que trasladaban a muchos de los votantes truchos durante los días previos a la jornada electoral, indicó el fiscal.
La Fiscalía, a la hora de dimensionar el ilícito detectado, puso de relieve que el circuito 111 Arizona San Luis contaba en 2015 con un total de 852 electores, con lo cual los delitos imputados pudieron incidir efectiva e ilegítimamente en la conformación de la voluntad de más del 8 por ciento del padrón electoral de la mencionada localidad.
Rachid señaló que “la intervención en la maniobra de Figueroa obedece a una clara motivación personal (asegurarse un resultado electoral favorable en las elecciones generales de 2015) y resultó imprescindible, pues desde su posición y competencias a cargo del Ejecutivo municipal, organizó y configuró el marco de actuación delictivo en el que se insertó la actuación criminal de todos los electores” mencionados.
“En efecto, como máxima autoridad local, organizó y obtuvo el aporte –necesario para la inserción de las falsas declaraciones imputadas- de los funcionarios provinciales con asiento local que igualmente intervinieron en la maniobra (oficial del Registro Civil y policías provinciales) y, asimismo, extendió ilegítimamente las licencias de conducir que proporcionó, a cambio de su promesa de voto –igualmente ilegítimo-, a los electores mencionados”, dijo.
“Por tales motivos, y una vez más, es posible sostener que tales extremos hubieran sido de imposible realización sin la participación ardidosa del por entonces intendente de Arizona Jorge Pedro Figueroa, quien deliberada y arbitrariamente confirió tales licencias de conducir a todos y cada uno de los electores imputados en la presente causa sin observar ninguno de los requisitos pertinentes de la normativa vial, a cambio de que estos concurran a votar en las mesas habilitadas en el circuito electoral 111 Arizona San Luis, durante las elecciones PASO y generales de 2015”, agregó.