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Los $80 millones a la esposa de R. Saá: la Justicia provincial lleva 10 meses desobedeciendo a la Corte

Los diputados denunciantes pidieron que en forma “urgente” se remita el expediente a la Justicia Federal donde se pidió la investigación penal de la cúpula del Gobierno de Rodríguez Saá.

Adolfo Rodríguez Saá y Gisela Vartalitis en el lanzamiento de la Fundación Mujeres Puntanas en agosto e 2017.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 30/09/2018 23:13
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Este lunes se cumplen exactamente diez meses de que la Corte Suprema de Justicia instruyó al juez Penal N° 1 de San Luis que se desprenda de la denuncia por el otorgamiento en plena campaña electoral de un subsidio de $80 millones a la fundación de Gisela Vartalitis, esposa del senador Adolfo Rodríguez Saá.

A mediados de la semana pasada los abogados que representan a los legisladores de Avanzar y Cambiemos por San Luis, hicieron una presentación en el juzgado porque se está “desobedeciendo y obstaculizando una investigación judicial” de un caso en el que se “ha dañado el patrimonio de la Provincia de San Luis”.

“Buscamos el expediente por todos lados hasta que al final logramos encontrarlo escondido en el juzgado del Crimen Nº 1 de la Provincia, como tratando de frenarlo para que nunca más se moviera, que prescribiera o nos olvidáramos, es gravísimo”, señaló el asesor letrado, Roberto Pagano en declaraciones a El Chorrillero.

Apenas el portal Zbol.com.ar publicó que el gobernador Alberto Rodríguez Saá autorizó en tiempo récord una transferencia a la fundación Mujeres Puntanas que regaló electrodomésticos en plena campaña electoral con la presencia del entonces candidato a senador nacional, Adolfo Rodríguez Saá, los legisladores fueron a la Justicia Federal.

Denunciaron la posible violación de la Ley Nacional de Financiamiento Electoral y la presunta comisión de una serie de delitos tipificados en el Código Penal por parte del gobernador y un grupo de funcionarios.

El juez Federal, Juan Maqueda se declaró incompetente para investigar si Alberto Rodríguez Saá y un grupo de funcionarios incurrieron en “abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos y peculado y fraude en perjuicio del Estado Provincial”.

Por esa razón el expediente fue a las manos del entonces juez de turno, Eduardo Cadelago Filippi, recientemente promocionado a juez de Cámara, que lo rechazó.

Con ambos magistrados declarándose prescindentes, la causa subió a la Corte Suprema que todavía no decidió quién se ocupará de unos de los casos más escandalosos de los últimos años.

El 1° de diciembre de 2017 la Corte dispuso que la Justicia provincial envíe el expediente a Maqueda.

Alejandro Cacace (UCR), Juan Manuel Rigau (UCR), Walter Oio (PRO), Elena Pastor (UCR) y los ahora ex legisladores Ingrid Blumencweig (Avanzar), Sergio Guardia (Avanzar) y Fidel Haddad (UCR-) firmaron hace un año la presentación.

Con Cacace a la cabeza pidieron ahora que se acate la orden. Cadelago Fillipi dejó el juzgado sin responder la instrucción y su sucesor el juez provisorio Gabriel Flores Leyes hasta el cierre de la semana pasada, tampoco lo había hecho.

Pagano señaló que analizan hacer una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia para que “investigue por qué estuvo parado y escondido el expediente”.

El próximo martes 2 se cumplirá un año del caso que involucra al gobernador; el vicegobernador, Carlos Ponce; los ministros de Natalia Zabala Chacur, y Sergio Freixes; el fiscal de Estado, Eduardo Allende y el contador General de la Provincia, Daniel Marone. Además de Adolfo Rodríguez Saá y Vartalitis.

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