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Piden la interpelación del ministro porque no logran respuestas a los problemas de inseguridad y la droga

Es la consecuencia del silencio que mantiene el Gobierno y su negativa de responder qué hace para prevenir y controlar el delito y cuál es su plan para combatir el narcotráfico en la provincia.

FOTO ANSL
El 26 de junio asumió Diego González.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 04/10/2018 10:52
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Todos los pedidos de informes que se presentaron fueron bloqueados por el mayoritario bloque de Diputados de Unidad Justicialista y la interpelación se da por hecho que correrá la misma suerte.

En casi tres años de gestión, Alberto Rodríguez Saá descabezó dos veces la conducción del área Seguridad. El último cambio catapultó como ministro a Diego González y a Fabricio Portela como jefe de Policía.

Los legisladores de Avanzar y Cambiemos por San Luis vienen planteando desde hace un tiempo “una crisis” en la seguridad pública; y en consecuencia en los últimos tres años se hicieron repetidas presentaciones de pedidos de informes que nunca fueron respondidos.

En paralelo y con la reestructuración de la cúpula policial se cortaron los canales de comunicación y se bloqueó definitivamente también en Seguridad el acceso a la información pública.

En lo concreto se sabe que el delito creció en San Luis, y también el consumo de drogas principalmente en los barrios más vulnerables donde la prevención es casi nula. La realidad ha sido reflejada por las estadísticas oficiales de la SEDRONAR y también desde diferentes sectores sociales donde el flagelo está provocando una preocupación alarmante que no tiene respuestas.

Si se toma a este año, a finales de abril el diputado provincial Walter Oio elaboró un pedido para que el Gobierno informara sobre el mapa del delito y los datos que este le proporcionaba para combatir el delito; también indagó sobre cuál es la política criminal, cuáles las “zonas calientes” y las estadísticas elaboradas entre 2017 y 2018 en relación a los publiciatados megaoperativos montados por la Policía.

Ernesto Alí fue el segundo ministro de Seguridad.

La solicitud incluyó también otros interrogantes: cuántos y cuáles son los recursos logísticos y tecnológicos (móviles policiales, armamento, cámaras de seguridad, equipos de comunicación, equipos para análisis forense informático, drones y scanners) con las que están equipadas las comisarías, subcomisarías y puestos limítrofes de la provincia.

Inclusive se pretendía saber si el total de esas dependencias cuentan con conexión a internet a alta velocidad; cuántos pórticos de identificación de patentes son los que cuentan con detector de velocidad y cámaras en la provincia; cuáles fueron las capacitaciones que recibieron durante el 2017 y 2018 los agentes policiales, penitenciarios y pertenecientes al programa de seguridad vial; la cantidad y ubicación de las cámaras de seguridad en todo el territorio provincial, y por último cuáles se encuentran operativas.

“Los reclamos nos llegan todos los días. Necesitamos saber qué hace el Gobierno, si no responde pediremos la interpelación. En todo caso, iré yo al ministerio para que me atienda, porque la gente busca respuestas”, explicó el diputado en ese momento.

El legislador alarmó también que por ejemplo Villa Mercedes se encontraba “sin ningún tipo de protección” y que el delito es el “mayor problema” de la ciudad.

A ese pedido se sumó otro sobre el narcotráfico en San Luis.

En ese sentido el pedido apunta a saber cuál era el monto que el Estado destinó al Departamento de Lucha contra el Narcotráfico; el plan de trabajo de prevención y los resultados obtenidos; cuántos son los efectivos afectados al departamento y cuál es la capacitación que se les brinda a los policías, explicó Juan Manuel Rigau.

El pedido se fundamentó en el crecimiento “desmedido del narcotráfico” y en la preocupación de que no es “una prioridad en la agenda del Poder Ejecutivo Provincial”.

El año pasado se conoció que el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá le podó el 70% del presupuesto a esa área que trabaja exclusivamente como uno de los flagelos que se expande en el territorio sanluiseño. Le sacó siete millones de los diez millones asignados. A partir de allí también se plantearon inquietudes.

En el mismo ámbito de las solicitudes entorno a la seguridad, también se expuso un pedido (el 21 de agosto) sobre “la situación institucional de la Policía”.

Este fue promovido ante la “preocupación de la sociedad y parte del personal policial” por el estado en que se encuentra la institución policial “en todos sus aspectos”, según se expuso. Entre ellos se planteó “la carencia de móviles policiales, su escasa circulación por la ausencia de combustible y la falta de insumos básicos para su normal funcionamiento”.

La solicitud pidió que el Gobierno determine la cantidad de móviles policiales que se encuentran circulando con normal funcionamiento y cuántos están para ser reparados; la cantidad de policías afectados a los controles policiales en ruta y “los motivos por el cual se realizó una modificación de la partida presupuestaria del Plan Mantenimientos de edificio de Seguridad, del 100 % del crédito original determinado en el presupuesto anual”.

Como a lo largo de todo este tiempo no se ofreció respuestas desde Terrazas del Portezuelo es que ahora solicitan la interpelación del ministro de Seguridad, Diego González. Así el bloque de diputados de la oposición busca que el funcionario rompa el silencio y ofrezca las explicaciones que son de interés público y de una preocupación extrema.

Hasta hace un tiempo existía un flujo de información policial sobre la ocurrencia de los delitos diarios, pero con la llegada de González Portela, y la reestructuración y ampliación de la nueva cúpula, el Departamento de Relaciones Policiales fue eliminado después de funcionar por más de 30 años.

Beatriz Alagia se hizo cargo de Seguridad el 10 de diciembre de 2015. (Foto ANSL)

Ahora la información pasa por un filtro que maneja directamente González desde el organismo que tiene a cargo. La información difundida se limita a los operativos vehiculares o a aquellos delitos que son esclarecidos, y no se puede acceder a las denuncias diarias como los asaltos o los delitos contra la propiedad.

Por lo general los hechos más graves de inseguridad trascienden desde las redes sociales donde son expuestos por los propios damnificados.

“Es imperante la necesidad de contar con explicaciones adecuadas a la enorme cantidad de deficiencias del estado actual del sistema de seguridad Provincial, que someten a los ciudadanos y al personal policial a situaciones extremas”, fundamentó Rigau.

El proyecto pasó este miércoles para ser tratado en comisión. “Hemos hablado con la intención de que el ministro venga a la comisión, y de no ser así vamos a pedir la próxima semana el tratamiento sobre tablas”, contó el diputado en diálogo con elchorrillero.com.

“Es necesario terminar con esta crisis y empezar a adoptar políticas públicas serias y positivas en materia de seguridad, capaces de revertir esta situación”, expuso.

En el proyecto se solicita citar al ministro de Seguridad, de conformidad con el Artículo Nº 119 de la Constitución Provincial, “para que comparezca en el término de diez días ante la Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis, a fin de posibilitar así a los miembros de este Honorable Cuerpo acceder a toda la información sobre las distintas irregularidades que atañen tanto a la seguridad de la Provincia de San Luis como al personal policial”.

Desde el oficialismo señalaron que “no existe ninguna posibilidad” de que el funcionario sea interpelado. No hay antecedentes de que Alberto Rodríguez Saá haya autorizado a un funcionario a someterse a un interrogatorio en la Legislatura.

Qué buscan saber ahora:

  1. En detalle cual es el plan de seguridad que se diagramo desde el inicio de su mandato.
  2. Las estadísticas de los ilícitos de los últimos 3 meses.
  3. Cuáles son las medidas llevadas a cabo de la lucha contra el narcotráfico.
  4. Objetivos de los operativos denominados “mega operativos de saturación” realizados.
  5. Detallada de todas las capacitaciones realizadas en el año 2018 a todo el personal policial.
  6. Pormenorizadamente el estado de cada uno de las comisarías que forman parte del Sistema de Seguridad de la Provincia de San Luis y el mantenimiento que fuere necesario para los mismos.
  7. En detalle los diferentes montos y conceptos que se han destinado a infraestructura en seguridad.
  8. Sobre la cantidad de personal policial matriculados con los que cuenta la provincia.de San Luis.
  9. Cantidad de móviles policiales con los que cuenta la Provincia de San Luis y cuántos de ellos se encuentran circulando
  10. Cuál el monto destinado a la circulación de los móviles policiales
  11. Determine qué articulados de la Ley orgánica de la Policía de San Luis N° X-0981-2017, aprobada el año 2017 se encuentra reglamentada
  12. Informe sobre las medidas adoptadas y/o a adoptar en vistas a revertir la delicada situación actual de la Seguridad de la Provincial.

 

 

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