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Pidieron el llamado a indagatoria de la intendente de Nogolí por irregularidades en las elecciones

A los electores les dieron votos marcados y advirtieron que perderían beneficios del Estado, si no sufragaban por los candidatos de Rodríguez Saá.

Claudia Pinelli fue electa intendenta en las elecciones de octubre de 2017.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 07/10/2018 04:09
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Las legislativas del 22 de octubre de 2017 ya tienen un lugar asegurado en la historia judicial provincial por la serie de maniobras que le costaron al oficialismo denuncias en jurisdicción de la justicia federal y provincial.

A punto de cumplirse un año de los comicios, el fiscal Federal, Cristian Rachid pidió que se llame a prestar declaración indagatoria a la intendente comisionada, Claudia Pinelli, la directora del Hospital, Silvia Quevedo y a dos fiscales del Frente Unidad Justicialista.

La causa se inició a instancias de una denuncia formalizada el día anterior a las elecciones por los apoderados del Frente Avanzar y Cambiemos por San Luis ante la secretaría Electoral Nacional.

¿Cuál fue el modus operandi? Dirigentes y punteros que se presentaban en nombre del Gobierno y el Frente Unidad Justicialista citabas a electores a reuniones en distintos lugares del pueblo y los coaccionaban. Los amenazaban diciéndoles que iban a ser expulsados del Estado o no serían favorecidos con las dádivas que se distribuían en forma indisimulada, en caso de que no votaran a los candidatos de Rodríguez Saá.

La sábana de la Lista N° 501 en Nogolí.

Para asegurarse la voluntad, les entregaban el voto marcado que era justamente el que debían depositar en la urna.

Algunas de esas boletas que se repartieron en forma anticipada, llegaron a manos de los asesores legales del Frente opositor que las acreditaron en la denuncia. Tenían una letra y un número. La letra identificaba el beneficio social o prestación estatal que recibía el elector, mientras que el número indicaba la identidad de la persona y su grupo familiar. Por Ejemplo: “H1” correspondía a una persona que recibe beneficios del Hospital público; “M3” a un beneficiario de los merenderos; “B7” a becarios; “P3” al Plan de inclusión social; “PB2” a Pañuelos Blancos y “AS4” a otra ayuda social.

Tras una solicitud del fiscal, el juez Federal Juan Esteban Maqueda ordenó una medida cautelar consistente en la preservación de las urnas con los sufragios emitidos en el Departamento Belgrano.

En el escrutinio se constataron un total de 65 boletas irregulares.

En el transcurso de la investigación se registraron varios testimonios que ratificaron las presiones. A pesar del temor a represalias, hubo electores que declararon cuál fue la mecánica empleada.

Así Rachid determinó que la actual intendenta, Quevedo, Nicandro Hilario Amieva y Nancy Escudero son coautores de la conducta tipificada por el artículo 139 inciso “b” del Código Electoral Nacional al haber “compelido a electores a votar de manera determinada”.

Pidió la indagatoria porque entendió que organizaron y ejecutaron un plan para obtener ilegítimamente votos para el Frente de Unidad Justicialista. Concluyó que la condición para gestionarles el acceso a planes o beneficios sociales y/o para conservar los beneficios de esa naturaleza acordados, fue votar al oficialismo provincial.

Definió la intervención de cada uno de los involucrados y expuso la organización existente: Por un lado, Pinelli (en ese momento interventora) y Quevedo (directora del hospital) como funcionarias del Gobierno podían disponer los beneficios. Por el otro, Amieva y Escudero brazos ejecutores de la maniobra que cerraba porque se encargaban de controlar -como fiscales de establecimiento o de mesa del Frente de Unidad Justicialista- los comicios y hacer sentir su presencia a los votantes. Después ambos verificaban en el escrutinio que “aparecieran” los votos marcados.

El delito electoral que se les adjudica contempla una pena de prisión de uno a tres años y una accesoria la privación de los derechos políticos por el término de uno a diez años.

La sábana de la lista N° 501 en Nogolí, en particular, estuvo conformada por cinco categorías: senador nacional (titulares: Adolfo Rodríguez Saá y Eugenia Catalfamo, suplente: Alberto Rodríguez Saá); diputados nacionales (Karim Alume, Victoria Rosso y Alberto Geraiges); senador provincial (Mabel Leyes); diputados provinciales (Rosa Calderón, Luis Amieva y Norma Rosa Villegas) e intendente comisionada, Claudia Pinelli.

Pinelli que resultó electa jefa comunal, forma parte de Es Posible, la agrupación creada por Alberto Rodríguez Saá para suceder al resistido Partido Unión y Libertad (PUL).

El voto marcado.

En la misma campaña electoral el Frente opositor formuló una serie de denuncias. Hay causas en el fuero federal y provincial contra el gobernador por haber entregado a la Fundación Mujeres Puntanas de la esposa de su hermano Adolfo, $80 millones que se usaron para regalar electrodomésticos; contra ministras por el reparto de tablets a punteros en la sede del PJ y por el otorgamiento de planes sociales el día de la elección violando la prohibición de efectuar actos de gobierno para captar votos y la veda electoral.

El fiscal Federal viene de promover la indagatoria del ex intendente de Arizona y dirigente del PJ, Pedro Figueroa por un escandaloso fraude. En 2015 trajo electores de La Pampa y Mendoza para que votaran a su hijo, el actual intendente, a cambio de una licencia de conducir profesional.

En el caso de Nogolí, la voluntad popular a lo largo de las últimas décadas ha sido burlada por el fraude y el azar. En 2015, una puja intestina del oficialismo (el PUL ganó en las urnas, pero no se animó a denunciar que el PJ le birló la intendencia en el escrutinio) se resolvió con la intervención. Antes, una elección en la que los dos candidatos empataron, el Superior Tribunal definió a través de un bolillero el intendente, que terminó denunciado, sometido a juicio oral y absuelto por corrupción.

San Luis, otro país.

 

 

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