El Gobierno destinará $1.300 millones a los caminos de las riberas de los ríos V y Conlara
Los proyectos son una prioridad para la gestión de Alberto Rodríguez Saá porque ya formalizó el llamado a licitación.
El proceso avanza a toda marcha y la apertura será el 29 de octubre. Mientras corren los plazos muchos propietarios de las tierras continúan preocupados porque no logran hablar con las autoridades.
Ambos caminos fueron impulsados por el Gobierno para “incentivar el turismo y poner en valor a los paisajes naturales".
Los proyectos fueron anunciados en agosto en el marco de la presentación del Plan “Sueños Puntanos”, que promete una inversión de $5 mil millones.
En el Boletín Oficial del viernes 5 de octubre se publicaron los edictos de los llamados a licitación N° 3 (Camino Río V) y 4 (Camino Río Conlara) que fueron autorizadas por los decretos Nº 3786-MOPeI-2018 y Nº 3787-MOPeI-2018.
“Vamos a lograr abrirlos, conocerlos, para el turista que quiera hacer el recorrido, que llevará un día y pasará por todos los pueblos”, indicó el mandatario provincial al promocionar las futuras rutas.
En este sentido les pidió “una enorme paciencia y sabiduría” a los propietarios de las tierras ya que se expropiarán las hectáreas necesarias para el desarrollo de las rutas. “No queremos que lo vivan como una expropiación, sino con alegría, porque estamos llevando progreso y valorizando el lugar”, instó el gobernador.
El camino de la Ribera del Río V nace en Las Barranquitas y se extiende hasta Villa Mercedes a lo largo de un recorrido que abraza a Saladillo, Paso de las Carretas y un trazado de zonas vírgenes. Este tramo cuenta con 97,5 kilómetros y la licitación determina 15 tramos que demandarán una inversión de $596.400.000.
Por su lado el camino de Río Conlara va desde Paso Grande hasta Santa Rosa del Conlara y recorre el dique San Felipe, Renca, Tilisarao, San Pablo y Concarán. Los 115 kilómetros de extensión también fueron divididos en 15 tramos que insumirán un total de $712.813.500,00.
El presupuesto global supera los $1.300 millones para ambas licitaciones. El plazo de ejecución es de $240 días corridos.
Las obras incluyen zonas de recreación y descanso, con iluminación autosustentable, entre otras acciones.
La preocupación de los propietarios
Los dueños de las tierras afectadas mostraron su preocupación desde el día en que se enteraron de las expropiaciones gracias a la publicación en El Diario de la República.
Desde un primer momento también plantearon la “falta de comunicación” por parte del Gobierno que intervendrá sus campos para construir las rutas sin haber entrado en contacto con ellos.
Varios dueños aseguran que no están “en contra del progreso” de la provincia, pero sostienen que se pasó por encima de la voluntad de ellos.
Algunos perderán “hasta el 90%” de sus propiedades. Ramiro Amieva, uno de los damnificados explicó en diálogo con elchorrillero.com que el edicto publicado el 15 de agosto grafica que le tomarán 55 de las 63 hectáreas que posee.
“Nos sentimos indignados, nos han quitado el sueño de toda una vida”, dijo.
Otro campo de la zona que posee 1200 hectáreas se verá afectado en 700, y la lista continúa. “Si no leíamos el edicto ¿nos enteraríamos cuando llegaran las topadoras? Estoy de acuerdo con la ruta pero queremos que nos expliquen porqué en estas condiciones, ojalá nos den una explicación y ver si se puede llegar a otro arreglo”, sostuvo.
El 13 de septiembre los propietarios de la zona de Río V decidieron organizarse para unificar el reclamo y se reunieron en Fraga con la intendenta Antonella Gil.
En ese momento resaltaron la predisposición de la funcionaria que pidió una audiencia con el Gobierno para debatir la temática. Lo cierto es que desde entonces no tuvieron respuestas. No hubo ningún llamado telefónico o notificación escrita en torno a la obra.
Durante la convocatoria definieron tres grandes ejes que consideran clave: la pérdida económica, el desarraigo y el impacto ambiental.
Este último ítem hace referencia a la Ley de Bosques Nativos de la Provincia de San Luis (IX-0697-2009), que adhiere a la legislación nacional y limita este tipo de intervenciones.
Según la normativa vigente, la zona a explotar estaría protegida en el marco de lo que se denomina técnicamente como Categoría I (rojo). Para realizar el desmonte y las modificaciones necesarias, el Gobierno debería esperar a una nueva resolución con un estudio de impacto ambiental de por medio. Asimismo todo parece indicar que la obra se concretará.
“Diciendo y haciendo”, es un eslogan que sumó el Gobierno en los últimos tiempos. En este caso lo cumple el pie de la letra.