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Renuncias anticipadas de jueces en San Luis: “La división de poderes estaba hecha añicos”

El lunes inicia el juicio donde se acusa al ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción, Sergio Freixes y al exviceministro de Legalidad, Mario Zavala, por concretar acciones de condicionamiento a funcionarios judiciales.

El presidente de Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofré, aseguró que es un caso paradigmático en la región.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 23/10/2018 13:16
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Después de 13 años juzgarán a los ministros de Alberto Rodríguez Saá por el caso que generó un escándalo nacional en 2005, donde Freixes (por entonces ministro de Legalidad) y Zavala, fueron denunciados por presionar a jueces y fiscales.

Las acciones que se les atribuyen, donde hacían firmar las renuncias anticipadas, les permitían asegurar la línea de influencia del Gobierno en la Justicia bajo la amenaza de provocar la pérdida de los cargos judiciales.

Estas maniobras ocurrieron durante el primer mandato de Alberto Rodríguez Saá en un momento de crisis institucional y social que incluyó un conflicto con el Obispado y sectores como los docentes.

El presidente de Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofré (quien fue el abogado que patrocinó a la denunciante de la entonces fiscal provincial Gretel Diamante), en vísperas del inicio del juicio formuló declaraciones sobre el caso durante una entrevista con el periodista Nino Romero en su programa Agenda Abierta de Radio Dimensión.

Aseguró que las conclusiones del juicio pondrán a prueba al sistema jurídico y sellará un antecedente ante uno de los casos más paradigmáticos, incluso a nivel regional.

También adelantó que visitará la provincia durante los primeros días de noviembre con la intención de presenciar algunas de las audiencias del juicio para analizar todos los detalles de su desarrollo.

Además aseveró que una resolución ejemplar será la prueba de que la Justicia de San Luis tiene la capacidad de auto investigarse y trascender los límites de las presiones políticas.

A continuación las principales definiciones:

“Poder Ciudadano, que es el capítulo argentino de transparencia internacional, se interesó (en el caso) desde el rol ciudadano y de la lucha contra la corrupción, no somos parte del juicio, lo que hemos presentado es un documento como amigos del tribunal (amicus curiae) señalando el interés que tiene la sociedad en el resultado final del juicio”.

“La verdad que incluso en los reportes de transparencia internacional a nivel regional, es un caso paradigmático. No hay otro donde exista una sospecha tan contundente sobre la falta de división de poderes, ya que en definitiva estamos hablando de cómo un funcionario del Poder Ejecutivo influía o pretendía influir sobre la independencia del Poder Judicial”.

“Uno de los valores republicanos esenciales es que los jueces sean imparciales, aquí justamente lo que se echaba por tierra era la posibilidad de que los jueces nominados para los cargos superiores fueran independientes porque al tener la renuncia firmada cualquier decisión que molestara al Ejecutivo o a la política, gatillaba en la presentación de la renuncia. Eso es una demostración evidente de cómo uno de los pilares de la república que es la división de poderes estaba hecha añicos”.

“En este caso fue muy difícil obtener jueces que se animaran a juzgar porque impactaba de lleno a todo el sistema de Justicia, entonces hubo recusaciones, colaboró una fiscal de Mendoza, muchos de los jueces conocían a los imputados, fue un problema conformar el tribunal y los imputados se ocuparon de dilatar el juicio todo lo posible planteando artilugios procesales para evitar que llegue esta instancia esencial de la verdad que es el debate oral y público”.

“El lunes inicia la etapa definitoria. Vamos saber si tendremos Justicia y si ésta Justicia cuyo problema es la falta de independencia, será capaz de dictar un fallo justo”.

“El tratamiento del juicio será un caso de laboratorio que pone a prueba la solidez del sistema de gobierno en la provincia y el país en general, porque es un caso único en la región”.

“En nuestro Código Penal los delitos de corrupción tienen penas que garantizan la libertad. Estas personas en caso de ser condenadas, si no presentan antecedentes es muy posible que les den penas de ejecución condicional”.

“No soy muy favorito de los encarcelamientos, aquí lo importante es que haya un castigo y una decisión justa”.

“Si el cuadro probatorio permite acreditar que los hechos ocurrieron de la manera brutal que denunciamos, lo que tiene que haber es una decisión de la Justicia que sea ejemplificadora y ponga una decisión final a esta situación”

“En cuanto al encarcelamiento no es importante porque lo que queda es la decisión final de la Justicia independiente que tuvo la capacidad de auto investigarse y superar las presiones de la política”.

“Uno dice ¿para qué querían tener jueces que no fueran independientes? Para realizar actos reñidos con la legalidad, la ética y la moral, evidentemente es parte de un sistema de corrupción”.

“Lo que deja un juicio oral y público es la enseñanza a la sociedad, a todos los que estamos siguiendo el asunto, a la prensa, a los ciudadanos. Todavía cuando voy a algún foro internacional y comento el caso no me pueden creer, parece un cuento de Gabriel García Márquez”.

“El único reflejo que tengo de la administración de la Justicia en la provincia es el seguimiento de este caso y alguna conversación que mantengo esporádicamente con la doctora Gretel Diamante que es una destacada jueza de la Justicia Federal de la ciudad”.

“No tengo mucha información de como funciona la Justicia local, me parece que ha sido un caso bisagra que ha marcado un antes y un después. La política había llegado a un poder de injerencia del Poder Judicial, ahora ya no se animan a eso”.

“Ahora podrá haber mecanismos indirectos de presión pero hacer firmar la renuncia anticipada nunca más, me parece que no debe haber ocurrido”.

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