San Luis: comienza el tercer juicio de lesa humanidad
El debate oral contará con más de 50 testigos y se prevé que los acusados, cuatro exfuncionarios, estén presentes.
Este viernes comienza el tercer juicio por lesa humanidad en San Luis por delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar, llamado “juicio a jueces”.
Quienes serán juzgados son el exjuez Federal, Eduardo Allende, el exfiscal Federal Hipólito Saá, el exmédico de la Policía de San Luis, Jorge Omar Caram y el exteniente de la Artillería Nº 141, Alberto Eduardo Camps.
Todos están acusados de integrar una “asociación ilícita, privación abusiva de la libertad agravada y tormentos”.
Está previsto que el debate empiece a las 8:30 en el Tribunal Oral Federal y las audiencias se desarrollen cada 15 días, es decir todos los viernes con jornada intensiva, por la mañana y por la tarde.
Se estima que la sentencia se dictará a fin de año o a comienzo del 2019.
Jueces federales Julián Falcucci, Alberto Daniel Carelli y María Paula Marisi.
Hubo dos audiencias preliminares donde acordaron la incorporación de pruebas y declaraciones audiovisuales de 49 personas pertenecientes a los dos juicios anteriores.
También fueron citados a declarar de forma presencial 11 víctimas. Ellos son: Ignacio Echandía, Julio Oscar González, Víctor Hugo Ciriveni, Inés Villarme, Mabel Merlino, Abdo Reid, Omar Prudencio Juárez, Raúl Alberto Castillo, Juan Manuel Echandía, Irma Zacardo de Castillo y Raquel Camacho de Castillo.
Los jueces federales María Paula Marisi y Alberto Daniel Carelli de Mendoza y Julián Falcucci de Córdoba conformarán el Tribunal.
Por el ministerio Público Fiscal intervendrán Cristian Rachid y Mónica Spagnuolo. Estará además el representante de la Asociación Permanente de Derechos Humanos (APDH) y querellante, Norberto Hugo Foresti.
Hipólito Sáa cuenta con el patrocinio de Juan Rodríguez Estévez, mientras que Allende, Caram y Camps serán asistidos por los defensores oficiales, Santiago Bamolde y Federico Reinaldo Pastor.
La defensa de Saá solicitó que no concurra a las audiencias por “problemas de salud” pero la fiscalía se opuso al pedido.
Lo máximo que podrán recibir los imputados en caso de ser condenados será 25 años de prisión. La fiscalía insistirá con la calificación más gravosa y pedirá una pena perpetua para los exmagistrados.