Novillo sobre Ganancias: “Legisladores pagan sobre lo que ellos legislan y empresarios sobre lo que declaran”
La ministra del Superior Tribunal opinó sobre el proyecto de ley a través del cual se obliga a los jueces a tributar el Impuesto a las Ganancias a partir de 2019 y apuntó a que todos deben “sacarse las máscaras y caretas”.
Lilia Novillo sostuvo que está “totalmente de acuerdo” con la iniciativa presentada por la Unión Cívica Radical (UCR) por la cual se busca que magistrados y empleados judiciales nacionales y provinciales, paguen Ganancias, pero consideró que debería implementarse de forma “no mentirosa”.
La jueza planteó que los únicos que afrontan lo que corresponde del Impuesto a las Ganancias son “los empleados que tienen recibo de sueldo”, mientras que los legisladores lo hacen “sobre los montos que estipulan” y las empresas “sobre lo que declaran”.
En este sentido dijo que el pago debería hacerse de la totalidad de lo percibido, “sino van a sacar la ley, los jueces vamos a dividir el sueldo en dos o tres partes y voy a pagar solo una”.
Novillo fijó posición al ser consultada por El Chorrillero durante la conferencia de prensa que ofreció junto a la representante de la Fundación Par 21, Mariana Olmos y la psicóloga Miriam Bottino, para dar a conocer dos jornadas organizadas por el STJ sobre el abordaje de la violencia de género.
“Es injusto, unos pagan mucho y los otros lo que declaran. Paguemos todos o que no lo haga nadie. Saquémonos las máscaras y las caretas”, afirmó.
Asimismo, sostuvo que esos casos se tratan de “una farsa inaceptable”. “Deberíamos tener, como dice la Constitución, una base imponible igualitaria para todos”, agregó.
Esto permitiría que “la presión tributaria sea menor por lo menos en un gobierno que se aprecie de cuidar a su pueblo”.
Novillo aclaró que los “jueces antiguos” no pagan las ganancias, como es su caso, pero si lo hacen aquellos que han sido designados en el último tiempo.
El proyecto que impulsa la UCR pretende que se sustituya del Artículo 79 de la Ley Nacional 20.628, que hasta el momento exime a los empleados y magistrados judiciales de la responsabilidad del tributo.
Según estimaciones del ministerio de Hacienda de la Nación, si estuviera en vigencia al cabo de este año se habrían recaudado $7.400 millones.