Lesa Humanidad: suspendieron el juicio a Hipólito Saá y los otros acusados se abstuvieron de declarar

Con la presencia de la mayoría de los acusados, el Tribunal Oral Federal inició este viernes la primera audiencia del denominado “juicio a jueces”, que juzga a cuatro ex funcionarios por delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar.

El proceso es contra el ex juez Federal, Eduardo Allende (78), el ex fiscal Federal Hipólito Saá (80), el ex médico de la Policía de San Luis, Jorge Omar Caram (78) y el ex teniente de la Artillería Nº 141, Alberto Eduardo Camps (70), todos acusados de integrar una “asociación ilícita, privación abusiva de la libertad agravada y tormentos”.

Lo sobresaliente de la primera jornada fue que los acusados no declararon y que los jueces federales, María Paula Marisi y Alberto Daniel Carelli de Mendoza y Julián Falcucci de Córdoba, pospusieron el juzgamiento de Hipólito Saá.

Esto sucedió porque su defensa, representada por Juan Rodríguez Estévez y Mercedes Saá, planteó su apartamiento del debate.

Fue respaldado por el informe final realizado por el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que consideró que presenta una “discapacidad cognitiva” y es “incapaz de comprender su contexto”.

Tanto los fiscales Cristian Rachid y Mónica Spagnuolo, como el representante de la Asociación Permanente de Derechos Humanos (APDH) y querellante, Carlos Pereyra, se opusieron a este pedido y solicitaron una “ampliación de las pericias” porque “fueron insuficientes los argumentos utilizados para comprobar el estado de salud”.

El Tribunal lo desestimó y los fiscales analizarán si interpondrán una apelación. La defensa deberá certificar el mal estado de salud de Saá cada seis meses. Traducido, significa que continúa ligado a la causa pero desafectado del debate; lo que ocurra en el juicio no podrá ser usado en su contra.

Según explicó Rachid, en un diálogo con periodistas, en el caso de que se logre revertir esta decisión, el ex fiscal podrá afrontar a la Justicia de manera individual.

Camps y Allende estuvieron en la sala del TOF de San Luis asistidos por los defensores oficiales Federico Reinaldo Pastor y Claudia Ibáñez, mientras que Caram siguió todo lo que ocurría desde Mendoza a través de una video conferencia junto a su abogado, Santiago Bamolde.

Ninguno de ellos estuvo solo ya que fueron acompañados por su familia. Al lado del ex magistrado estuvo su hijo, el actual fiscal de Estado del Gobierno de San Luis, Eduardo Allende.

Asistieron miembros de la APDH como Lilian Videla, el director del observatorio de Derechos Humanos de la Municipalidad de la ciudad de San Luis, Francisco “Pancho” Ledesma, docentes y alumnos de la UNSL.

La lectura de la requisitoria se hizo de manera abreviada donde se señaló a cada una de las 24 víctimas involucradas que “comprueba de manera clara” el rol de cada uno de los imputados en las torturas y secuestros.

“Existía una comunicación interna entre las fuerzas de seguridad y la Justicia. Los hechos que se remarcan demuestran una impunidad absoluta”, indicaron.

Respecto a los siguientes debates, el próximo será el 2 de noviembre y contará con la declaración de cuatro de las víctimas: Mabel Irene Merlino, Raul Alberto Castillo, Raquel Camacho de Castillo y Víctor Hugo Ciriveni.

Si bien habrá audiencia cada 15 días, en el medio se desarrollarán dos medidas de instrucciones suplementarias, posiblemente para realizar una inspección judicial en el juzgado Federal que sigue funcionando en el mismo lugar que en el momento de los hechos.

“Esto es muy importante para que vean en qué situación física estaba la Justicia y la posibilidad que tenia de advertir, inclusive, de la existencia de presos que no estuvieran detenidos por orden judicial”, declaró Rachid.

Los acusados no la presenciarán y solo lo harán cuando decidan formular las últimas palabras o, en todo caso, la posible sentencia.

Dependiendo de cómo se desarrolle el juicio quizás se dicte un veredicto a comienzos del 2019.