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El Consejo Federal de Educación aprobó el Plan PIE, pero Rodríguez Saá lo dejó caer

Por los reclamos de egresados, el programa que fue fulminado por el actual Gobierno provincial volvió a ser noticia. Una autorización del organismo nacional lo había reconocido.

El Plan de Inclusión Educativa (PIE) se creó mediante la Ley Nº II-0911-2014 durante la administración de Claudio Poggi.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 21/10/2018 03:11
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Los alumnos hicieron público en los últimos días que no tiene fin el peregrinaje por las oficinas públicas para obtener el certificado analítico.

El PIE que fue un programa estrella del Gobierno anterior, terminó vaciado y borrado de la agenda del Estado apenas arrancó su tercera gestión Alberto Rodríguez Saá.

El Plan de Inclusión Educativa (PIE) se creó mediante la Ley Nº II-0911-2014 durante la administración de Claudio Poggi para posibilitar la alfabetización y la terminalidad de los estudios primarios y secundarios de jóvenes y adultos.

Se fundamentó en la necesidad de quebrar la barrera del 10% de analfabetos que había en la provincia, de acuerdo al último censo nacional, favoreciendo así la obligatoriedad de finalización de los estudios y las competencias necesarias para el mundo laboral.

Por los contextos y realidades sociales contempló una beca mensual de $1500 para aquellos beneficiarios que no contaban con un trabajo formal.

La iniciativa permitió a los egresados alcanzar un título con validez nacional, determinado por la Resolución CFE 32-07 que emitió el Consejo Federal de Educación de la Nación a través de la Comisión Federal de Evaluación Permanente de Ofertas Educativas.

Para adquirir la formalidad necesaria a la hora de impartir las clases y otorgar los certificados, la autoridad de aplicación tuvo en consideración todos los detalles específicos como las asignaturas, la carga horaria de cada espacio valorado en función de las actividades obligatorias para el alumno, el diseño curricular, entre otros aspectos consecuentes con la complejidad, competencia y profundidad del analítico.

De esta manera el plan se constituyó como la primera política educativa de finalización de estudios en poseer validez nacional con el título de “Bachiller en Administración y Gestión de las Organizaciones”.

Para graficar el impacto que tuvo en la sociedad, al finalizar el año 2015 alrededor de 35 mil personas estaban estudiando a través del plan: 6961 en el nivel primario y 28048 en el secundario.

Ni bien empezó el 2016 la cifra comenzó a tener bajas a raíz de las modificaciones que formuló la gestión de Rodríguez Saá.

La ley que diagramó el plan estipuló la finalización para el 31 de diciembre de 2017. Sin embargo, culminó un año antes y bajo una serie de retoques que pusieron en riesgo la validez nacional de los títulos.

El desmantelamiento de un plan “olor a Poggi”

Para 2016 el número de 35 mil inscriptos se redujo a menos de la mitad. Muchos abandonaron a medida que el actual Gobierno introducía cambios en la modalidad y en el diseño curricular.

Atrás había quedado una promesa electoral que hizo el 11 de octubre de 2015 desde una tribuna de Tilisarao. Ese día dijo: “Al malvado que quiere sembrar incertidumbre yo le repito algo: vamos a seguir con el plan PIE”.

Una de las transformaciones más pronunciadas fue el adelanto de la culminación, promoviendo alteraciones en la carga horaria, en los docentes, en los lugares de dictado de clases, en la fusión de cursos incompatibles y el congelamiento de las becas, entre otras disposiciones.

Así la propuesta que se ejecutó desde el principio como una política educativa de inclusión, fue excluyendo a los alumnos. En el presupuesto que se formuló para 2017 se contempló la asistencia económica a 7.800 alumnos, cuando por entonces cursaban cerca de 15 mil.

Con la reducción del plazo de cursada y las distintas alteraciones, miles de personas no pudieron concluir sus estudios.

Quizá el dato de mayor relevancia en cuanto a la caída del plan tiene que ver con las disposiciones legales. El Consejo Federal de Educación había establecido la validez nacional de los títulos emanados, pero para mantener esa condición cualquier modificación aplicada se debía notificar, ya que todo el diseño curricular estaba encuadrado en convenciones específicas.

Sin embargo, el gobierno de Alberto Rodríguez Saá no sólo modificó las características que sustentaban la validez, sino que la puso en riesgo al no formular el informe respectivo. En concreto, dejaba caer el plan educativo.

Otro de los tantos pedidos de informe sin respuestas

En 2017 la entonces diputada Ingrid Blumencweig había formulado un pedido de informe en el que pretendía saber si los cambios que implementaron fueron informados y aprobados por el Consejo Federal de Educación, particularmente teniendo en cuenta que la finalización debía ser en diciembre de ese año.

Por estas razones solicitó que se indicaran los detalles de las reformas que se realizaron al plan y los instrumentos legales que las dispusieron.

En lo que refiere a la reducción de la carga horaria del dictado de clases, tanto presenciales o virtuales, pidió que se anexara un informe técnico del área correspondiente que hubiese motivado la decisión, vinculado a los plazos mínimos pedagógicos de aprendizaje.

También solicitó que en el caso de que se hubiese eliminado alguna asignatura se anexara la ficha técnica vinculada al contenido curricular mínimo para mantener la validez de los títulos, tanto en el orden provincial como nacional.

Entre las preguntas que formuló estuvieron la cantidad de aulas afectadas a la cursada, con una descripción de los alumnos que asistían a las mismas y los docentes afectados.

Así pidió que se informara si el ministerio de Educación de la Nación, el Consejo Federal de Educación o cualquier otro organismo nacional competente, certificó los títulos para la validez nacional de los mismos.

Sin embargo, el bloque de Unidad Justicialista (que ahora tiene como jefe a Marcelo Sosa, ex ministro de Educación y “actor fundador” del PIE) no hizo lugar al pedido de informe quedando esta información sujeta a discreción del Gobierno.

“Recibimos muchas quejas de personas que han cursado y terminado con mucho esfuerzo y alegría porque era algo importante para ellos. Aprobaron los exámenes y después se encontraron con que no les entregan el título analítico que es una herramienta esencial no solo para conseguir un mejor trabajo, sino para continuar estudiando”, reflexionó en los últimos días la exrectora de la Universidad de La Punta, Adelaida Muñiz, luego de que el senador Poggi expusiera públicamente el problema.

Lo cierto es que desde el punto de vista administrativo y normativo, la iniciativa gestada en 2014 fue aprobada con la capacidad para emitir títulos con validez nacional, beneficio que tras las maniobras del Gobierno actual terminó cayéndose.

A las críticas y al pedido de informe que hizo Poggi al ministerio de Educación de la Nación sobre las escuelas generativas, desde el oficialismo le respondieron con cuestionamientos al PIE que tuvo el aval del Consejo Federal de Educación.

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