Dos funcionarios de R. Saá serán juzgados por obligar a jueces a firmar las renuncias

Se trata de uno de los casos más escandalosos de la vida institucional de San Luis que traspasó las fronteras de la provincia. Fue tratado en el ámbito del Parlamento, además de merecer la atención de los medios periodísticos y de foros especializados tanto nacionales como de carácter internacional.

El entonces ministro de la Legalidad (actual ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción y senador provincial en uso de licencia), Sergio Freixes y el ex viceministro de Legalidad, Mario Zavala fueron denunciados por obligar a jueces y funcionarios judiciales a firmar sus renuncias anticipadas para poder asumir en el nuevo cargo que habían obtenido mediante concursos.

Este avance sobre la Justicia se produjo en el momento que Alberto Rodríguez Saá buscaba enderezar el rumbo del Gobierno que salía de una crisis por un enfrentamiento con sectores como la Iglesia Católica y docentes, que fueron reprimidos al salir a la calle a protestar.

Venía además de sufrir una fuerte derrota política a manos de la Corte Suprema de Justicia que desconoció la intendencia paralela de María Angélica Torrontegui, electa en un proceso dirigido por el Superior Tribunal de Justicia.

Rodríguez Saá se proponía “reordenar” el sistema judicial cuando inesperadamente se hizo público que dos altos funcionarios operaban sobre jueces y funcionarios.

El sistema consistía en obligar a firmar la renuncia anticipada con la fecha en blanco. De esa manera, el Ejecutivo tenía ascendencia sobre la Justicia y separaba del cargo a aquellos que se opusieran a las decisiones oficiales.

Como en la crisis de los ’90 en la que El Diario de la República fue al choque con la cúpula judicial y publicó en primera plana un fotomontaje mostrando en calzoncillos a la cúpula del Superior Tribunal (Elías Taurant, Julio Niño, Eduardo Estrada Dubor, Oscar Bianchi y Eduardo Gatica) eyectándola en horas. En febrero de 2005 el matutino recreó la necesidad de renovación en ese poder que fue descabezado por segunda vez. Esta vez dio a conocer en sucesivas ediciones las renuncias de jueces que se habrían mostrado permeables a los deseos gubernamentales.

En abril de ese año la fiscal Gretel Diamante denunció en el fuero federal a los funcionarios del Gobierno provincial. Aportó el caso de la entonces defensora oficial Marina Ziliotto quien para ser confirmada en su nuevo puesto de camarista fue presionada para denunciar a los jueces Domingo Flores y Carlos Salomón.

Ziliotto se negó a acatar la orden y fue separada del cargo. Incluso grabó un video a través de una cámara oculta en la que quedó involucrada la esposa de Freixes, en ese momento senadora provincial, Viviana Moreira y Ricardo Fadón, un funcionario de la cartera de Legalidad. Trataron de convencerla de que se retractara con su denuncia a cambio de un cargo en el gabinete de Rodríguez Saá. La jueza Martha Vallica San Martín de Villa Mercedes también fue filmada.

La Comisión de Juicio Político del Senado presidida por Cristina Kirchner llegó a tratar un proyecto de intervención de la Justicia puntana.

La Fundación Poder Ciudadano se interesó a lo largo del tiempo y el año pasado fue reconocida para participar en las audiencias como “amicus curiae”.

La organización Transparencia Internacional analizó la crisis y la incorporó en su "Informe Global de la Corrupción: Sistemas Judiciales”.

En la investigación se comprobó el procedimiento que implementaba el Gobierno a través del área que comandaba Freixes. Los dos funcionarios de Rodríguez Saá fueron procesados por el entonces juez federal de San Luis, Carlos Villegas.

En la causa, se vieron perjudicados once funcionarios judiciales entre jueces y fiscales de Cámara, pero diez de ellos fueron nuevamente repuestos en la Justicia.

Desde ese entonces, la causa se dilató por más de una década debido a las maniobras que realizaban los imputados.

Hoy el Tribunal integrado por Alejandro Piña, Paula Marisi y Roberto Nasiff iniciará el debate oral.

El juicio encuentra ahora Freixes nuevamente en la primera línea del gabinete y es uno de los funcionarios más cercanos al gobernador y al secretario General de la Gobernación, Alberto Rodríguez Saá (h).

Se autodefine como albertista “puro” de la primera hora con licencia para llamar a través de un apelativo al propio gobernador. El actual ministro retiene la banca en el Senado provincial, siendo uno de los legisladores más influyentes. Prueba de ello es que recientemente a pesar de que está de licencia fue designado en la mesa directiva de la Cámara Alta.

Freixes será patrocinado en el juicio por los abogados Hugo Scarso y Esteban Sala. A Zavala (ex juez Laboral, Fiscal de Estado adjutor, Camarista Penal y ministro del Progreso) que en los últimos años fue asesor del Gobierno lo asistirá la defensora oficial, Claudia Ibáñez.

“La cantidad de intromisiones del Poder Ejecutivo que la causa ha tenido a lo largo de estos 13 años es inédita. El caso debió haber llegado a juicio hace años", afirmó recientemente al diario La Nación, Gretel Diamante quien en la actualidad se desempeña como jueza del Tribunal Oral Federal de San Luis.

La camarista en declaraciones que formuló al matutino dijo además: "Se ha logrado conformar un tribunal que me permite alentar expectativas de que el fallo va a sentar un precedente importantísimo, para encuadrar el accionar de exigir renuncias anticipadas como un hecho de corrupción. En 2005 no se visualizaba la medida en que [las renuncias anticipadas] profundizan los mecanismos para garantizar la impunidad".

Por su parte el director de Transparencia de Poder Ciudadano, Germán Emanuele sostuvo que "es un avance que la causa siga viva y que llegue el juicio oral. Pero es una causa en la que se está investigando al poder instalado desde hace años en San Luis, así que tendremos que prestar mucha atención a cómo se desarrolle el juicio".

Además tuvo en cuenta que "uno de los acusados es ministro de Rodríguez Saá" y alertó: "Ante el riesgo de que se consagre el círculo de impunidad, habrá que seguir el juicio muy de cerca".