X

Una Policía desnuda; se queda sin móviles y los efectivos no alcanzan para cuidar la provincia

Los datos comprueban el momento de limitaciones en medio de un contexto donde el delito y el consumo de las drogas crecen.

Móviles viejos y rotos. En la imagen un vehículo sin las herramientas para cambiar una cubierta.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 31/10/2018 00:00
PUBLICIDAD

Se sabe que desde la llegada de Diego González como ministro de Seguridad y de Fabricio Portela como jefe de Policía, muchas cosas cambiaron, y también otras tantas pasaron. Hubo redistribución de efectivos y desaparecieron los puestos de control en las rutas. También se ordenaron desplazamientos de personal desde la Jefatura Central hacia el ministerio (alrededor de 50 personas); inclusive algunos fueron mandados a sus casas “hasta que se les asigne un nuevo destino”.

La certeza de que a la ciudad de San Luis solo la custodian 5 móviles policiales no es una novedad para los vecinos que a diario acuden a las comisarias para realizar sus denuncias. No sorprende, pero es grave. Y es que la falta de movilidad es una realidad que los propios efectivos ya no pueden ocultar. En Villa Mercedes hay 4 para toda la ciudad, y la misma situación se replica en otros puntos de la provincia, así lo reveló el portal Zbol.com.ar.

“No tenemos móviles”, es la respuesta que se están acostumbrando a decir los policías que reciben el pedido de más seguridad en la calle, que reclaman los vecinos.

En San Luis hay 3658 efectivos, de los cuales 1735 son auxiliares, o sea el 47%. Además, hasta mediados de este mes había una lista de 618 policías con licencia médica.

Sin móviles y una cantidad insuficiente de recurso humano para atender la demanda del delito en actualidad, conforman el combo de un problema que el Estado oculta y que no quiere atender. Nadie sabe decir por qué hay tanta demora en el arreglo de los vehículos que se acumulan en el taller. El 65% estaría fuera de servicio, reveló el portal.

También trascendió que los móviles más nuevos salen a la calle sin las balizas azules encendidas porque están rotas y no hay presupuesto para su reparación (cuestan $15 mil y se rompen con facilidad).

En medio de las protestas de los vecinos que ahora decidieron salir a la calle para que las autoridades comprendan que la inseguridad no los deja vivir en paz, se conoció que la falta de policías hizo que una comisaría no pudiera abrir sus puertas en el barrio 500 Viviendas Norte. Fueron justamente los habitantes de esa zona que cortaron la avenida Fuerza Aérea para pedir respuestas. Y fue también ahí donde quedó al descubierto la falta de recursos que tienen los policías cuando salen a la calle: el móvil que recorre la jurisdicción no contaba con los elementos para cambiar una cubierta pinchada.

Los reclamos de inseguridad se hicieron oír en el último tiempo desde varios puntos de la ciudad, tal es el caso del barrio Faro II y del complejo Barrancas Coloradas. En este último, los vecinos se organizaron para prevenir el robo de los materiales y las herramientas con las que construyen sus viviendas.

Hay otros datos que permiten comprender que cuidar la seguridad en la calle no estaría siendo una prioridad.

Dentro del área de custodia gubernamental hay 172 efectivos, de los cuales 152 están asignados a la división de la custodia del gobernador Alberto Rodríguez Saá, una cantidad que supera el número establecido para combatir el flagelo de la droga.

La Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico dispone de 113 policías para cubrir toda la provincia. Y si se tiene en cuenta que se distribuyen en tres turnos, se calcula que en el mejor de los casos solo 37 efectivos trabajan al mismo tiempo para atender el grave problema de la droga en San Luis.

Además se sabe que 20 efectivos custodian al senador Nacional Adolfo Rodríguez Saá y a su esposa Gisela Vartalitis.

Por otra parte, la Policía dispuso que 12 efectivos le brindaran la seguridad a la jueza Virginia Palacios y su familia.

En lo que lleva de mandato, Rodríguez Saá ya nombró a tres ministros de seguridad. En el último tiempo es cuando más cuestionamientos se advirtieron, puntualmente por el crecimiento desmedido de delito. Desde entonces el Gobierno se mantiene en silencio.

No se sabe, y tampoco lo pueden conocer los legisladores pese a la presentación de informes, cuál es el plan del Estado para prevenir los hechos delictivos y el narcotráfico.

PUBLICIDAD

EN PORTADA EL CHORRILLERO

SUBIR