Pidieron 7 años de prisión y 10 de inhabilitación para Freixes y Zavala
La fiscalía aseguró que las maniobras que desarrollaron fueron de “extrema gravedad” ya que atentaron contra la independencia del Poder Judicial.
Esta mañana inició la sexta audiencia en el marco del juicio que generó un escándalo institucional durante el primer mandato del gobernador Alberto Rodríguez Saá, en el que se acusa al ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción, Sergio Freixes y al ex vice ministro de Legalidad, Mario Zavala, por el delito de “coacción agravada”.
De acuerdo a la denuncia concretada hace 13 años, ambos formularon un esquema de maniobras en las que obligaron a jueces y fiscales a firmar sus renuncias en blanco como el pase irrestricto para ocupar cargos dentro de la jerarquía de la Justicia provincial.
El tribunal compuesto por los jueces Alejandro Piña, Paula Marisi y Roberto Naciff escuchó los alegatos de la fiscalía. Tanto la fiscal Gloria André como Cristian Rachid, formularon una serie de descripciones que tuvieron el objetivo de constatar cada aspecto clave, tanto del contexto de los hechos como de las imprecisiones de las declaraciones de acusados y testigos que terminan dando la razón a la denuncia.
Tras explayarse al respecto y con la utilización de recursos que graficaron la línea del tiempo en que se llevaron a cabo los hechos, la fiscalía pidió 7 años de prisión e inhabilitación de 10 años para el acceso a cargos públicos. La pena requerida aplica tanto a Zavala, como a Freixes ya que los consideraron “coautores” del delito de “coacción agravada”.
En la fundamentación de sus conclusiones sostuvieron como primera medida que encontraron un detalle particular referido a la “libertad psíquica” que consiste en realizar algo sin condiciones. En las acusaciones planteadas se advirtió que esta libertad psíquica estuvo coartada.
Para describirlo recurrieron a la declaración de Mirtha Vallica San Martín, donde la misma aseguró que actuó “voluntariamente” en torno a la renuncia. Sin embargo ello no implica que se exima la coacción, ya que el delito no consiste en la supresión de la voluntad sino que atenta desde la exigencia.
En este sentido, el segundo punto fundamental es justamente el nivel de exigencia ejercido para requerir que una persona tome una decisión, en este caso, que renuncie anticipadamente. De acuerdo a lo que explicó la fiscalía la falta existe porque la exigencia planteada “es ilegítima”.
“En las coacciones la prevalencia ilegítima de la voluntad ajena sobre la propia, es suficiente para que la amenaza coarte la libertad de decisión”, definieron. Para remarcar la contundencia del delito, detallaron que se puede exigir incluso algo correcto y totalmente legal, pero si el pedido se formula de manera indebida se trata de una coacción: “La ilicitud está en la exigencia”.
De esta característica se desprende el “daño ilegítimo” relacionado a la amenaza que recibió Mariana Ziliotto cuando se negó a firmar su renuncia. Según las declaraciones, Zavala le advirtió: “Ojo que tengo mucho poder, que vos sabes quién fue quien encontró a Gramalia (el kinesiólogo asesinado fue encontrado el 9 de octubre de 2004 en el fondo del dique La Florida)”.
La fiscalía resaltó que el contexto indicaba que el cuerpo se había encontrado por un llamado anónimo “que se hace en el ministerio de Legalidad”, con lo cual la expresión infirió una relevancia trascendental, una clara amenaza.
Por otra parte sostuvieron que si bien existe un atenuante que se relaciona a la falta de antecedentes penales de los imputados, hay un punto de “extrema gravedad” en el que miembros del Poder Ejecutivo, más precisamente del ministerio de Legalidad, poseían las renuncias de los jueces firmadas por anticipado.
“Sin duda resulta un atentado contra el sistema republicano de gobierno, contra el principio de independencia del Poder Judicial. Esto no es menor, es escandaloso, cuando nos tocó el caso no podíamos creer que existía una situación de estas características”, aseveraron.
Por otra parte se revelaron precisiones sobre las pericias de la documentación analizada a lo largo del juicio, que arrojaron datos contundentes respecto al estado anímico de presión en el que se firmaron las renuncias (rasgo que se conoció por el trazo de las firmas).
La fiscalía expuso los resultados de las pericias.
Luego se informó que uno de los libros administrativos que se presentaron a modo de prueba, estaba adulterado: “Las hojas no presentaban el deterioro lógico que debería poseer por el paso de los años”.
También se expusieron varias contradicciones y reiteradas reticencias en las declaraciones que Mario Zavala efectuó ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del senado de la Nación y en la Justicia.