Condenaron al ministro Freixes y Mario Zavala a cinco años de prisión por presionar a jueces

El Tribunal resolvió condenar al ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción, Sergio Freixes y al ex vice ministro de Legalidad, Mario Zavala, a instancias de la denuncia que causó un escándalo en el sistema judicial de San Luis.

Ambos estaban acusados del delito de “coacción agravada” en el marco de una serie de maniobras con las que hacían firmar renuncias anticipadas como un requisito indispensable para ocupar cargos en la estructura del Poder Judicial.

Fueron condenados, en un fallo dividido, por sus responsabilidades como ministro de la Legalidad en el caso de Sergio Freixes, y Mario Zavala como viceministro de Legalidad, en el año 2005.

Durante la jornada que se extendió desde las 9:30 hasta las 23:30 se formularon los alegatos, tanto de fiscalía como de la defensa, y se generó un intenso debate técnico en el que se constataron todas las imprecisiones que cada parte utilizó como recurso a la hora de sus exposiciones.

Los fundamentos de la fiscalía

La fiscalía desarrolló una reconstrucción de los hechos mediando importantes pruebas documentales que fueron certificadas y analizadas por peritos federales. Además relató cada etapa de los hechos a lo largo de más de cuatro horas de fundamentaciones.

En ese sentido pidieron que se condene a los acusados a 7 años de prisión, 10 años de inhabilitación para el acceso a cargos públicos, al considerarlos coautores del delito. Para explicitar las razones de la requisitoria sostuvieron que en los planteos se advirtió que la libertad psíquica, es decir la realización de una acción sin condiciones, estuvo coartada.

Para describirlo recurrieron a la declaración de Mirtha Vallica San Martín, donde la misma aseguró que actuó “voluntariamente” en torno a la renuncia. Sin embargo ello no implica que se exima la coacción, ya que el delito no consiste en la supresión de la voluntad sino que atenta desde la exigencia.

Por otra parte detallaron que el nivel de exigencia que se concretó para que una persona tomara una decisión (renunciar anticipadamente) fue “ilegítima”.

“En las coacciones la prevalencia ilegítima de la voluntad ajena sobre la propia, es suficiente para que la amenaza coarte la libertad de decisión”, definieron. Para remarcar la contundencia del delito, detallaron que se puede exigir incluso algo correcto y totalmente legal, pero si el pedido se formula de manera indebida se trata de una coacción: “La ilicitud está en la exigencia”.

También resaltaron el “daño ilegítimo” que se desprendió de una amenaza que, de acuerdo a las declaraciones, Marina Ziliotto había recibido de Zavala: “Ojo que tengo mucho poder, que vos sabes quién fue quien encontró a Gramalia (el kinesiólogo asesinado fue encontrado el 9 de octubre de 2004 en el fondo del dique La Florida)”.

La fiscalía resaltó que el cuerpo se había encontrado por un llamado anónimo “que se hace en el ministerio de Legalidad”, con lo cual la expresión infirió una relevancia trascendental, una clara amenaza.

El planteo de la defensa

La defensa de Zavala integrada por Sebastián Crespo y Claudia Ibañez, discrepó de los hechos que planteó la fiscalía indicando que lo que se trataba de dilucidar eran dos situaciones. Por un lado la instancia de la renuncia anticipada a “la única supuesta víctima” y las amenazas para que se iniciara un Jury de Enjuiciamiento contra sus compañeros camaristas.

Así remarcaron que no había pruebas directas de lo denunciado y que de plantearse una resolución en detrimento de Zavala y Freixes, se trataría de una “sentencia arbitraria”. De este modo también cuestionaron los testimonios en los que se basó la fiscalía por sus vacilaciones: “Me dijo, me enteré por la prensa, me llamó, me comentaron, etc.”.

Por ello determinaron que la audiencia que se celebró este jueves se trató de un “hecho político”. “Se estaba defendiendo a la provincia de una posible intervención en la Justicia”, aseguraron.

Además pronunciaron que “no hubo amenazas” y cuestionaron a la víctima manifestando que “militaba en el PUL (Partido Unión y Libertad creado por Alberto Rodríguez Saá en febrero de 1998), que poseía cercanía con el Ejecutivo y una amistad con Freixes”.

Luego rechazaron la idea de incluir a modo de pruebas a las filmaciones y grabaciones ocultas que destaparon el escándalo a nivel nacional y sirvieron de certificación elemental para concretar la denuncia en su momento. “Fue una verdadera caza de brujas”, aseveraron. Por otra parte desligaron a Zavala de los hechos acontecidos en el caso Gramalia.

El defensor de Freixes, Hugo Scarso, mantuvo el mismo esquema de interpretación a la hora de diferir de las acusaciones de la fiscalía y reforzó el planteo de que el juicio en realidad se trató de “una causa política”.

“La realidad de la vida cotidiana la conocemos los puntanos, los que estamos trabajando, los que vivimos en esta provincia. El gobernador había ganado las elecciones por el 70% de los votos y como estaba en contraposición al Gobierno nacional que por entonces era kirchnerista, se quería intervenir la Justicia”, contextualizó.

Luego fue contundente al definir el devenir de la causa: “La mentira como elemento justificante”.

“Ziliotto miente, firma su renuncia sabiendo que es una renuncia, jamás imaginó que se la iban a aceptar, se rasga las vestiduras, siente un temor ancestral por su integridad física que a la fecha no es real y nunca lo fue, es una fábrica de mentiras”, manifestó.

En este sentido tanto Scarso como Ibáñez y Sala sostuvieron el concepto de que la acción de firmar una renuncia en esas circunstancias se habría tratado en todo caso de un hecho inmoral, pero no de un delito tipificado por el Código Penal.

“Sergio Freixes es totalmente inocente de los hechos”, advirtió su abogado.

La sentencia

La resolución del Tribunal compuesto por los jueces Paula Marisi, Alejandro Piña y Roberto Naciff  fue sobre el caso que mereció la atención de organismos como Poder Ciudadano, Transparencia Internacional, y la propia Justicia a nivel federal ya que marcó un antecedente de jurisprudencia. El caso fue inédito.

Tal es así que durante la jornada de este jueves estuvieron presentes entre el público el ex titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, y el juez federal Julián Falcucci, analizando minuciosamente el desarrollo del juicio.

La condena fue de 5 años de prisión, 10 de inhabilitación y costas tanto para Zavala como para Freixes al considerarlos coautores penalmente responsables del hecho en el que fue víctima Mariana Ziliotto. Asimismo los encontraron inocentes de las acusaciones que los incriminaban en relación al caso Gramalia.

Tras la lectura del veredicto la prensa se acercó a consultar sus apreciaciones de lo resuelto, sin embargo optaron por guardar silencio. “Los abogados van a presentar el recurso de casación, no se sabe bien qué dijo la minoría, vamos a ver cuál es el fallo y después vamos a opinar”, graficaron.

Previo a la sentencia ambos aprovecharon la última oportunidad para hacer declaraciones ante el Tribunal. Zavala dijo que el expediente fue “armado” por Gretel Diamante, asegurando que es una persona que “hace política partidaria” desde que se desempeñaba como fiscal en el Poder Judicial de San Luis.

En este sentido recordó cuando Cristina Kirchner visitó a la provincia en el año 2012. Allí advirtió que Diamante estuvo en un acto político y que sale en una foto junto a Enrique Pince y la expresidenta.

“En el expediente la doctora Diamante se constituyó como particular damnificada. El juez federal de San Luis, el doctor Maqueda la aceptó en ese lugar. Yo considero que no puede ser particular damnificada en este expediente, donde la presunta víctima es la doctora Ziliotto. Diamante incentiva a Ziliotto para que trabaje con ella en el armado de esta causa para lograr la intervención federal”, indicó.

“Yo jamás he amenazado ni he deseado el daño a Ziliotto ni a ningún magistrado ni funcionario judicial”, agregó.

Freixes por su parte hizo un recorrido por su vida personal en el que remarcó que le costó mucho llegar al lugar que ocupa en la actualidad, describiendo que trabajó “toda la vida” pensando en la justicia social.

Para resguardarse en el marco de la inocencia resaltó sus valores éticos recordando que Ziliotto frecuentaba un bar en común a Freixes y que le había pedido que intercediera ante Rodríguez Saá para que la nombrara en un puesto, sin embargo aseguró que no aceptó.

“Miren mi grado de responsabilidad que nunca lo dije, porque entendía que no lo debía hacer”, expresó.

Luego relató que en el contexto de la crisis en el sistema judicial, viajó junto al gobernador a Buenos Aires para entrevistarse con Aníbal Fernández. Según argumentó, Rodríguez Saá le dijo: “Dígale a su presidenta que gané las elecciones por casi el 70%, no pueden hacer lo que están haciendo”.

Finalmente indicó que Cristina Kirchner se habría enterado del “tema del armado” y que (Miguel) Pichetto, presidente del bloque de senadores nacional del PJ se habría disculpado al respecto.

“Todo el mundo sabe que nunca pude hacer eso (firmas de renuncias anticipadas)”, dijo al remarcar su inocencia.

Finalmente el Tribunal entendió que ambos son responsables y los condenaron. Permanecerán en libertad en tanto la sentencia no esté firme. En tanto Freixes podrá seguir ocupando su rol en el ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción.