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A 7 años de la tragedia de Zanjitas, no hay fecha para el juicio a la dueña de la empresa

Luego de múltiples intentos dilatorios, solo resta que se fije el día del debate para determinar la responsabilidad de Mabel Tyempertyopolos en la tragedia vial más grande de la provincia.

El 2 de noviembre de hace 7 años, un colectivo que trasladaba alumnas del Colegio Santa María fue embestido por un tren de carga en Zanjitas.
Actualizada: 02/11/2018 01:05
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El 2 de noviembre de 2011, un viaje solidario se transformó en la tragedia más importantes de la historia vial de San Luis. Desde entonces, todos los años para la misma fecha el recuerdo es inevitable y doloroso.

Para determinar la responsabilidad que tuvo, a la Justicia solo le queda juzgar a la dueña de la empresa de transporte; pero todavía no hay fecha para el juicio oral.

Ese 2 de noviembre, de hace 7 años, un colectivo que trasladaba a 40 alumnas fue embestido por un tren de carga que lo arrastró por más de 200 metros en la localidad de Zanjitas. Así es que murieron seis alumnas y dos maestras del Colegio “Santa María”.

Sobre el debate contra Tyempertyopolos, ya procesada en la causa, no hay novedades. Esto se debe a diferentes apelaciones y recursos interpuestos por la defensa, tales como el planteo de “excepción de litispendencia” y sobreseimiento.

Más allá que eso no prosperó, se mantuvo una estrategia “dilatoria” que afectó el curso de la causa.

El único condenado hasta el momento es Julio Jofré, conductor del colectivo. En octubre de 2015 fue condenado a 4 años y 8 meses de cárcel.

Bajo la carátula de “homicidio culposo y lesiones graves culposas agravadas por la pluralidad de víctimas”, la fiscalía, encabezada por Ernesto Lutens, pidió la misma sentencia de Jofré para Tyempertyopolos, por ser “coresponsable”.

En diálogo con elchorrillero.com, el abogado defensor de las familias, Jorge Sosa afirmó que de las audiencias “saldrán nuevas responsabilidades”, y que pueden abarcar tanto a la directiva de la empresa como a autoridades de la escuela.

De esto último se establecerá cómo contrataron la empresa, si “estaba habilitada en ese momento”, o funcionó de “manera ilegal”.

“Más allá que se hayan interpuesto muchísimas chicanas, quejas y planteos jurídicos como el de nulidad, ha llegado el momento de dilucidar”, indicó Sosa.

El último avance al respecto fue una orden por parte de la Justicia que determinó “evaluar psicológicamente” a las estudiantes sobrevivientes y a los padres.

Esto no fue bien recibido y despertó múltiples cuestionamientos por parte de las familias que señalaron que la noticia fue recibida con “bronca e impotencia”.

Aunque el tiempo pase, los nombres de las alumnas Luz María Bianciotti (10), Salomé Ana Paula Garro (11), Daira Rocío Mariani Manucha (10), Iara Melina Medero (10), Julieta Sánchez (10), Paula Lucía Quiroga Morasso (11), y de las docentes Jésica Sabrina Brancal (23 años) y María Virginia Farías (30 años), son recordados por toda una comunidad que quiere más justicia.

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