X

Tercer juicio por lesa humanidad: cuatro víctimas dieron detalles de secuestros y torturas

Todas ellas coincidieron que durante el periodo en el que duró la última dictadura militar, la Justicia Federal nunca actuó y no brindó respuestas.

Mabel Irene Merlino fue la única que declaró de manera presencial.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 03/11/2018 23:44
PUBLICIDAD

El tercer juicio por lesa humanidad en San Luis, en el que se juzgan a dos exfuncionarios de la Nación y a uno de la Provincia, tuvo una nueva audiencia este viernes.

Los acusados, el ex juez Federal, Eduardo Allende (78), el ex médico de la Policía de San Luis, Jorge Omar Caram (78) y el ex teniente de la Artillería Nº 141, Alberto Eduardo Camps (70), no estuvieron presentes en esta oportunidad.

Cabe destacar que el ex fiscal Federal, Hipólito Saá (80), que al comienzo del debate se encontraba dentro de los imputados, no será juzgado en esta ocasión debido a su “mal estado de salud”; lo que no quita que en un futuro pueda afrontar un nuevo proceso.

En la segunda jornada se escucharon los testimonios de cuatro víctimas: Mabel Irene Merlino (70), Víctor Hugo Ciriveni (62), Raúl Alberto Castillo (67) y Raquel Camacho de Castillo (65).

La única que asistió de manera presencial fue Merlino, quien durante una hora y cinco minutos contó lo que vivió en el proceso militar argentino.

Jueces Federales Alberto Carelli, Julián Falcucci y María Paula Marisi.

Ciriveni desde San Juan, Castillo y Camacho desde Mendoza, lo hicieron a través de videoconferencia.

Todos ellos se sometieron a un extenso interrogatorio por parte del ministerio Público Fiscal representada por Cristian Rachid, y por la querella en la que intervino Norberto Foresti, miembro de la Asociación de Permanente de Derechos Humanos (APDH).

En ocasiones esporádicas los defensores oficiales de Camps y Allende, Federico Reinaldo Pastor y Claudia Ibáñez, intervinieron con la intención de corroborar algunos de los dichos.

Los miembros del Tribunal Oral Federal, Julián Falcucci, Alberto Daniel Carelli y María Paula Marisi incorporaron también las declaraciones de los testigos que en su momento le hicieron a Allende.

Fiscal Federal Cristian Rachid y la querella representada por Norberto Foresti.

En un contacto con la prensa, Foresti consideró que la audiencia fue “muy positiva” ya que de alguna manera todos los testigos “mencionan la responsabilidad que han tenido los exfuncionarios judiciales”.

“Son testimonios contundentes. Gracias a eso la situación de los acusados podría verse más comprometida. Los exdetenidos denunciaron las torturas y no se hizo nada”, afirmó.

A la audiencia también asistieron miembros de agrupaciones de derechos humanos como Lilian Videla de APDH y estudiantes de la UNSL.

El jueves 15 a las 9:30 se retomarán las actividades con dos nuevos testigos: Milca Guillaumen, que declarará desde Córdoba y Julio Oscar Gonzales que lo hará desde Buenos Aires.

Defensores oficiales Federico Reinaldo Pastor y Claudia Ibáñez.

Los testimonios

Merlino. En la cronología que trazó a lo largo de sus dichos admitió reconocer a Allende, el contacto que tuvo con él y explicó las circunstancias de su detención el 19 de octubre de 1976.

Dijo que, recientemente recibida como licenciada en Psicología de la UNSL, se encontraba en el edificio de la universidad cuando fue avisada que era “buscada en la puerta”.

“Me encontré con un oficial y me pidió que lo acompañe. Desde allí me trasladaron a la Jefatura Provincial donde me esperaba el capitán Plá (Carlos Esteban). Fui recibida de una manera intimidatoria, agresiva, me preguntaban si ‘era guerrillera o montonera’, a lo que respondo que no”, indicó.

Según estableció, el objetivo de su secuestro era saber si “repartía propaganda subversiva” junto a un amigo suyo, Juan Sarmiento. La “búsqueda de nombres” acusatorios era otro aspecto. Esto fue negado por la mujer.

Minutos después, aseguró, trajeron a Sarmiento esposado y afirmó que él la había “delatado” del supuesto delito. Dichos que el hombre posteriormente se retractaría.

También contó que sufrió un allanamiento “sin orden judicial” y una declaración que “nunca fue firmada, ni vista”.

Indico que días posteriores, en el Juzgado Federal fue recibida por Allende y allí se le informó que la razón de su detención era por estar involucrada en la causa “Garraza Isabel Catalina y otros”, y por “obleas con mensajes subversivos” pero que en definitiva “no tenían nada contra ella”.

“Me sentía sorprendida y no entendía lo que pasaba. Fue ilegal y arbitrario lo que hicieron. El juez pudo decidir mi libertad inmediata pero no lo hizo. Me destruyeron los sueños”, completó.

Ante esta información no hubo una investigación de la Justicia ni del Comando de Guerra y su detención se extendió por los 2 años que estuvo privada de la libertad.

En un pasaje, en el que explicó acerca de un nuevo traslado desde la Jefatura a “otro lugar desconocido”, fue llamada por Plá. “¿Por qué no me decís la verdad? Si de todas manera vas a cantar igual” le dijo.

“Sos muy linda, no vas a querer que te destrocemos la cara”, fueron las amenazas del uniformado.

Estuvo siete meses incomunicada hasta que en julio del 1978 fue liberada.

Castillo. Por la brutalidad de la tortura que sufrió, su caso fue uno de los más impactantes de los que desfilaron por el edificio ubicado en el Correo Argentino de la ciudad de San Luis.

A esto hay que agregarle la cantidad de años que pasó detenido: desde diciembre de 1975 hasta el 11 del mismo mes pero de 1983.

En los instantes de su secuestro estaba con su familia que la integraban Raquel Camacho y Jeremías, su hijo. A ellos se suma la hija de Federico Suárez, un amigo de ellos que les había pedido que se las cuidara.

Suárez tuvo un trágico final: fue abatido con dos tiros en la cabeza ese mismo día cuando fue a retirarla por la mañana.

Sin orden de allanamiento, más de cinco efectivos vestidos con uniformes y de civiles entraron por la fuerza a su hogar. Sin mediar palabra se los llevaron a todos a la División de Investigaciones donde fueron separados.

“Cepo colombiano”. Los golpes y sometimientos en su caso fueron más allá de lo imaginado.

Los tormentos que sufrió incluyeron una práctica aplicada por los oficiales que se basaban en el “cepo colombiano”. Esto consistía en ser esposado, cruzar por delante de las rodillas las manos, y atado a un pedazo de madera, de manera tal que se inmovilizara al individuo.

A partir de allí fue golpeado múltiples veces y electrocutado hasta perder la conciencia.

Una vez que se recuperó se percató que le estaban inyectando alguna sustancia, a instancias del “médico policial”. Internado unos 3 o 4 días, nunca supo qué fue lo que ingresó a su organismo.

Con traslados múltiples a la sede de la Policía Federal, luego a la Provincial y hasta la Penitenciaria no tuvo contacto con su familia hasta 1976. Los detalles incluyen hasta una paliza de un efectivo no identificado con “atributos nazis”.

Respecto a una entrevista con Allende, admitió que tuvo al menos una donde le expuso lo que vivió. Aunque también sospecha que tenía conocimientos de las torturas desde antes.

De su testimonio se desprende otro dato importante de la causa: fotos que le tomaron en el suelo golpeado y ensangrentado. Estiman desde la querella que fueron sacadas por la Policía local.

Respecto a esto, Castillo afirmó: “No sé cuándo me las sacaron. Alguien me puso un pie en la cabeza y me hacía mirar”.

Su vivencia se extendió hasta Rawson, Chubut, donde fue enviado a una cárcel en la que pasó sus días hasta que quedó en libertad.

Camacho. La esposa de Castillo ratificó lo dicho anteriormente y se detuvo a explicar los tres años que estuvo detenida y el destino de los menores.

Relató que la noche de las detenciones fue alojada en una sala de una comisaría junto a los dos niños, donde escuchaba “gritos de bastante lejos”. Solo tuvo contacto con un efectivo que le trajo leche para su hijo.

En ese lugar fue consultada por la familia de la nena y solo atinó a mentir: “Dije que era de la empleada de la empleada de mi suegro”. Bajo esa condición no se la arrebataron de sus brazos.

A partir de ahí fue trasladada a lo que llamó un “hogar de mujeres”, atendido por monjas. Acudieron sus padres y logró que se llevaran a los pequeños.

Con el tiempo fue derivada a la Penitenciaria de mujeres. Ante la falta de afecto, solicitó que su hijo estuviera con ella dentro del penal. Orden que se le fue concedida, aparentemente por Allende, por unos meses.

Luego fue trasladada a Mendoza junto a Merlino y otras personas. Permaneció en un centro de detención hasta el 1 de diciembre de 1978.

Respecto a las declaraciones que hizo ante Allende recordó que fueron dos. En la primera se negó a declarar y sobre la segunda, formulada en agosto del 1976, no dio detalles.

Ciriveni. Oriundo de Casilda, Santa Fe, vivió durante el último proceso dictatorial en San Luis. Estudiaba en la UNSL.

Su relato, al igual que Merlino, se centró en una detención ilegal y la falta de acción por parparte la Justicia Federal.

El 5 de diciembre de 1975 un grupo de policías vestidos con uniformes y otro de civiles ingresaron a una pensión en la que se alojaba.

Junto a otros cuatro compañeros fueron llevados a la sede de Investigaciones de la Policía de San Luis.

“Me tiraron al piso de una celda y comenzaron a golpearme por todos lados, como en la espalda y en la cabeza”, recordó.

Luego de ser liberado el mismo día, llamó al subjefe de la PFA en ese momento, Ubaldo Cerisola, que también era primo suyo, con la intención de que lo “oriente” para radicar una denuncia.

Si bien no nombró a Allende, habló de “un juez Federal” que lo recibió en altas horas de la noche. Hizo la exposición pero nunca más tuvo noticia al respecto.

“No tuvimos motivos del procedimiento, no tuvimos algún tipo de revisación médica”, añadió.

Además consignó que no estuvo solo en el calabozo donde lo pusieron: compartió celda junto a un hombre de apellido Zurlo y añadió que escuchaba pedidos constantes de agua de “una voz destrozada”.

PUBLICIDAD

EN PORTADA EL CHORRILLERO

SUBIR