Despouy: “El fallo es una señal muy fuerte para el Ejecutivo; su gente puede terminar en prisión”

El destacado dirigente radical sanluiseño, Leandro Despouy que estuvo presente a lo largo del debate concedió el viernes una entrevista a El Chorrillero TV. Compartió su mirada desde la autoridad que le da su trayectoria como relator ante Naciones Unidas en temas de Justicia y Derechos Humanos, Auditor General de la Nación y por su extensa carrera diplomática.

Se detuvo en el caso que después de trece años arrojó la condena a cinco años de prisión para el ministro de Medio, Ambiente Sergio Freixes y el asesor gubernamental, Mario Zavala. En 2005 uno como ministro y el otro en su condición de viceministro de la Legalidad del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá obligaron a jueces a firmar las renuncias por anticipado de los cargos que iban a ocupar.

Despouy opinó que “difícilmente puedan haber obrado por motus propio” ambos funcionarios.

Tuvo en cuenta que durante su desempeño en la ONU pasaron por sus manos unas 17 mil denuncias y reclamos pero “nunca un caso similar a este en el sentido de la originalidad que trata de sustituir la voluntad de la Justicia a través de un sistema muy perverso”.

“Hubo una maniobra que denota la vocación muy perversa en el control de la justicia”, señaló y planteó que “una hegemonía tan poderosa y prolongada encontró un fuerte asiento en la impunidad a partir el dominio de la Justicia”.

En esos términos se expidió sobre el proyecto político que encabezan Alberto y Adolfo Rodríguez Saá.

Consideró que “la continuidad del poder ha tenido una justicia que lo ha acompañado y después ha sido funcional para tener márgenes importantes de impunidad”.

“La corrupción va a existir mientras la impunidad sea más poderosa que la Justicia. Cuando la Justicia logre vencer a la impunidad, vamos a empezar a corregir la corrupción”, sostuvo.

“Tengo un discurso esperanzador, creo en la Justicia”, subrayó y realzó el rol de la mujer en el caso.

También abordó la denuncia por el otorgamiento de un subsidio de $80 millones a la Fundación Mujeres Puntanas de la esposa del senador Adolfo Rodríguez Saá, que no avanza porque los jueces se excusan; y además habló de la causa de los “votos marcados” en las elecciones de 2017.

Durante el Gobierno kirchnerista desde su rol de presidente de la Auditoría General de la Nación impulsó denuncias resonantes. Su auditoría en la causa de la Tragedia de Once terminó con una condena de Julio De Vido.

En la actualidad es el representante argentino en el área de Derechos Humanos de la Comisión de Control de Ficheros de Interpol. Es el organismo que se ocupa de revisar los pedidos de levantamiento de alertas rojas en el mundo.

 A continuación la entrevista:

-Por qué estuvo presente a lo largo de las audiencias?

-Se trata de un hecho de una enorme trascendencia. Este caso fue considerado como uno de los emblemas de desviaciones, de violaciones al principio de independencia de la Justicia por parte de Transparencia Internacional.

En la Argentina es un ejemplo de desviación y se prolongó trece años 13 años sin resolución. Tiene muchísimos rasgos de gravedad y muy originales.

Durante los seis años como relator oficial de las Naciones Unidas, sobre la independencia de la Justicia, recibí 17 mil reclamos, denuncias y planteos de todo el mundo, pero nunca un caso similar a este en el sentido de la originalidad que trata de sustituir la voluntad de la Justicia a través de un sistema muy perverso. Hasta se podría decir descarado que consiste en exigirle a los jueces una renuncia como condición para poder nombrarlo y para que pueda asumir.

Esto es una condición inconstitucional porque ninguna Constitución en el mundo prevé que alguien que va a ejercer una función tenga que previamente otorgarla a (la renuncia) a quien pueda aceptarla o no. Con esta anticipación se condiciona evidentemente su funcionamiento posterior, porque esa aceptación, esa renuncia previa puede ser ejecutada en el momento donde el Ejecutivo considere que el comportamiento del juez no es de acuerdo a sus intereses. La función de la Justicia no es defender los intereses del Ejecutivo de un Gobierno, sino justamente el de la población, aplicada en la Constitución y la ley.

El Tribunal estableció que era además ilícito e inconstitucional. No solamente es ilícito por el solo hecho de exigir a un juez que renuncie antes de ser completada su nominación legal, es un elemento de extorsión muy grave. En este caso concreto se suma una gravedad particular que es una amenaza que consiste en ejecutar la renuncia, aceptarla, en el supuesto en que el juez no obedezca una orden del Ejecutivo como es el caso concreto cuando las autoridades le piden a la víctima que es la doctora (Marina) Ziliotto que tenga que hacer una denuncia para implicar a sus colegas de la misma Cámara, y al no hacerla le ejecutan la renuncia.

-¿Por qué fue posible hacer esto en San Luis?

-Es posible porque ha habido una práctica de un control del sistema judicial. No es la primera vez, hay fallos de una enorme trascendencia como fue el fallo de Ponce (doble intendencia), donde más allá de los pronunciamientos sobre el derecho, hace alusión al sistema judicial en San Luis y en términos sumamente críticos donde censuran el comportamiento del Ejecutivo con relación al Poder Judicial.

No hace mucho tiempo en un fallo, la Corte también le pide a la Justicia de San Luis que se pronuncie sobre un problema de orden electoral, en las elecciones de 2017, y tiene una serie de consideraciones sobre la Justicia de San Luis que son realmente muy preocupantes. Esto se inscribe en un debate en el cual históricamente algunos juristas o políticos han entendido que en San Luis estaban dadas las condiciones para una intervención federal.

Yo no me pronuncio sobre eso, en general no soy partidario de las intervenciones porque lo que me parece importante son los remedios propios de la propia institucionalidad y creo que aquí hubo un fallo que ha demostrado toda la distorsión institucionalidad, generada cuando el Ejecutivo usurpa las funciones y la independencia del Poder Judicial.

Aquí hay esencialmente eso sobre un fallo de un conflicto de poderes; cómo el ministro de la Legalidad, que es una persona que no es abogado, ni siquiera es bachiller y es el ministro que examina la relación gubernamental con la ley. Legalidad viene de esto. Alguien que tiene que aplicar los procedimientos, los reglamentos y sobre todo la legislación. Apenas el primario. Entonces aquí hay algo muy grueso que agrede el sentido común. Solamente una persona con esa formación puede encarnar un procedimiento, una serie de maniobras que aparecen probadas en el juicio que por momento tiene visos dramáticos porque hay mucho dolor, hay mucha extorsión, se ha vejado en muchos casos la situación de los jueces y también hay algo novelesco porque resulta impensable.

Se estableció que habían existido las renuncias, nadie lo negó, incluso la defensa lo reconoció. La defensa se concentró esencialmente en argumentos que intentaban atacar a la víctima con insinuaciones de naturaleza vinculadas al relacionamiento humano, como si eso fuese un atenuante para juzgar el comportamiento de un Ejecutivo que somete al Poder Judicial obligándolo a través de un sistema de renuncias anticipadas. En este juicio se juzgaba el comportamiento de dos agentes del Ejecutivo, no el de los jueces, que no pueden actuar por sí mismos sino que son ministros y por lo tanto representan al único poder que puede designar a los jueces.

En nuestro sistema constitucional nacional y provincial, los que designan a los jueces, luego del concurso y aprobación, son los gobernadores y el presidente de la Nación. Aquí solamente podía beneficiar, si se puede hablar en esos términos, a quien firmaba. El resultado del juicio fue muy adverso a los argumentos porque se condenó a cinco años de prisión a personas que no tenían antecedentes penales y al mismo tiempo a 10 años de inhabilitación absoluta para el ejercicio de la función pública.

-¿Cuál es el valor del fallo del Tribunal?

-Creo que son muchos y quizás algunos insospechables. Esto es lo que tiene de sustantivo y yo le diría hasta excitante un fallo de esta naturaleza, primero porque tuvo lugar el juicio después de trece años. Si se ve el procedimiento en general, está plagado de chicanas, que uno identifica como tales. Está el derecho de defensa que hace que estas cuestiones sean posibles, pero la cantidad de recusaciones a la conformación del tribunal oral que tenía que llegar a los jueces que lo integraban hizo que se frustraran y fracasaran varios intentos de constitución.

Esta vez para la constitución del tribunal, la Cámara de Casaciones tomó una decisión que además implicaba instar a los jueces a juzgar por el tiempo transcurrido por la gravedad del hecho. Hasta ahora no había podido tener lugar. Qué hay de nuevo, no sé, pero en todo caso, un juicio de esta trascendencia tuvo lugar. Un juicio que no solamente esperábamos en San Luis, también se espera en el exterior, porque es un caso emblemático. Este mecanismo de burlar con tanto descaro la voluntad del Poder Judicial, no se ha practicado, no hay denuncias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidades no tienen casos como este. Por eso hay tanta expectativa y había de tal manera cierta frustración porque nunca llegaba el juzgamiento.

En segundo lugar es que ha sido condenatorio, con una fuerte condena. Una inhabilitación absoluta por 10 años no es una inhabilitación cualquiera, es un ministro que era ministro en su momento. Esto es una indicación muy clara de qué es lo que tiene que hacer ese ministro si se toma la lógica del derecho.

El juicio es una advertencia, que haya habido jueces que en 2004 o 2005, hayan declarado que no habían renunciado, que las renuncias eran un invento, y que vengan hoy y denuncian y digan que efectivamente “yo la firmé”. Otros decían “a mí no me coaccionaron”, pero cuando la Fiscalía le preguntaba “si usted no firmaba, lo iban a nombrar?” No, claro que no. Si eso no es coacción, qué es?

Por más que se intentó en algunos casos endulzar un poco el amargo trago de haber firmado una renuncia contra su propia voluntad para poder tener acceso a un cargo, aun así está muy claro que hubo un mecanismo de coacción. Es ilegal, inconstitucional, ilegítimo. Ese mecanismo se realizó desde las altas esferas del Poder Ejecutivo, por lo cual es una violación inconstitucional muy grave con implicancias directas en el comportamiento y la independencia de la Justicia porque condicionó el pronunciamiento futuro de la Justicia con un elemento de extorsión muy claro; tengo tu renuncia, el día que falles contrario a los intereses del poder, tu renuncia será ejecutada y te enterarás por los diarios que has renunciado, como le pasó a Ziliotto.

Que estas cosas se puedan ventilar es un paso muy importante.

-¿Estos funcionarios pudieron haber actuado sin tener una autorización superior?

-Lo que se ha establecido es el comportamiento de ambos funcionarios. Este juicio abre una caja de pandora. Por ejemplo no sé cómo hará la justicia cuando trate en otro proceso el tema de la senadora Viviana Moreira que aparece implicada directamente en el engranaje de lo que hoy se ha comprobado como una extorsión. Digo esto porque el propio esposo (Freixes) en dos indagatorias lleva al escenario a su mujer. Aparte hay una grabación donde ella es la protagonista central del diálogo con Ziliotto. Constituye parte de ese engranaje, no fueron solo dos. Esto es lo que la Justicia podrá o no determinar en el futuro.

Y esto queda como responsabilidad inmediata, hubo autores mediatos. Esto fue el fruto de instrucciones claras, se trata de los más altos funcionarios encargados de la relación con la Justicia, por lo tanto difícilmente puedan haber obrado por motus propio. Integraban un Gobierno, creo que ese aspecto también puede y debe ser investigado. Dependerá de la Justicia determinar concretamente las responsabilidades, pero aquí después de ellos está solamente el que firma. Si un juez es designado o no y en este caso constitucionalmente es el titular del Ejecutivo.

-¿Cuál es el mensaje de este fallo para la Justicia de San Luis?

-Creo que es muy terrible pero muy edificante. Creo mucho en los jueces que fueron y dijeron “yo renuncié, esa renuncia destruyó mi vida, yo tenía vergüenza ante mis hijos, ante la sociedad, porque todos sabían que había firmado y además no podía reconocerlo ni decirlo porque al mismo tiempo tendría consecuencias gravísimas para mi vida profesional, privada”.

Ya hay un daño pero también una reparación cuando esa gente prestó testimonio. Hubo una jueza que me conmovió mucho, cuando dijo “si, yo firmé y tenía mucha vergüenza” y dio una explicación de por qué, cuando le hicieron la indagatoria no declaró, no reconoció.

En este caso, si mañana se prolonga el examen global, abre a los jueces la posibilidad de una actitud sincera de reconciliarse claramente con la ciudadanía puntana porque está probado que hubo renuncias anticipadas. Además todo lo reconocen, eso es una extorsión, no es una práctica normal, es para un país inimaginable que esto pueda ser practicado, que se pongan en práctica con tanta ordinariedad mecanismos de este tipo. También fue muy grave porque hubo amenazas que no pudieron ser atenuadas por el hecho de que, quien hizo la amenaza pudo tener una relación personal en algún momento con la persona amenazada.

Cuando hay una amenazada, hay una amenaza, porque la calificación de la extorsión agravada viene precisamente por esta situación intimidatoria. Es lo que hace que la pena vaya de 5 a 10 años. En cambio la extorsión simple tiene una pena menor que podría permitir directamente el cumplimiento en suspenso, tiene otras consecuencias. Aquí hay una pena mínima sobre coacción agravada pero al mismo tiempo es una pena muy elevada para pensar en la transformación que se puede operar en los tribunales superiores. Insisto, en esta circunstancia.

-El mensaje para el Poder Ejecutivo cuál debería ser en este caso?

-Creo que es muy elemental. Hay que respetar la Justicia y probablemente nosotros tenemos que sacar alguna conclusión también. Esta hegemonía tan poderosa y prolongada encontró un fuerte asiento en la impunidad con que se ejerció en el dominio de la Justicia; el día que eso cambie seguramente va a tener necesariamente una repercusión en el ejercicio del poder.

Necesitamos un Poder Judicial independiente como en cualquier país donde se ejerza la democracia. Esto es una democracia incompleta. Con una Justicia como ésta la situación inexorablemente será la continuación eterna en el poder, pero al mismo tiempo un avasallamiento. Una herida muy profunda en quienes tienen esa noble función de arbitrar Justicia.

En una comunidad que no cree en la Justicia, la calidad de vida de esa población se ve profundamente dañada. Hay que creer en ella, sentir que la seguridad que ofrece el Estado es legítima, es el fruto del ejercicio de los controles de la propia estructura estatal y que al mismo tiempo están las garantías de una Justicia independiente. Realmente es lo que hace a la esencia de la vida en democracia, no solamente las elecciones que también merecerían nuestros comentarios en profundidad. Un componente indisoluble de la democracia es el goce de la Justicia y para eso hace falta que sea independiente, no asociada, no sometida a ninguno de los poderes y menos al Ejecutivo.

La historia ha demostrado que para poder someter y sojuzgar, siempre ha sido necesaria la impunidad en la inexistencia de la Justicia.

En este juicio quedó fortalecido el rol de la mujer. No es casual, fue una mujer la denunciante, Gretel Diamante, extraordinaria jurista, camarista. Esa mujer toma una importante decisión, enterada de la existencia de un hecho tan grave como haber impulsado y obtenido la firma de las renuncias anticipadas; ingresa en una investigación y hace la denuncia. Todos los costos que pudieron significar para esa mujer, ese acto de valentía y justicia propio de una mujer encarna el valor de la función judicial, realmente más allá de los homenajes, es importante tomar consciencia de lo que significó.

También el rol de Ziliotto, que casi destruida por todas las maniobras, las intrigas de un poder siniestro que la acosaba para hacerle firmar, para ejecutarle, para intimarla, para evitar que después hable, para ir a visitarla a la casa, para ver qué ha dicho, qué piensa hacer, le ofrecen cosas. Uno de los imputados que dice: “yo la dejé en el cargo que tenía”. Un hombre que era viceministro, qué independencia de la Justicia puede reconocer alguien que dice eso.

Lo desdibujado que quedó el hombre. Que llegó a decir en una parte también esto obedece al hecho de que alguna vez ´yo pude tener alguna relación” cosa que nadie negó pero que no puede servir de fundamento para aclarar la valentía de una mujer que casi destrozada por la infamia, acusaciones, intimidaciones tuvo el coraje de ir a la justicia y cada vez dijo con exactitud lo que había acontecido.

Hubo otra jueza, que dijo “yo cuando vine presté mi indagatoria, no dije toda la verdad, porque tenía vergüenza, yo había firmado la renuncia”.

En los testimonios de los hombres no vi ninguno que me conmoviera, pero sí estos cuatro que me parecen para cuando se escriba la historia. Esto es una novela, una película; este juicio, va a ser retratado en alguna pantalla, no sé si en San Luis, pero sí en algún lugar del mundo porque tiene una siniestra originalidad.

-Cómo ve las instituciones de San Luis porque se plantean la falta de independencia del Poder Judicial, casos de corrupción y falta de transparencia?

-Trato de continuar este aspecto de la democracia, el tema de la Justicia y su relación con el Ejecutivo y su vinculación directa con la impunidad, porque el sometimiento de la Justicia para poder hacer es necesaria la impunidad que es el mecanismo que habilita a poder ejercer y neutralizar la posibilidad de la sanción que viene de la justicia frente al comportamiento ilícito, frente a un ejercicio abusivo del poder.

Viví con un enorme desgarro las destituciones de Careaga y Gallo (juezas destituidas en los años 90). El país ya sufrió condenas internacionales sobre estos temas, y sin embargo no marcaron un antes y un después. Después hubo sentencias de la Corte muy llamativas. Ojalá pudiera encontrar en otras provincias pronunciamientos en los que señalan de una manera tan irónica y a veces ofensivas, al comportamiento de algunos sectores de la Justicia.

Cuando uno habla de estas cosas se refiere generalmente al Tribunal Superior, a las instancias más políticas.

Pero este caos, yo lo veo como una enorme oportunidad, ya no se puede tapar el sol con las manos. Hubo una maniobra que denota la vocación muy perversa en el control de la Justicia. La propia Justicia viviendo un enorme desgarro nos está devolviendo la credibilidad. Creo que si en el futuro se aclara más esto, los procesos ofrecerán la oportunidad para que la Justicia pueda realmente esclarecer lo que ha acontecido. Estaríamos en un paso importante, porque los procesos también tienen que ser internos y ahí hay una enorme lección, aprender de esta experiencia. He visto reconstituir poderes judiciales en el mundo y querría eso para San Luis y creer que esto es una oportunidad.

Espero esta vez después de una lección tan clara, que el Ejecutivo por fin entienda y aprenda que el Poder Judicial solamente tiene sentido mientras es independiente. El juez que no puede dictar sentencia, aplicando la ley, deja de ser un juez para ser un funcionario del Estado que cumple la función o voluntad de un poder distinto.

–Ve comportamientos coincidentes entre el proyecto político que gobierna hace casi 40 años en San Luis y el kirchnerismo que condujo el país durante 12 años?

-Tengo una impresión de que las comparaciones en algunos aspectos, es más fácil hacerlo con respecto a las situaciones provinciales. Quiero decir dos palabras sobre mi función como auditor, no audité las provincias como tales, sí las transferencias de fondos nacionales a las provincias, tuve cierta competencia. Sí pude conocer los mecanismos de funcionamiento a nivel nacional. Los informes de la Auditoría fueron demostrando también enormes desviaciones en el comportamiento institucional, pero al mismo tiempo en el manejo de los fondos públicos en los distintos sectores de un gobierno que tuvo por momentos los presupuestos más elevados de la historia. Se canalizaron de formas tan irregulares como las que hoy se pueden verificar en los juicios.

Dos reflexiones se pueden hacer: La primera es que la Justicia intervino muy tarde. Hoy es evidente esta conclusión tétrica, la corrupción mata y es cierto. Cuando uno ve la situación de la Tragedia de Once a pesar de que los informes de la Auditoría anunciaban cuatro años antes y en ese momento tenían señalamientos muy claros de que todo desembocaría en una tragedia, se pudo evitar. Esto es muy conmovedor en una realidad como Argentina. El Ejecutivo y el Congreso qué hizo, me llamó y cuando yo pensé que finalmente iba a tratar ese informe porque necesitaba la aprobación del Congreso, me destituyó. Pude recuperarme, porque hice un golpe de estado, me apoyó toda la oposición, inclusive gente del propio oficialismo como Pichetto (jefe del bloque de senadores Justicialista) pero además, la ciudadanía. Eso me sirvió para que me reincorporaran, no me aplicaran ninguna sanción, me dieran continuidad.

No quise negociar nada en ese momento, me señalaban irregularidades que después no pudieron probar, por lo tanto seguí siendo Auditor General y me querían destituir con un método completamente irregular.

Digo esto para decir que la Justicia no acompañó ese proceso tan difícil de enfrentar al poder desde un órgano de control, la Sigen (Sindicatura General de la Nación) se apartó, hacía informes clandestinos, la cortaron.

Los funcionarios nuestros son temerarios. He conocido muchos, yo los veo ahora presos, cómo es posible, no previeron, porque no leían mis informes que los hacía personal técnico capacitado.

Me lo decía cuando lo veía a Zavala y Freixes sentados. Esas personas, cuando cometían estos ilícitos, nunca pensaron que alguna vez iban a rendir cuentas.

Esto es lo que tiene de maravilloso la Justicia.

Siempre, la corrupción va a existir mientras la impunidad sea más poderosa que la Justicia. Cuando la Justicia logre vencer a la impunidad, vamos a empezar a corregir la corrupción.

En el juicio se planteó que el kirchnerismo estaba interesado en la intervención federal del Poder Judicial de San Luis. Ahora el gobernador y la expresidenta son aliados…

Las alianzas políticas son un mecanismo que tiene licitud dentro de la lucha política y del ejercicio de poder, de tal manera que son opciones sorprendentes que de alguna manera están dentro de la arbitrariedad de las decisiones. Lo que puedo decir es que en el juicio los argumentos políticos que se esgrimieron dejaron muy mal a los que los esgrimían.

-¿Cuáles son los desafíos pendientes en la calidad institucional de la provincia de San Luis?

-Creo que el primero es este; necesitamos una Justicia independiente y que pueda serlo. Creo que este fallo nos abre una posibilidad privilegiada porque es una señal muy fuerte para el Ejecutivo de que su gente termine en prisión y aquí se han tratado de atenuar las consecuencias de que van a haber apelaciones, pero cinco años de prisión para un funcionario que tenía funciones tan elevadas es muy grave y hay que leerlo de esa manera.

Esta es una señal muy clara y también la Justicia; creo que tiene la posibilidad a través de este caso de recomponer su propia visión y un comportamiento distinto y sin duda apegado al derecho y a la función que le ha sido. Pero está claro que la Justicia funcionando como lo ha hecho, ha dañado también todo el tejido institucional. Sería interesante reflexionar en detalle para no hacer de una manera análisis esquemáticos y simplistas sobre la forma en que el ejercicio del Ejecutivo ha podido dañar otras instituciones o el conjunto del tejido institucional.

En este caso se ha demostrado que hay una vocación y voluntad de dominar y doblegar a la Justicia. ¿Cuál es la finalidad? Esa finalidad es poder concretar una hegemonía que se traduce electoralmente en una Justicia acolita que va a fallar de acuerdo siempre a los intereses.

Es importante analizarlo. La continuidad del poder ha tenido una Justicia que lo ha acompañado y después ha sido funcional para tener márgenes importantes de impunidad, también hay que analizarlo.

No solamente este caso está en carpeta. Tiene el caso de las donaciones (subsidio del Gobierno a la Fundación Mujeres Puntanas de la esposa del senador Adolfo Rodríguez Saá por $80 millones) y ese es un caso que va a ser dirimido, es impensable que una actitud como esa no va a ser arbitrada por la Justicia. La Corte les dirá como les dijo en las elecciones del 2017, ustedes tienen que dictar Justicia y tiene que respetar la voluntad de los partidos políticos, no puede ser la Justicia la que sustituya la voluntad popular ni la vida autónoma de los partidos políticos.

Hay que ver lo que está pasando a nivel nacional, personas que creían que nunca lo iban a hacer, hoy tienen que rendir cuentas. Esto tiene que ir más allá. Porque acá también hay una incidencia directa sobre el proceso electoral, qué competitividad podemos tener si se le puede entregar desde el Gobierno 100 millones a alguien para que haga política.

Cómo es posible que un juez Federal diga que no es competente y uno provincial igual. Esto qué quiere decir, que no hay competencia para juzgar? Estamos en puerta de una nueva elección y todavía la Justicia no se ha pronunciado. Vamos a esperar el pronunciamiento de la Corte, quizá más cercano a cuando ya se haya concretado la próxima elección.

La Corte Suprema nos ha dicho con distintas composiciones cosas muy duras sobre la ausencia de Justicia. Hay una carencia institucional que es casi única en el país, somos los dueños de la ausencia de pronunciamientos sobre temas que comprometen al poder y directamente al poder en la expresión de sus dos figuras más importantes, cómo es posible que no va a haber pronunciamiento?

Tiene que haber pronunciamiento sobre la situación de los “votos marcados”. Espero que esto sea la punta de lanza, que aquí iniciamos un proceso irreversible, que acá no hay vuelta atrás y también nosotros tenemos que exigirlo, las fuerzas políticas tienen que estar. No podemos ser lo que hemos sido hasta ahora en la provincia con una Justicia amordazada o con una venda. La Justicia así no es Justicia.

Tengo un discurso esperanzador, yo creo en la Justicia, por eso considero que hay que exigirle para que pueda cumplir su función y nos va a agradecer a todos, una Justicia reconciliada con la sociedad, es la mejor sensación que puede sentir una comunidad que hoy vive en democracia.