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Renuncias anticipadas de jueces: trece años después hubo una condena

Esta semana se conocerán los fundamentos. Los abogados defensores apelarán la sentencia.

por Nicolás Gatica Ceballos / San Luis
Actualizada: 04/11/2018 19:06
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El jueves el Tribunal Oral Federal condenó a Freixes y Zavala a 5 años de prisión y 10 de inhabilitación para cargos públicos. El escándalo institucional que sacudió a la provincia hace 13 años, finalmente sentó un histórico fallo condenando a dos funcionarios de la primera línea del Gobierno.

El actual ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción Sergio Freixes, y el ex vice ministro de Legalidad Mario Zavala, fueron condenados por ser coautores del delito de “coacción agravada”.

Mediante extensas exposiciones la fiscalía develó los entramados con los que ambos arremetieron contra la libertad psíquica de jueces y fiscales.

El Tribunal los condenó por un hecho: la coacción que ejercieron sobre la ex camarista Mariana Ziliotto. Además de otorgarles 5 años de prisión (pena mínima) y 10 de inhabilitación para ejercer cargos públicos, también resolvieron que deberán cubrir los costos del proceso. Lo concreto es que la Justicia Federal determinó que ambos incurrieron en el delito.

En este sentido la determinación del jurado fue histórica. Desde el primer momento organismos como Poder Ciudadano y Transparencia Internacional focalizaron el seguimiento del caso y desde la perspectiva de la jurisprudencia se trazó un antecedente: se trató de un hecho inédito en el país y la región.

El contexto

La provincia atravesaba una crisis institucional desde 2004 cuando el conflicto de la doble intendencia, época en que María Angélica Torrontegui y Daniel Pérsico gestionaban dos ejecutivos simultáneamente, generó un escándalo nacional.

La gravedad de lo que ocurría arrojó luz sobre las dificultades que atravesaba la Justicia local, que fue fuertemente cuestionada por la Corte Suprema. El máximo órgano judicial del país falló a favor de Pérsico (el 25 de febrero de 2005) y tambaleó no sólo la credibilidad del aparato de Justicia, sino que alarmó ante la posible intervención del mismo.

Previo a ello, durante el segundo semestre del 2004 el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá había ejecutado una reconstrucción y ampliación del Poder Judicial para lo cual convocó a una serie abogados para ocupar diversos roles en la estructura judicial.

De acuerdo a la denuncia que la ex fiscal de Villa Mercedes, Gretel Diamante presentó en abril del 2005 ante el por entonces Procurador General de la Nación, Esteban Righi, el Poder Ejecutivo de la mano del ministerio de la Legalidad (donde Freixes y Zavala eran ministro y vice ministro respectivamente), obligaban a los flamantes jueces y fiscales a firmar anticipadamente sus renuncias a modo de un instrumento de coacción.

La presentación terminó por provocar un serio escándalo. De hecho el por entonces abogado de Diamante, Hugo Wortman Jofre, pidió ante la jefatura de Gabinete y el Senado de la Nación que se abriera una investigación.

De acuerdo a Diamante la denuncia fue presentada directamente ante la procuraduría General de la Nación ya que la fiscal Federal en San Luis era Mónica Spagnuolo, hermana de Néstor Spagnuolo, uno de los jueces renunciantes.

La denunciante se valió de material fílmico que se grabó en discreción para evidenciar sus postulados y resaltó el caso de la ex camarista Mónica Ziliotto, que no había presentado la denuncia por “temor” a lo que podría sucederle a sus hijos.

A través de publicaciones en medios oficialistas se planteaba la renuncia de los jueces para “depurar” el Poder Judicial y la oposición acusó al Gobierno.

Entre otras de las estrategias que usó el Ejecutivo para evitar la intervención, estuvo la presentación de dos proyectos de ley para modificar la designación de magistrados a través de audiencias públicas y reestablecer la colegiación obligatoria de los abogados y procuraciones, todo en un evidente gesto de adelantarse a las críticas.

Lo que ocurrió en las audiencias

El proceso fue explosivo desde la primera jornada, cuando Gretel Diamante inauguró la ronda de declaraciones. La jueza dio todos los detalles más profundos de las maniobras y los pasos que desarrolló para llevar adelante la denuncia.

Otro de los testimonios que denotaron el accionar corrupto de los funcionarios fue el de Ziliotto que ratificó lo que correspondía a sus declaraciones en el expediente e hizo aportes. Su caso desembocó en la condena.

Aseguró que hasta la actualidad recibe “ataques” por su postura: “Desde hace 13 años recibí permanentemente el acoso y la amenaza. Me quebraron de todas las maneras posibles, quebraron a mi familia”. También apuntó contra el actual ministro de Seguridad al definirlo como un “testigo falso”.

Los acusados se abstuvieron de declarar hasta el último día del juicio. Previo a ello sólo se remitieron a contestar las preguntas de la prensa, asegurando su inocencia y remarcando que el proceso en realidad se trataba de “una causa política”.

La defensa de ambos pidió desde el primer momento la nulidad de las cámaras ocultas, las pericias caligráficas y la exclusión de la “cadena de custodia” de las pruebas, entendiendo que no se brinda “garantía de autenticidad”. También requirieron la prescripción de la causa y la incompetencia del fuero federal, solicitudes que fueron rechazadas por el Tribunal.

Spagnuolo era uno de los tres jueces que debía pasar por el despacho para firmar la renuncia anticipada. Ernesto Lutens también estaba en la lista: “Para ser juez hay que hacer esto. Ya vienen Lutens, que está cerca, y Spagnuolo que se va a demorar un poco porque está en Villa Mercedes”, aseguró Ziliotto que le fundamentó Zavala.

En la tercera audiencia Spagnuolo aseguró que nunca firmó su renuncia de manera anticipada. Remarcó que concursó en el Consejo de Magistratura, que su examen fue uno de los mejores y describió que su renuncia se vio motivada por los “rumores” y cuestionamientos sobre los concursos en el cual había resultado elegido.

Por otra parte también se escuchó el relato de la ex jueza Mirtha Vallica San Martín, que reconoció que firmó la renuncia al cargo que le había ofrecido Mario Zavala. La rúbrica la hizo antes de ser designada. Dijo que “estaba arrepentida” y que la primera vez lo negó “por vergüenza”.

Además admitió que ese requisito era “algo totalmente anormal”, pero que lo evaluó como “una oportunidad”. Sin embargo descartó haber recibido “directiva o sugerencia” de parte del Gobierno provincial. Eso posteriormente fue analizado desde la pérdida de la libertad psíquica.

Gabriel Leonhardt, quien fue designado en esa época como juez, se limitó a decir que Zavala lo llamó por teléfono para que renunciara, desmintiendo así que lo haya hecho de manera anticipada. Asimismo aseguró que la situación le generó “temor”.

Lo que refiere a la testimonial de Domingo Flores se utilizó la que había sido presentada previamente dado que presentó un certificado médico. Lo mismo ocurrió con las declaraciones del fallecido Carlos Salomón.

Por su parte el ex camarista Humberto Agúndez desligó a Freixes y Zavala del delito remarcando que su renuncia fue presentada por su propia voluntad y que fue redactada en su despacho. Además cuestionó al juicio por considerarlo una causa “política”, a la vez de reconocer que él es “conocido” de la familia del gobernador.

Los alegatos y el veredicto

La fiscalía utilizó varios recursos informáticos y documentales para certificar el delito. Además realizaron una línea del tiempo que pegaron en uno de los paneles de madera que circundan el sector del público y en base a lo apuntado describieron minuciosamente cada detalle del caso.

Entre otras cuestiones que impulsaron, fue poner en evidencia que uno de los libros administrativos que se presentaron como prueba documental estaba “adulterado”. Arribaron a esa conclusión por los resultados de las pericias y por las preguntas que formularon a los testigos durante las audiencias.

En el caso de las empleadas de la secretaría privada, los fiscales indagaron hasta en el color de las tapas de las carpetas que manipulaban en su labor cotidiana. Al ser tan detallistas los diálogos se extendían por horas y la defensa pedía con algunas risas que se limitara a consultar lo referido al caso. Sin embargo lo que en principio parecía irrelevante, terminó por constatar las imprecisiones documentales.

Luego de contabilizar una extensa contextualización de los hechos pidieron que se condenara a ambos por considerarlos coautores de “coacción agravada”, bajo la pena de 7 años de prisión, 10 de inhabilitación para cargos públicos y costes.

Fundaron el pedido en dos ejes. Por un lado la libertad psíquica que se vio violentada, entendiendo que si bien puede haber cierto grado de voluntad en quien firmó la renuncia, el modo en que se ejerció fue excesivo. En ese sentido el segundo aspecto que remarcaron fue la exigencia indebida, entendiendo que fue ilegítima.

“En las coacciones la prevalencia ilegítima de la voluntad ajena sobre la propia, es suficiente para que la amenaza coarte la libertad de decisión”, definieron. Para remarcar la contundencia del delito, detallaron que se puede exigir incluso algo correcto y totalmente legal, pero si el pedido se formula de manera indebida se trata de una coacción: “La ilicitud está en la exigencia”.

También resaltaron el “daño ilegítimo” que se desprendió de una amenaza que, de acuerdo a las declaraciones, Ziliotto había recibido de Zavala: “Ojo que tengo mucho poder, que vos sabes quién fue quien encontró a Gramalia (el kinesiólogo asesinado fue encontrado el 9 de octubre de 2004 en el fondo del dique La Florida)”.

Los defensores oficiales Sebastián Crespo y Claudia Ibáñez que asistieron a Zavala, discreparon con los hechos que formuló la fiscalía remarcando que supuestamente o había pruebas directas de lo denunciado y siguieron mantenido la interpretación de que se trató de “un hecho político”.

Además volvieron a rechazar las pruebas documentales, particularmente el material audiovisual, y se remitieron a apuntar contra la propia víctima expresando que “militaba en el PUL (Partido Unión y Libertad fundado por Alberto Rodríguez

Saá en febrero de 1998), que poseía cercanía con el Ejecutivo y una amistad con Freixes”.

La defensa de Freixes, Hugo Scarso, mantuvo el mismo eje de planteos: “La realidad de la vida cotidiana la conocemos los puntanos, los que estamos trabajando, los que vivimos en esta provincia. El gobernador había ganado las elecciones por el 70% de los votos y como estaba en contraposición al Gobierno nacional que por entonces era kirchnerista, se quería intervenir la Justicia”.

Luego se remitió a indicar que el devenir de la causa se trató de “la mentira como elemento justificante”.

Finalmente el Tribunal compuesto por Paula Marisi, Alejandro Piña y Roberto Naciff los condenó (en fallo dividido) a 5 años (mínima) de prisión, 10 años de inhabilitación para el ejericio de la función pública.

Los acusados prefirieron no opinar antes los medios tras el fallo, pero hablaron previo a la sentencia con los jueces. Zavala apuntó contra Diamante por “armar” el expediente y la acusó de hacer política partidaria.

Luego se declaró inocente: “Yo jamás he amenazado ni he deseado el daño a Ziliotto ni a ningún magistrado ni funcionario judicial”.

Freixes hizo lo propio con un tono de voz muy bajo, casi imperceptible. Hizo un recorrido por su vida personal asegurando que trabajó “toda la vida” pensando en la justicia social y advirtió que Ziliotto le pidió que intercediera ante Rodríugez Saá para que le diera un cargo: “Miren mi grado de responsabilidad que nunca lo dije, porque entendía que no lo debía hacer”.

Por último remarcó su inocencia asegurando que “todo el mundo sabe” que él no podría hacer tal delito.

Freixes y Zavala permanecen en libertad porque la condena no está firme. El Tribunal dará a conocer esta semana los fundamentos. Los defensores adelantaron que apelarán la sentencia.

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