Condenan a un ex presidente regional catalán a devolver casi 5 millones de euros
La sentencia considera también responsables patrimoniales a otras nueve personas, a las que les reclama una cantidad concreta de dinero por distintos conceptos, aunque Artur Mas es el responsable último del monto total utilizado de forma irregular.
El ex presidente catalán Artur Mas fue condenado este lunes por el Tribunal de Cuentas de España a devolver 4,9 millones de euros gastados en la consulta simbólica sobre la independencia de Cataluña, celebrada el 9 de noviembre de 2014 pese a que había sido prohibida por el Tribunal Constitucional español.
Entre los condenados figuran la ex vicepresidenta catalana Joana Ortega y los ex consejeros de presidencia, Francesc Homs, y de Educación, Irene Rigau.
En marzo de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya inhabilitó a Mas durante dos años por haber celebrado la consulta que previamente había sido declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.
El Tribunal de Cuentas, el órgano encargado de supervisar las cuestas de los partidos políticos y el sector público, inicialmente reclamó 5,2 millones de euros de fianza a Mas por este caso, dinero que el ex presidente no abonó en su totalidad, lo que motivó un embargo de sus bienes.
Esta consulta celebrada hace tres años de forma simbólica fue el germen del posterior plan de secesión – y del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017- con el que los independentistas catalanes, ya sin Mas al frente del gobierno, intentaron romper con España de forma unilateral.
Mas inicialmente convocó un referéndum independentista para el 9 de noviembre (9N), pero ante el veto del Tribunal Constitucional llamó a una consulta -"proceso de participación"- no vinculante, manteniendo la misma fecha.
El tribunal consideró que se trataba de una mera maniobra y también prohibió aquella consulta, que finalmente se celebró, ya que las fuerzas de seguridad no lo impidieron.
De acuerdo con la sentencia, los ex responsables del gobierno catalán deben devolver ahora el dinero utilizado para distintas tareas administrativas y logísticas "encaminadas a organizar la votación", como la creación de la página web de la consulta, o el material de propaganda y soportes informáticos, así como 700 computadoras que se compraron para utilizar en el proceso electoral.
Según el fallo, el delito se produjo no sólo cuando "no se justifica el destino de los fondos"- aquí se justificó- sino "cuando ese destino es ajeno a las finalidades públicas" de la entidad, es decir, del gobierno catalán.
El fallo del Tribunal de Cuentas llega a pocos meses de que comience el juicio contra la mayoría de los miembros del gobierno del ex presidente Carles Puigdemont, el sucesor de Mas, acusados de un grave delito de rebelión por celebrar el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, también bajo prohibición.
El resultado de esta última consulta fue lo que llevó a la declaración de independencia unilateral el 27 de octubre, y motivó la posterior intervención de la norteña región por parte del Ejecutivo español.