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Inseguridad: el bloque de Unidad Justicialista rechazó la interpelación al ministro González

La oposición quería que el funcionario concurriera a explicar el plan para combatir la delincuencia y de lucha contra el narcotráfico. Los diputados que responden a los hermanos Rodríguez Saá no autorizaron la convocatoria.

El bloque de Diputados de Unidad Justicialista no autorizó que el ministro de González responda los interrogantes sobre la seguridad en la provincia.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 15/11/2018 01:36
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La interpelación al ministro de Seguridad, Diego González fue impulsada tras una serie de pedidos de informes promovidos a lo largo del año.

Los crecientes robos a comerciantes, asaltos a vecinos de los diferentes barrios de San Luis, el problema del abigeato en el interior y el preocupante panorama de la droga, fueron los fundamentos para pedir que el funcionario se presente en el recinto a responder.

Establecía 12 ítems que atravesaban el plan de seguridad, las estadísticas de ilícitos de los últimos tres meses, medidas de lucha contra el narcotráfico, los objetivos de los “mega operativos”, la capacitación del personal, el estado de las comisarías, los montos destinados a infraestructura, la especificación de los artículos de la Ley Orgánica de la Policía que se encontraban reglamentados y las medidas que se adoptarán en referencia a la “delicada” situación.

El interbloque de Avanzar y Cambiemos por San Luis una vez más no tuvo éxito en su intento por lograr explicaciones sobre la batería interrogantes que dominan el área de seguridad de la Provincia.

A la hora de la verdad los diputados que responden a los hermanos Rodríguez Saá no mostraron fisuras. Tanto los diputados adolfistas como albertistas que hoy sumaron 23 a la hora de votar, cerraron la puerta a la presencia del ministro.

El pedido de interpelación conforma un compendio de distintos requerimientos que los diputados de la oposición manifestaron desde principio de año.

Entre las primeras solicitudes de informes estuvo la de Walter Oio, que focalizó una serie de 20 preguntas al por entonces ministro Ernesto Alí.

Lo que remarcó se relacionaba a las informaciones sobre el mapa del delito, la política criminal, un esquema de las denominadas “zonas calientes” y las estadísticas 2017-2018 de los mega operativos.

También buscó arribar a datos que especificaran la cantidad de recursos logísticos y tecnológicos de las comisarías, si contaban con conexión de alta velocidad a internet, la cantidad de pórticos de lectura de patentes que poseían detectores de velocidad, y el número de cámaras en la provincia.

Otro de los pedidos de informes fue el que buscó indagar respecto al narcotráfico en la provincia. De acuerdo a las últimas mediciones del Sedronar, sumado a las denuncias de los vecinos de diferentes barrios de la capital puntana, se infirió que el flagelo de las adicciones había aumentado considerablemente.

De este modo se apuntaba a conocer los montos del presupuesto destinados a la lucha contra el narcotráfico, el plan de prevención, la cantidad de efectivos afectados al departamento y la capacitación que estos recibían.

En este sentido se conoció que Alberto Rodríguez Saá le había quitado el 70% del presupuesto al área que se encarga de enfrentar este flagelo.

También se presentó en agosto un pedido de informe sobre la situación institucional de la Policía. El objetivo fue profundizar sobre la carencia de móviles policiales y la falta de recursos básicos.

Entre los pedidos se destacó un documento presentado en noviembre del año pasado, referido a la situación de la cárcel de máxima seguridad Pampa de Las Salinas, donde se plantearon situaciones de muertes de internos, droga y el posible ingreso de personas para el ejercicio de la prostitución.

Se expusieron situaciones confusas en torno al funcionamiento de la cárcel y estuvo acompañado por el aval del Observatorio Internacional de Prisiones, organismo que había recibido una serie de quejas.

En concreto los diputados de la oposición plantearon varios informes para conocer los datos fundamentales de las distintas gestiones del ministerio que cambió tres veces de autoridades (Beatríz Alagia en diciembre de 2015, Ernesto Alí en febrero de 2017 y Diego González en junio de este año), pero ninguno tuvo resultados ante la negativa del oficialismo.

El tratamiento de la seguridad en comisión

El legislador Juan Manuel Rigau detalló en diálogo con este medio que la obstrucción del oficialismo no solo se reflejó en la votación de la sesión de este miércoles, sino que también se repitió en el trabajo de la comisión de Seguridad.

Esta comisión, presidida por Juan Pablo Funes, está conformada por siete diputados de los cuales cuatro son oficialistas. Para dar quórum se necesita al menos un legislador del oficialismo, sin embargo las ausencias impidieron el tratamiento de innumerables temáticas, entre ellas la interpelación a González.

De treinta martes que se deberían haber reunido en lo que va del año, sólo dieron quórum cinco veces, de las cuales una se utilizó para elegir autoridades a principio de año, otra para enviar expedientes al archivo y el resto para el tratamiento de distintos temas.

“Cuando no quieren tatar temas no dan quórum, por eso no dieron la habilitación (a la interpelación), realmente es una vergüenza, hay una intencionalidad expresa para que esto funcione así, de que la comisión directamente no se abra”, sostuvo Rigau.

Ayer apuntó al incremento de la cantidad de hechos delictivos: “Hace poco escuchábamos prácticamente el secuestro a un taxista, los robos en el Barrio 500 Viviendas, en el centro, los problemas de abigeato en el interior de la provincia, la situación de la falta de efectivos en el interior donde hay tres o cuatro policías por guardia tornando imposible una seguridad de calidad, los instrumentos son decadentes, los móviles no funcionan, el armamento es casi obsoleto, no hay municiones, no hay polígono de tiro para que la Policía practique y más de la mitad de los uniformados no han pasado por la escuela de Policía. Esto muestra la gravedad de la situación”.

Incluso se refirió a la gestión de Alí, quien “no brindó ningún tipo de acción que pudiese disminuir la delincuencia en la provincia”. Respecto a González agregó que “la gente no lo conoce, está escondido”, cuestionó el desconocimiento de su plan de trabajo, el funcionamiento de los puestos fronterizos y la falta de información respecto al control aéreo.

Por último se refirió a la falta de acceso a la información y advirtió que no se sabe quién resguarda el contenido de las cámaras de seguridad.

Datos sobre la situación actual en materia de Seguridad

  • Desde que Diego González y Fabricio Portela (jefe de la Policía) asumieron, hubo desplazamiento de efectivos, desmentalamiento de puestos policiales y se desarmó el brazo comunicacional (Relaciones Policiales) de la institución.
  • 5 móviles custodian la ciudad de San Luis, 4 Villa Mercedes.
  • De 3.658 efectivos 152 están destinados a la custodia del gobernador y 113 a la división de Lucha contra el Narcotráfico.
  • El 47% (1735 efectivos) son auxiliares, de los cuales 618 tienen licencia médica.
  • No se han publicado estadísticas oficiales que brinden un panorama sobre el mapa del delito y la actualidad en torno al narcotráfico.
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