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Tercer juicio de lesa humanidad: otras dos víctimas relataron las torturas y el “rol central” de la Justicia

Declararon Milca Guillaumen (67) desde Córdoba y Julio Oscar Gonzáles (63) desde Buenos Aires. El Tribunal determinó que realizará una inspección a uno de los edificios que fue utilizado para los tormentos.

Las víctimas relataron las torturas que sufrieron durante la última dictadura cívico militar.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 16/11/2018 09:56
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Este jueves se llevó a cabo la tercera audiencia por delitos de lesa humanidad en San Luis en la que prestaron testimonio dos víctimas de la última dictadura cívico militar.

Al igual que en la anterior, los acusados el ex juez Federal, Eduardo Allende (78), el ex médico de la Policía de San Luis, Jorge Omar Caram (78) y el ex teniente de la Artillería Nº 141, Alberto Eduardo Camps (70) no estuvieron en la audiencia.

En esta oportunidad se conocieron más detalles acerca del actuar de las fuerzas de seguridad, las torturas y el “rol central” que tuvo la Justicia.

Un aspecto que será importante para el desarrollo de la causa es la inspección judicial que realizará el Tribunal Oral Federal el próximo viernes 30 de noviembre.

Los jueces Julián Falcucci, Alberto Daniel Carelli y María Paula Marisi visitarán la ex Jefatura de Policía donde funcionaba el D2, el centro de torturas más importante de la ciudad de San Luis.

Este edificio, ubicado en la intersección de Belgrano y San Martín, donde actualmente funciona el Muhsal, se encuentra al lado del Juzgado Federal de San Luis. Allí se encontraba el despacho de Allende.

Esto demostraría la gravedad de la “inacción” por parte de la Justicia al momento de interceder ante las víctimas.

Si bien no se tiene previsto citar a los testigos o víctimas ya que existen registros audiovisuales al respecto, no se descarta convocar al personal de la época para explicar las modificaciones edilicias.

El fiscal Federal que lleva adelante el caso, Cristian Rachid, dialogó con la prensa y afirmó que el Tribunal podrá “ver directamente” donde estaba ubicada la oficina de Allende y tener el “contacto directo con las pruebas”.

“Verán lo fácil que le hubiera resultado al ex juez poder simplemente cruzar de edificio y verificar la situación del detenido cuando le llegaban las denuncias”, indicó.

Si bien al inicio del debate, el ex fiscal Federal, Hipólito Saá (80), integraba la lista de los imputados no será juzgado en esta oportunidad debido a sus “problemas de salud”, lo que no quita que en un futuro comparezca.

Los jueces federales Alberto Daniel Carelli, Julián Falcucci y María Paula Marisi.

El testimonio de dos víctimas

Tal y como fue en la audiencia anterior, algunas de las víctimas se sometieron a un extenso interrogatorio mediante videoconferencia.

En este caso lo hicieron Milca Guillaumen (67) desde Córdoba y Julio Oscar Gonzáles (63) desde Buenos Aires.

Fue llevado a cabo por el ministerio Público Fiscal representada por Rachid y Mónica Spagnuolo, y la querella con Norberto Foresti, miembro de la Asociación de Permanente de Derechos Humanos (APDH).

Los defensores oficiales de Allende, Federico Reinaldo Pastor y Claudia Ibáñez, también intervinieron pero de manera más esporádica.

Tanto Guillaumen como Gonzáles, se explayaron por al menos 40 minutos cada uno, recordaron las vivencias que les tocó sufrir e incluso su entrevista con Allende en aquel momento.

“Los testimonios de ambos corroboraron los extremos de la imputación en el sentido de la absoluta indefensión y la falta de intervención judicial”, afirmó Rachid.

La APDH, con Lilian Videla a la cabeza, también se acercó al recinto para presenciar la jornada.

Federico Reinaldo Pastor y Claudia Ibáñez.

Quien también lo hizo, y hasta el momento con asistencia perfecta, fue el fiscal de Estado del Gobierno de San Luis, Eduardo Allende, hijo del ex magistrado.

Su ubicación en el recinto (al lado de Ibáñez y Pastor) y su “actitud” durante el debate no ha pasado desapercibido por los asistentes y en particular por la APDH.

“Desde el asignado lugar para víctimas y familiares sin privilegios y estrictamente custodiados, separados por vidrios y sin permitir el uso de celulares, se pudo observar y escuchar como el familiar privilegiado de uno de los imputados puede estar cercano a los abogados defensores y en su momento dar indicaciones”, sostiene un comunicado del organismo en el que expresó su “profundo desacuerdo y dolor” con el Tribunal por autorizar a los acusados a no asistir a las audiencias.

Las declaraciones recién se retomarán el 14 de diciembre con alrededor de cuatro testigos que en los próximos días definirán.

Norberto Foresti (querella) y los fiscales federales Cristian Rachid y Mónica Spagnuolo.

Los relatos

Guillaumen. La docente de física jubilada prestó testimonio a la Justicia por primera vez y relató los tormentos que sufrió a partir del 8 de mayo de 1975 hasta el 7 de noviembre de 1981.

El secuestro ocurrió mientras salía de su casa en construcción que supo tener ubicada en los terrenos donde ahora se levanta el Barrio Los Olivares.

Un grupo de hombres con ametralladoras se bajaron de un auto a 20 metros de distancia, la tomaron y se la llevaron hasta la sede de la Policía Federal. Allí permaneció dos o tres días en un cuarto pequeño donde era torturada.

Según contó, estuvo bajo una constante custodia policial que “siempre” la maltrataba: “Me quemaron con un cigarrillo en la mano”.

Durante esos seis años en cautiverio su estado de salud fue muy malo, esto le imposibilitó recordar detalles en la entrevista de la jornada de hoy. Ejemplo de ello es que no pudo acordarse de la declaración que le formuló a Allende el 13 de mayo del ’76.

Su estadía ilegal, que tuvo una corta visita por el Hospital de la capital, se trasladó a la Cárcel de Mujeres, donde estuvo con Raquel Camacho, otra víctima que pasó por el juicio.

“La Justicia nunca apareció y no me dieron la oportunidad de defenderme”, dijo.

Después de estar en prisión por un año y medio fue trasladada a la cárcel de Devoto. Allí estuvo por cuatro años hasta que fue liberada.

Gonzáles. De los dos, el hombre fue quien estuvo más claro ya que desde un principio reconoció saber sobre el ex juez.

Su cronología comenzó el 25 de octubre del ’76 cuando fue hasta la Jefatura para hablar con un amigo suyo.

De un momento a otro y sin orden alguna, un oficial se acercó y le dijo “estás detenido”. Sin mediar palabras relató que lo llevaron a una oficina y lo golpearon efectivos de la fuerza a los que denominó “una jauría de perros salvajes sedientos de sangre”.

El capitán Carlos Esteban Plá y el prisionero Juan Sarmiento, fueron otros nombres que recordó de sus días en cautiverio.

“Su objetivo era saber nombres y todo el tiempo me preguntaban por armas pero no sabía de qué hablaban”, resaltó.

La brutalidad de los actos ejecutados por los oficiales llegaba a tal extremo que ponían un colchón en su cara con el objetivo de que no se escuchen sus gritos.

La razón con la que asocia su secuestro fue porque lo asociaron como “amigo de la familia Garraza”, ya que era cercano de María y su pareja, Pedro Ledesma.

Aquí se detuvo en su relato, hizo una pausa y la emoción le ganó cuando le tocó abordar su interrogatorio con Orozco, otro policía: “Me puso un arma en la mesa y mientras hablaba sacó una foto de Ledesma tirado en el piso todo ensangrentado”.

Luego de ser llevado a la Penitenciaria local, donde nunca recibió noticias de autoridades judiciales, fue trasladado a La Plata en un avión Hércules, encadenado al piso.

Allí es donde conoció al ex magistrado, en febrero del ’77: “Pensé que iba a ser una ayuda, una mano amiga. Le conté que había sido torturado pero me respondió que ese no era el motivo de su visita, sino que era por una ‘tenencia de armas’”

También estuvo en un centro ilegal de detención de Mendoza, donde fue juzgado por un Tribunal Militar y condenado a 13 años de cárcel. Pero no fue el único sitio en el que estuvo alojado. Sierra Chica, Devoto y Rawson fueron otros destinos.

Fue liberado en el ’83.

Por: Julián Pampillón.

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