Quieren la recategorización de cinco mil trabajadores públicos que cobran $10 mil
Formaban parte del Plan de Inclusión Social. Actualmente pertenecen a la categoría F, la más baja en la grilla de la administración provincial y cobran un salario “levemente superior a la línea de indigencia”.
El Sindicato de Empleados Públicos solicitó al Gobierno provincial la recategorización de los trabajadores que ingresaron al Estado en 2003 como beneficiarios del plan social y en 2017 pasaron a la planta como personal transitorio bajo la figura de “contratados”.
Actualmente, los aproximadamente cinco mil empleados están encasillados en la categoría F, por lo cual perciben $10 mil, mientras que la inmediata, la E, cobra casi el doble, $19 mil.
El secretario General, Rubén Nemzoff en la solicitud presentada el 16 de noviembre tuvo en cuenta las “constantes declaraciones” del gobernador Alberto Rodríguez Saá en las que “manifiesta su estima hacia los trabajadores del hoy ex plan de inclusión social, y su promesa de que el mismo finalizaría cuando todos tuvieran un trabajo digno”.
Nemzoff planteó que los ex beneficiarios del PIS ahora como contratados desempeñan los mismos horarios y trabajos que “el personal de la clase E” o de categorías mayores pero con “una remuneración salarial levemente superior a la línea de la indigencia”.
A su vez, señaló que todos ellos “cumplen acabadamente con las tareas asignadas en los distintos organismos donde prestan real y efectivo servicio”.
Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos durante el primer semestre del año una familia tipo, integrada por dos adultos y dos niños, requirió un ingreso de $20.134 para no ser considerada en situación de pobreza, mientras que el mínimo para que no caer en estado de indigencia fue de $8.118.
“Creemos y sostenemos que tanto por justicia social, como por cumplimiento de los preceptos constitucionales amerita establecer que todos los trabajadores que hoy en forma precaria revistan en la categoría F sean designados en la E”, planteó el gremio.
Hace unos días, desde el sindicato se mostraron disconformes con el bono de $2 mil otorgado por el Gobierno provincial por estimarlo “absolutamente insuficiente” para atenuar la inflación debido a que “los empleados públicos están por debajo del índice de pobreza”.
El SIEP como otros sindicatos se quejaron porque Rodríguez Saá no activó la cláusula gatillo como se había comprometido a lo largo del año.