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Tercer juicio por delitos de lesa humanidad: declararon dos testigos propuestos por el ex juez Allende

Los testimonios fueron expuestos con la intención de describir el edificio del Juzgado Federal y el rol que supo tener el ex magistrado.

Vicente Ernesto Aracena y Lily Luisa Favier fueron los testigos que declararon.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 16/12/2018 17:51
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El tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico miliar entró en su recta final; tanto es así que el viernes le tomaron declaración a los últimos dos testigos.

Tal y como ha sido en las jornadas anteriores, los acusados, el ex juez Federal, Eduardo Allende (78), el ex médico de la Policía de San Luis, Jorge Omar Caram (78) y el ex teniente de la Artillería Nº 141, Alberto Eduardo Camps (70) no estuvieron en el recinto.

En la audiencia, Lily Luisa Favier (78) y Vicente Ernesto Aracena (73) se sometieron a un breve cuestionario por parte de la defensora oficial, Claudia Ibáñez.

El testimonio de Favier se centró en su experiencia como empleada del Juzgado Federal de la provincia, desde 1976 hasta 1994.

Esta declaración en especial fue utilizada para describir el edificio ubicado en la intersección de las calles Belgrano y San Martín del centro puntano, donde se encontraba el despacho de Allende.

Ese lugar cobra importancia para el desarrollo del juicio ya que colinda con la ex Jefatura de la Policía donde funcionaba el D2: el centro de detención clandestino más significativo de la ciudad.

Para el ministerio Público Fiscal, compuesto por los fiscales Cristian Rachid y Mónica Spagnuolo, la cercanía demostraría la gravedad de la “inacción” por parte de la Justicia al momento de interceder ante las víctimas.

Según señaló Favier, en relación a los edificios, “no había una conexión interna entre ellos”, ni siquiera “una puerta que los uniera”.

Por otro lado, Aracena declaró que conoce a Allende porque su padre, Samuel Aracena, compartió el estudio jurídico con el ex magistrado.

Destacó que fue representado legalmente por Allende en 1972 cuando fue juzgado por la Cámara Federal en lo Penal que se constituía en sedes policiales a lo largo del país.

Estuvo acusado del “ejercicio de la actividad política” por su militancia en la Unión Cívica Radical. Un tiempo después fue sobreseído.

“Esto lo ubica (a Allende) en una buena posición con respecto al quehacer de la Justicia”, agregó.

Al finalizar, recordó su desempeño como director de Derechos Humanos de la municipalidad de Córdoba, e indicó que durante el periodo en el que Allende fue juez “nunca tuvo contacto con él”.

Estuvieron presentes por parte de la querella y miembro de la Asociación de Permanente de Derechos Humanos (APDH), Norberto Foresti y Lilian Videla en representación del organismo.

En esta oportunidad no asistieron el abogado también oficial, Reynaldo Pastor y el fiscal de Estado del Gobierno de San Luis, Eduardo Allende (hijo del ex juez). Anteriormente presenciaron todas las audiencias.

Los jueces federales Alberto Daniel Carelli, Julián Falcucci y María Paula Marisi.

Otros de los puntos que se prestó para la confusión y que en las próximas jornadas se deberá resolver, es la incorporación de cinco testimonios en juicios anteriores de testigos que ya fallecieron.

Según afirmó Ibáñez el problema radica que “no declararon en este juicio”, lo que le impide “preguntar y repreguntar”.

Esto fue refutado por la fiscalía ya que en el marco del segundo juicio “ya se resolvió” porque la Cámara de Casación “avaló la incorporación” de este tipo de declaraciones.

La siguiente instancia del debate será una nueva inspección ocular en la sede de la ex Jefatura que se realizará el próximo viernes. Anteriormente se hizo en Luján.

A esta asistirán, además de un miembro del Tribunal Oral Federal (Julián Falcucci, Alberto Daniel Carelli y María Paula Marisi), tres testigos que acompañarán el recorrido: Mirta Rosales, Juan Fernando Vergés (en los últimos años fue secretario Legislativo del Senado provincial y presidente de la Junta Electoral del PJ San Luis) y Favier.

Después, las audiencias se retomarán el 1º de febrero del 2019 con la incorporación de más pruebas para luego comenzar con los alegatos el 15 y 1º de marzo.

Estiman que finalice y se dicte una sentencia el 8 y 15 del mismo mes.

Por Julián Pampillón.

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