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La Corte Suprema emite un fallo clave sobre jubilaciones

La mayoría del tribunal se inclina por avalar al jubilado Blanco. El caso sienta un precedente para la actualización de haberes de otras 150.000 personas que iniciaron juicios. Para la Anses, está en riesgo la sustentabilidad del sistema.

La Corte Suprema fallará este martes sobre jubilaciones.
Actualizada: 16/12/2018 19:18
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La Corte Suprema dará a conocer este martes uno de los fallos más esperados por unos 150.000 jubilados con juicios por actualización de haberes y por la Casa Rosada. El tribunal definirá con qué indice debe la Anses pagar las sentencias y ajustar las remuneraciones de los adultos mayores con reclamos judiciales. Y, según supo TN.com.ar, el fallo sería a favor del jubilado.

El caso en cuestión es el de Luis Orlando Blanco, un trabajador que se jubiló en 2003 e inició por aquel tiempo el juicio por actualización de haberes. Blanco, como varios miles de jubilados, obtuvo una sentencia favorable. Ahora se discute de qué manera la Anses debe actualizar la jubilación y el pago del fallo.

El caso llegó a la Corte Suprema tras una apelación de Anses, luego de que la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social dictaminara a favor del jubilado.

Según trascendió, los votos de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Maqueda bastarían para formar la mayoría contraria a la posición del Gobierno.

Isbic o Ripte

La mayoría de las Cámaras Federales actualizan haberes de acuerdo con el índice Isbic, sigla de Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción. Siguen un criterio que la Corte impuso en 2009 con el Fallo “Ellif”, que establece un método para actualizar salarios.

El ente previsional pretende pagar el fallo y actualizar el haber de Blanco con el índice Ripte, sigla de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables. La Anses usa el Ripte -promedio de toda la masa salarial formal- para calcular haberes iniciales y efectuar el recálculo de ingresos desde la sanción de la Reparación Histórica. Y quiere liquidar las sentencias de quienes no adhirieron a la Reparación con el mismo indicador. Aduce que es más representantivo y menos volátil que el Isbic. En la mayoría de los casos, calcular la sentencia y el haber con Ripte da más bajo que hacerlo con Isbic.

El jubilado Blanco quiere cobrar con Isbic. Si bien la diferencia entre un haber actualizado con Isbic y uno indexado por Ripte varía en cada caso, los expertos previsionalistas coinciden en que el primero suele ser más beneficioso para el jubilado.

Como consignó TN.com.ar hace un mes, el abogado de Blanco, Gabriel Greizerstein, calculó que el haber de Blanco es 13 puntos más alto si se lo actualiza con Isbic que si se lo hace con Ripte. Cuando se jubiló, Blanco percibió el 41% de su salario como trabajador activo. Con Ripte pasaría a cobrar 46%. Con Isbic, el 59 por ciento. En términos monetarios, el haber ISBIC de Blanco se duplicaría.

Entre los argumentos de los jueces de primera y segunda instancia que fallaron en contra de la Anses, se lee en que la actualización con Ripte “vulnera la garantía constitucional del derecho adquirido”, ya que intenta imponer un índice de manera retroactiva: las resoluciones para pagar con Ripte datan de 2016 y son posteriores al inicio de las causas.

"Atenta contra la sustentabilidad del sistema"

Detrás del caso Blanco, advirtió el Gobierno, se encuentra la sustentabilidad del sistema previsional. El pasado 12 de noviembre, seis días después de que el presidente Mauricio Macri recibiera al titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, la Secretaría de Seguridad Social emitió una resolución en la que ratificó que las remuneraciones surgidas de sentencias deben calcularse con Ripte.

"Los ingresos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) provienen del aporte de todos los sectores, por lo que efectuar actualizaciones a los beneficios previsionales con índices sectoriales, que arrojan resultados injustificadamente superiores a los del promedio de los salarios, atenta contra la sustentabilidad del sistema", argumentó el Gobierno en esa resolución. "Ello evidencia que la utilización del ISBIC no resulta adecuada a los efectos de mantener una razonable proporción entre los ingresos activos y pasivos", argumentó.

Esa resolución no cayó bien en la Corte Suprema. El expediente Blanco ya había transitado por las vocalías de Rosenkrantz, Elena Highton, Rosatti, Lorenzetti y Maqueda. Cuentan en los pasillos judiciales que la Corte trabajaba un fallo para rechazar la legitimidad de Anses para fijar el índice de actualización de haberes. Esa era, en todo caso, facultad de la Secretaría de Seguridad Social, que finalmente emitió la norma ratificatoria. Desde entonces, los jueces comenzaron a mirarse con recelo y a sospechar que alguien filtró las discusiones internas en la Casa Rosada.

En Balcarce 50 aventuraron que un fallo a favor de Blanco implicaría para el sistema previsional un agujero de 100.000 millones de pesos. En momentos de búsqueda del equilibrio fiscal, el número parece una luz amarilla.

Sin embargo, a pocos metros de allí, en el Palacio de Hacienda, relativizaron esos cálculos. “No creo que un fallo en contra descarrile el programa fiscal”, dijo a TN.com.ar una fuente del Ministerio que conduce Nicolás Dujovne.

Los funcionarios técnicos saben que, más allá de la derrota política para el Gobierno, el pago efectivo de las sentencias con los parámetros que disponga la Corte tardará un largo tiempo.

Según el abogado previsionalista Adrián Troccoli, el efecto fiscal de un fallo a favor de Blanco se vería recién en dos o tres años. “Para el Gobierno, perder tendrá impacto recién a partir de 2021 y será mínimo, del 0,8% del gasto de Anses”, dijo.

Es que, una vez conocida la decisión de la Corte, deberá activarse la burocracia judicial y de Anses para implementar los pagos. Primero, el de Blanco. Luego, el de los 7000 expedientes análogos que se amarillean en los despachos del máximo tribunal -y que se firmarían en los próximos meses, en línea con el caso testigo-. Y, por último el de los otros 150.000 jubilados que esperan que el Gobierno deje de apelar sentencias y que la Justicia sea más ágil.

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