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Denuncian por secuestro y torturas a Javier Ontiveros, el condenado por la muerte de Fabio Bea

Los hechos ocurrieron el 21 de octubre. En este tiempo que pasó es muy poco lo que se supo sobre la investigación policial y judicial. Las víctimas son empleados suyos.

Una fiscal confirmó que hubo privación de la libertad y que se va a investigar el accionar policial.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 19/12/2018 13:18
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Inclusive alrededor del caso hay detalles que ponen en duda el correcto accionar de la Policía de la provincia y participación de sus integrantes.

Fernando García y Gustavo Rosales son dos empleados (preventistas) de Ontiveros y de su socio, Gustavo Farías. Tienen una empresa de fiambres, según se pudo confirmar.

De acuerdo al relato que fue denunciado en la Comisaría 2°, los hombres fueron golpeados y privados de la libertad por Ontiveros, los hermanos Martín y Adrián, y el socio Farías.

Pero hay un detalle que agrega un poco más de interrogantes al caso, durante la golpiza había por lo menos tres policías que hicieron recomendaciones para realizar las torturas y hasta un cuestionario de preguntas, según los trabajadores.

Las denuncias de García y Rosales se hicieron públicas esta semana en el programa Nada Secreto que conduce Mario Otero por Radio Universidad. Los damnificados están pidiendo protección, para ellos y para su familia, hizo saber el periodista.

Ontiveros es conocido porque estuvo involucrado en la muerte del joven universitario Fabio Bea, brutalmente golpeado a la salida de un boliche en 2002. La Justicia lo condenó por “homicidio simple”. La causa tuvo un gran impacto en la sociedad puntana.

El 21 de octubre, según expusieron los empleados, sus patrones los llamaron para que fueran de inmediato al comercio (ya era fuera del horario de trabajo). Aseguraron que uno de ellos (García) llegó con su hijo de seis años, pero le dijeron que lo dejara afuera. Una vez adentro comenzaron los golpes y los cuestionamientos.

De acuerdo con el mismo relato, a García le mostraron a su hijo por las cámaras de seguridad y en un momento accedieron para que llamara a su cónyugue para fuera a buscar al menor que esperaba solo en la vereda.

Por los datos que se hicieron públicos, Ontiveros tenía las sospechas de que sus empleados habían sido los responsables de robarle un millón de pesos. El día anterior había formalizado la denuncia en la Comisaría 2°. Los ladrones habían entrado a su vivienda sin violentar ninguna puerta.

Según García, a Rosales lo “sacaron a pasear en un auto y a punta de pistola lo amenazaron de que le iban a cortar los dedos y lo iban a matar”. Y a él le quitan el teléfono y se lo revisaron. Querían saber qué “habían hecho con el dinero”.

Cuando ratificaron la denuncia en la Justicia, los empleados aseguraron que cuando los tenían secuestrados en el negocio “había un tipo al que conocen como el COAR”, tal vez por la relación que tiene con esa división especial de la Policía; y que éste le decía a Ontiveros qué métodos de tortura realizar: “Métanle la bolsa que van a cantar todo”.

Inclusive las víctimas sostuvieron que después llegaron dos policías, un femenino y un masculino, que comenzaron a realizarles preguntas.

Todos esos datos fueron expuestos en la Comisaría 2°, pero a ningún efectivo responsable de la dependencia le llamó la atención. Inclusive la denuncia de Ontiveros por el robo millonario en su departamento y la tortura de los empleados, no fueron vinculadas en una misma causa. Pero tampoco lo hicieron en la Justicia.

Rosales también denunció que tiempo después fue víctima de apremios ilegales cuando lo fueron a buscar a su casa.

Esta mañana, la fiscal N° 2, Sonia Fernández de Varga dio fe de todos los detalles que se hicieron públicos, en una entrevista en Nada Secreto. Reconoció que existen las denuncias y que están certificadas las pericias médicas sobre los golpes que recibieron García y Rosales, los cuales habrán sido de importancia.

“Estamos investigando la conducta, el despliegue del comportamiento agresivo de Javier Ontiveros y de su hermano Adrián; además el hilo conductor del accionar policial. Es muy llamativo, me sorprendo del accionar tan simple de la Policía, cuando todo tiene que ser formal y expedito en tiempo y forma. Se va a investigar si no hubo incumplimiento de funcionario público”, detalló la funcionaria.

Indicó que “efectivamente hubo secuestro” además del acontecimiento agresivo, entendiéndose que se “vulneró la libertad de acción” y que por lo tanto pudieron haberse incurrido varios delitos.

Para que aporte más datos, es posible que se agregue a la causa lo que pudo ver la pareja de García cuando fue hasta el negocio a buscar a su hijo. La mujer podría dar fe de las marcas y las heridas que habían dejado los golpes.

“Es primordial el testimonio de esta señora, porque si encuentra al menor solo llorando en la puerta y escuchando los golpes que se le propinaban al padre, no es un dato menor”, puntualizó la fiscal.

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