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Inmigración en San Luis: el 30% de los trámites de radicación son de venezolanos

Una lista de 4573 personas comenzaron a regularizar su estatus dentro de la provincia durante 2018.

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Del total de los trámites de radicación realizados este año, el 30% pertenecen a venezolanos.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 23/12/2018 03:33
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Por la crisis social, económica y humanitaria por la que pasa Venezuela, más de 3 millones de personas abandonaron el país de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y Argentina es uno de los destinos solicitados.

San Luis no es la excepción ya que del total de los trámites de radicación realizados este año, el 30% pertenecen a venezolanos, según datos del departamento de Migraciones con sede en la provincia.

Este aumento comenzó desde octubre del año pasado y para los primeros dos meses, recibieron 100 solicitudes para comenzar la regularización.

Las personas oriundas de Bolivia, Perú y la comunidad menonita de México siguen en el ranking de inmigrantes en San Luis. En la oficina local del organismo no están disponibles los números por cada país.

A nivel nacional el número se extiende a 130 mil venezolanos que ingresaron en los últimos tres años, superando así a las colectividades bolivianas y paraguayas. En los primeros seis meses constituyeron un 25% del total de los inmigrantes.

“Es una cantidad importante siendo que antes no eran una mayoría. Ese lugar era ocupado por gente de otras nacionalidades como la chilena”, sostuvo el director del organismo Otoniel Pérez Miranda en declaraciones a el elchorrillero.com.

Director del departamento de Migraciones sede San Luis, Otoniel Pérez Miranda.

Control de permanencia

Con la intensión de regularizar la situación de los extranjeros, a lo largo del año realizaron 409 operativos para verificar en qué estado se mantenían.

Las inspecciones se distribuyeron entre la capital, Merlo, Villa Mercedes, Concarán, Justo Daract, Tilisarao, Unión, Nueva Galia, Potrero de los Funes y Juana Koslay.

Los procedimientos se realizaron en supermercados, comercios minoristas, galerías, restaurantes, obras en construcción, cortadros de ladrillos y fábricas.

Fruto de este trabajo se labraron 114 actas de intimación, unas 86 menos que en 2017. El factor común entre los notificados era que una gran parte trabajaba de manera irregular.

“Muchos de los controles se realizaron en comercios chinos. Particularmente les resulta más difícil tener un criterio de residencia porque deben realizan procedimientos más complejos, mientras que a los que pertenecen al Mercosur, les resulta más fácil gracias a los convenios”, indicó Pérez Miranda.

Cabe destacar que una vez que se intima al inmigrante tiene 30 días para presentarse a la oficina del organismo para cumplir con los requisitos. Caso contrario se evalúa su situación e incluso se le puede otorgar una prórroga.

Luego, se ingresa su solicitud de radicación, sea transitoria (6 o 3 meses), temporal (2 años) o permanente. De esta manera se completaría la diligencia.

Pero si no se presenta, se puede iniciar el proceso de expulsión, aunque debe pasar por una serie de instancias.

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