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Inspeccionaron el Juzgado Federal y la ex Jefatura donde una víctima reconoció que lo torturaron

La medida tuvo como objetivo corroborar la comunicación entre el Juzgado Federal y las salas de interrogatorios que funcionaban en la entonces sede central de la Policía provincial.

Realizaron una inspección en el Juzgado Federal y la ex Jefatura Central.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 23/12/2018 03:54
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El tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en San Luis durante en la última dictadura cívico militar tuvo el viernes su última actividad del año.

Consistió en una inspección ocular en el Juzgado Federal y la ex Jefatura de Policía, que alojó el D2, el centro de detención clandestino más importante.

A diferencia de las audiencias anteriores, el ex juez Federal Eduardo Allende, uno de los tres acusados estuvo presente en el recorrido que duró alrededor de una hora.  Lo acompañaron los defensores Reynaldo Pastor y Claudia Ibáñez.

Los jueces María Paula Marisi y Alberto Daniel Carelli y el dirigente Juan Vergés, que fue detenido y torturado durante la Dictadura.

El ex médico de la Policía de San Luis, Jorge Omar Caram (78) y el ex teniente de la Artillería Nº 141, Alberto Eduardo Camps (70) no participaron.

En representación del Tribunal Oral Federal que lleva adelante la causa estuvieron María Paula Marisi y Alberto Daniel Carelli.

Por parte del ministerio Público Fiscal lo hizo el fiscal Federal, Cristian Rachid y de la querella y miembro de la Asociación de Permanente de Derechos Humanos (APDH), Norberto Foresti. También asistió por la APDH, Lilian Videla

Junto a ellos estuvieron en calidad de testigos, Lily Luisa Favier, ex empleada del Juzgado (trabajó entre 1977 y 1994) propuesta por la Defensora Oficial, y una de las víctimas, Juan Fernando Vergés (en los últimos años fue funcionario en los gobiernos de Adolfo Rodríguez Saá, secretario Legislativo del Senado y presidente de la Junta Electoral del Partido Justicialista).

Realizaron una inspección ocular en el Juzgado Federal y la ex Jefatura de Policía.

La inspección comenzó por la dependencia en la que tenía su despacho Allende, ubicada en la planta baja. Una pared la separa de la ex sede policial.

El edificio del Juzgado no sufrió grandes cambios en cuanto a su estructura desde la dictadura hasta hoy. Por ejemplo, la oficina del ex magistrado era una gran oficina que se transformó en dos salas.

Hicieron otra parada en un pequeño patio interno ubicado en el extremo oeste. Allí según declaraciones de víctimas en los debates anteriores, existía una puerta que comunicaba directamente con el centro de tortura, pero en esta ocasión ni Vergés ni Favier lo pudieron confirmar.

Seguidamente se trasladaron al primer piso e hicieron un alto para constatar cómo desde una de las oficinas (la que trabajaba Favier) se podía observar la entrada (por calle Belgrano) a la ex Jefatura, donde existía un alto tráfico de personal tanto de la Policía como de las fuerzas militares.

Las instalaciones de la ex sede central de la Policía provincial fueron intervenidas para la creación del Museo Histórico de San Luis (Muhsal)

Realizaron una inspección ocular en el Juzgado Federal y la ex Jefatura de Policía.

También, de forma contigua, se encontraba el despacho del ex fiscal Federal, Hipólito Saá, cuyo enjuiciamiento fue suspendido porque padece “una enfermedad cognitiva que le impide comprender su contexto”.

En esta parte la fiscalía hizo especial hincapié porque a pasos del ingreso y mirando hacia el oeste se encontraban las salas de interrogatorios y de torturas.

Si bien visto desde afuera está totalmente remodelado, una vez adentro las habitaciones están exactamente igual y esto fue reconocido por Vergés que indició que allí fue torturado.

A su testimonio se le suma lo declarado por otras víctimas en los juicios anteriores y que serán anexados a este.

En detalle, se los detenía ilegalmente y eran llevados al D2. Luego, se los hacía firmar una declaración hecha por los mismos policías bajo tormentos, dijo Rachid.

Las salas del centro clandestino D2.

“Es inexcusable que no se haya tomado judicialmente alguna medida en la época, por lo menos para constatar las detenciones ilegales que se denunciaban”, reflexionó  en un contacto con la prensa.

En cuanto a las modificaciones que sufrió la ex Jefatura, fueron sustanciales, tanto así que solo la fachada quedó intacta. Las paredes internas y las habitaciones fueron destruidas para dar lugar al Muhsal.

Ante este escenario, la fiscalía solicitó que se pida al Archivo Histórico de San Luis los planos de las dos estructuras con la intención de “respaldar los testimonios”.

“Esto permite ver a los jueces la proximidad total que había entre el Juzgado Federal y el lugar donde se torturaban las propias víctimas. La Justicia podía advertir claramente el movimiento de presos ilegalmente detenidos que ocurría en el edificio contiguo”, afirmó Rachid.

La siguiente audiencia será el 31 de enero con la discusión final sobre las pruebas que quedarán incorporadas definitivamente. Aquí el debate girará en torno a los testimonios que no están registrados audiovisualmente pero si en actas judiciales.

La defensa adelantó que se opondrá, mientras que la fiscalía pidió que sean anexados.

Luego, se abrirá la etapa de alegatos con fechas para el 1º, 14 y 15 de febrero y se espera la asistencia de todos los acusados, menos Caram que por problemas de salud deberá hacerlo por videoconferencia.

Estiman que finalice y se dicte una sentencia el 8 y 1.

Texto, foto y video: Julián Pampillón.

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